Como ya informábamos ayer, el Defensor del Pueblo instó en un documento al Santander a llegar a un acuerdo extrajudicial con las más de 305.000 familias afectadas por la operación que terminó en la venta por un euro del Banco Popular. Esta respuesta de una institución del Estado se alinea con lo defendido por Diario16 desde hace más de 6 meses y que no pasa por otra cosa que estos cientos de miles de afectados reciban una indemnización justa, además de apuntar al principal responsable de todo lo ocurrido que no es otro que el propio Banco Santander porque, si se insta a esta entidad a llegar a un acuerdo extrajudicial justo con los afectados, es un modo de señalar su responsabilidad. Recordemos lo que afirmó el Defensor del Pueblo:
En referencia a la CNMV, el documento del Defensor del Pueblo expone la respuesta dada por la institución que supervisa los mercados, una respuesta que no se sale de las excusas dadas y que se basan, principalmente, en afirmar que todo se hizo bien con el Popular a pesar de que durante más de 6 meses el valor del banco estuvo siendo atacado constantemente por operaciones a corto dirigidas, principalmente, por Marshall Wace y por BlackRock y que llegaron a ocupar un 24% del capital bursátil del Popular. Sobre la imposición de pérdidas a los accionistas, dejando el valor de sus acciones y bonos a cero, la Comisión Nacional del Mercado de Valores responde lo siguiente al Defensor del Pueblo:
Para dar validez a el hecho de que fueran los accionistas y los bonistas los que asumieran el precio de la intervención se recurre, por tanto, a la Ley del Mercado de Valores, pero basándose en la «valoración económica negativa de la misma». ¿Qué valoración negativa se utilizó cuando, en realidad, el informe de Deloitte planteaba dos escenarios negativos? ¿Por qué no se tomó como base el escenario positivo que se planteaba en dicho informe? Claramente, esta respuesta demuestra que se adoptó la medida en base a un documento que ha sido catalogado por los especialistas como de «grosería técnica» y que no tenía ninguna profesionalidad. Esta respuesta de la CNMV es la que demuestra que se adoptó la decisión que más favorecía al Santander y que le entregaba en bandeja de plata una entidad que le generará un retorno de inversión superior al 20% y que le permitirá cumplir con los requerimientos mínimos para mantenerse como banco sistémico, algo que sin el Banco Popular no hubiera sido posible. Es la propia CNMV la que reconoce implícitamente que se adoptó la medida que más se ajustaba a las necesidades del Santander.
Por otro lado, la CNMV afirma en su respuesta al Defensor del Pueblo que realizó su labor de «supervisión e inspección del Banco Popular se ha desarrollado en todo momento de manera muy intensa, antes y después de la resolución de la entidad bancaria, con especial atención al seguimiento del banco entre 2016 y 2017».
Respecto al Ministerio de Economía de Luis de Guindos, en concreto la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, se escudan en las instituciones europeas (BCE y JUR) para afirmar que la intervención y la ruina de más de 305.000 familias fue decidida por dichas instituciones. Exactamente la misma versión que dio el ministro en su comparecencia en el Congreso de los Diputados del pasado día 16:
A pesar de todo esto, el Defensor del Pueblo es contundente al afirmar que «el control preventivo ha resultado ineficaz para garantizar la transparencia y los derechos de los inversores, puesto que no se han detectado los problemas que han llevado a la resolución del Banco Popular».
Esta valoración del Defensor del Pueblo es demoledora y certifica la responsabilidad que tuvo el Ministerio de Economía y de los órganos supervisores (Banco de España —tal y como vimos ayer— y CNMV) en la decisión de intervenir el Popular puesto que deja claro que se pudieron aplicar medidas para evitar la situación en que los movimientos de Emilio Saracho dejaron a la entidad. Hay que recordar que el propio Luis de Guindos afirmó en el Congreso de los Diputados que los últimos gestores del Popular, es decir, Emilio Saracho, centraron sus estrategias en la venta de la entidad olvidándose, en primer lugar, del plan de viabilidad aprobado por el mismo Ministerio en el que estaba prevista una ampliación de capital para el año 2.017, además de la venta de activos como el TotalBank por un precio superior al que lo ha vendido el Santander o realizar una operación de comercialización de los activos inmobiliarios por un precio muy superior al de la operación del Santander con BlackStone. Por tanto, en todo lo ocurrido por el Popular, el Defensor del Pueblo apunta a una responsabilidad directa del Ministerio de Economía de Luis de Guindos y, por extensión, al Gobierno de Mariano Rajoy.
Ante estas conclusiones y esta recomendación, ¿qué hace la Justicia española? ¿Por qué la Fiscalía Anticorrupción aún no ha entrado de oficio, ha ordenado a las Fuerzas de Seguridad del Estado realizar investigaciones o registros en las sedes del Santander y el Popular o ha solicitado al juez Andreu a que realice detenciones de los principales responsables de la operación que ha arruinado a más de 305.000 familias? ¿Por qué el juez Fernando Andreu aún no ha citado a declarar a los principales implicados en esta presunta estafa? ¿El Estado está protegiendo al Estado rompiendo con el principio de la separación de poderes?
El Defensor del Pueblo recomienda a que se inste al Santander a ofrecer una solución extrajudicial para las más de 305.000 familias arruinadas, una solución justa y a un precio justo, no las migajas que ofreció con la oferta de bonos, una recomendación que no será tenida en cuenta porque esa solución dejaría sin beneficios al Santander y peligraría su estatus de banco sistémico e, incluso, su propia supervivencia.
