Ya se va convirtiendo en tradición en las filas del PP el negar sistemáticamente la documentación de lo que sucede en los ayuntamientos a la oposición, sea esta verde, roja o morada. Un espíritu caciquil que se creía erradicado en estos tiempos de “supuesta” transparencia institucional y que parece que sigue inoculado en el intelecto de algunos y algunas representantes públicas. Esperanza Gallut y Raúl Rodríguez, representantes de Sí se puede Guadarrama han debido presentar la denuncia para que esas trazas del caciquismo carpetovetónico acaban desapareciendo de la faz política patria y de la sierra madrileña en concreto.
Una denuncia por prevaricación de tipo administrativo, o sea actuar mal a sabiendas, ante una negación constante de la información y documentación del Ayuntamiento de Guadarrama. Hasta el 20 de abril de 2018 han sido 189 las solicitudes de documentación solicitadas, de ellas 88 no se han entregado todavía, una sí y las cien restantes se entregaron fuera de plazo, lo que dificulta la actividad de los representantes de la ciudadanía. Especialmente sangrante es la no entrega de los informes de fiscalización de la Cámara de Cuentas (de 2009, 2011, 2012, 2013 y 2014) en los que se da cuenta de irregularidades en la contratación del Ayuntamiento, así como otros informes de la misma referidos a asesorías laborales o jurídicas.
Otras cuestiones, como los datos relativos a algunos procedimientos judiciales en los que está inmerso el consistorio, también son ocultados de manera sistemática y únicamente se puede encontrar alguna referencia a los mismos en determinadas actas de la Junta de Gobierno Local en las que o bien la información es inexacta o sesgada. Algo similar sucede con numerosos aspectos relativos a las áreas de Medio Ambiente, Urbanismo, Personal o Tráfico, para las que la falta de transparencia y las incertidumbres se han convertido en denominador común.
Irregularidades que se han alargado en el tiempo. Un impedimento que se realiza mediante subterfugios porque los comités de transparencia y demás mecanismos al final del camino no realizan ningún tipo de sanción, por lo que sólo cabe la vía judicial que ha sido la realizada por los demandantes. Existe, además, jurisprudencia y casos similares como el del alcalde Carboneras en Almería. Si a ello se le suma numerosas contrataciones y actos de la alcaldesa y su equipo que quedan en el limbo del conocimiento, se puede calificar como un gobierno “caciquil”, tal y como ha hecho el secretario general de Podemos Ramón Espinar. Igual de esta forma las más de 1.700 peticiones de información (sumando las originales y las reiteraciones) no se acumularán más.
Ramón Espinar, Sol Sánchez de Izquierda Unida y Ana Sabaté de Equo han acudido, junto a los diputados María Espinosa y Miguel Ongil (un verdadero experto en transparencia) o Fran Casamayor y Carolina Alonso de la ejecutiva de Podemos para apoyar lo que es un caso más del modo de actuación del PP. Espinar ha afirmado “que desde que en 1978 se conquistase la democracia en nuestro país ya no podemos tener en los pueblos caciques y la actitud de la alcaldesa de Guadarrama es caciquil, ya que impide la labor política de la oposición e imposibilita la normalidad de la vida democrática en este municipio. La querella presentada por nuestro compañeros es un aviso a todos los regidores que se comportan como caciques para decirles que vamos a estar muy encima de su gestión para que la democracia y la transparencia sean una realidad en la sierra de Madrid. Porque la transparencia es la vacuna contra la corrupción y por eso vamos a pedirla siempre y en todos los municipios”.
Sol Sánchez ha insisto en lo expuesto por Espinar, calificando de un fraude a la democracia lo que se viene haciendo en ciertos Ayuntamientos como el de Guadarrama por parte de la derecha (PP y sus compinches Cs). Para la co-portavoz de Izquierda Unida sin transparencia es imposible que haya democracia y es lo que vienen a querer los gobiernos del PP, que no haya control para poder campar a sus anchas. Por ello ha recordado, bien traído, la denuncia que presentaron desde IU contra el gobierno del PP en la Comunidad de Madrid por los contratos menores. Algo que sucede también en Guadarrama.
