En un artículo anterior ya indicábamos que el principal responsable de la situación de nuestros pensionistas no es otro que el señor presidente del Gobierno, don M. Rajoy y las políticas que ha implementado desde que accedió a su cargo tras ganar las elecciones de 2.011 con una mayoría absoluta tan grande que convirtió nuestra democracia en una dictadura parlamentaria.
Todas sus políticas y las que le han impuesto desde esta Unión Europea, a las que se ha plegado sin pensar en las necesidades de su pueblo, no tienen otro objetivo que destruir el Estado del Bienestar para favorecer los intereses de las élites financieras que son las que realmente están gobernando el mundo.
La semana pasada, M. Rajoy afirmó que si se revalorizaran las pensiones por encima de la miseria del 0,25% actual el Estado español quebraría. Eso es falso, eso no es más que demagogia y propaganda neoliberal que no tiene otro fin que crear un ambiente de opinión en contra de nuestros jubilados porque, para sorpresa de muchos dirigentes «populares», han sido aquéllos quienes han decidido levantarse y llenar las calles para reclamar lo que es justo.
A M. Rajoy le gusta mucho cubrir su incapacidad política con cataratas de datos y con datos le vamos a demostrar que sus políticas son las causantes de la situación actual de los pensionistas y cómo, si se siguen aplicando esas políticas, nuestros jubilados continuarán siendo masacrados por el neoliberalismo del Partido Popular y de su muleta naranja.
Un tercio de los pensionistas españoles cobra por debajo del umbral de la pobreza. En un país que, según la propaganda del PP y de los datos macroeconómicos que hacen públicos las élites financieras o las entidades supranacionales, está creciendo por encima de la media europea no es posible que un 33% de los jubilados cobren por debajo del umbral de la pobreza y un 11% por debajo de la pobreza extrema. Son datos, señor M. Rajoy.
Para garantizar las pensiones sólo hay un camino: aumentar los ingresos de la Seguridad Social y eso sólo se puede lograr, en primer lugar, extinguiendo la precariedad laboral y salarial de quienes están trabajando actualmente y, en segundo lugar, incrementando los ingresos a través de impuestos.
Al Gobierno de M. Rajoy se le llena la boca con los datos del mercado laboral, las cifras del titular que muestran un descenso del desempleo en mas de 400.000 nuevos trabajadores en el año 2.017. Sin embargo, ¿cuántos de esos nuevos empleos son dignos? En la actualidad hay un déficit de más de mil millones de horas de trabajo respecto al año 2.007 (1.024.745.000), según datos de la Contabilidad Nacional. Esto supone que se están desaprovechando 21.827 millones de base de cotización, es decir, 7.203 millones menos de recaudación para la Seguridad Social.
Este dato demuestra que la creación de empleo sobre la que se sustenta el Sistema de Pensiones no es más que una añagaza más de la propaganda del Gobierno. Mil millones de horas de trabajo menos. Otra cifra que debería hacer recapacitar es el número de contratos que es necesario firmar para poder reducir la tasa neta de desempleo. En 2.017 fueron necesarios más de 20 millones de contratos para lograr la pírrica cifra de la que presumen en el PP. Si a todo esto sumamos los salarios que se están pagando, los falsos autónomos que provocan que las empresas no paguen las cotizaciones a la Seguridad Social que les corresponderían y que se les paguen salarios por debajo de convenio, los contratos a tiempo parcial involuntario que suponen el 60% del total, etc., nos da un escenario por el que se demuestra que hay una intención evidente de destruir el sistema de pensiones para que las élites financieras puedan entrar en un nicho de negocio que en nuestro país está virgen: los planes de pensiones privados que gestionarían los grandes bancos, las grandes aseguradoras y las grandes multinacionales.
El segundo punto sobre el que financiar las pensiones está en la recaudación vía impuestos. No se trata, como afirman desde el Partido Popular y desde su muleta naranja, de incrementar los impuestos sino de que cada cual pague lo que le corresponde. Los datos de economía sumergida en nuestro país son escandalosos porque suponen un 27% de nuestro PIB: 280.000 millones de euros de los que un 70% está provocado por las grandes fortunas y las grandes empresas, es decir, 196.000 millones de euros que cada año dejan de percibir nuestras arcas públicas, una cifra que supera con creces el coste total de las pensiones, en concreto, un 56,47%. No es normal que grandes empresas que facturan miles de millones de euros paguen menos impuestos que un autónomo, una Pyme o un trabajador por cuenta ajena o que su Impuesto de Sociedades tenga un resultado negativo, tal y como ocurre con algunas sociedades del IBEX 35. Insistimos: no se trata de pagar más, sino de aportar a las arcas del Estado lo que les corresponde, es decir, cumplir con la ley.
Por otro lado, tenemos el coste de los casos de corrupción en España que cubriría el 82% del gasto total en pensiones. La corrupción cuesta a los españoles 90.000 millones de euros al año.
El Gobierno de M. Rajoy está devolviendo quina a la lealtad de sus votantes. Son millones de pensionistas los que votan en favor del Partido Popular con la esperanza de que un partido conservador les garantice sus pensiones. Sin embargo, se han encontrado con la deslealtad de anteponer los intereses de las élites a las de sus propios votantes. El ejemplo lo hemos visto en el Caso Banco Popular, cuando se ha permitido que más de 305.000 familias queden absolutamente arruinadas para rescatar al Banco Santander. Más del 70% de esas familias son pensionistas y jubilados y M. Rajoy y Luis de Guindos no dudaron en permitir una operación absolutamente diabólica, con el beneplácito de Europa, que no tenía otro fin que evitar la quiebra de una entidad privada, de una de las principales élites del país, tanto financiera como familiar. El Santander, además, se ha beneficiado de reducciones fiscales por valor de 5.000 millones de euros, una cantidad que sale de las arcas del Estado y que mejora los balances de la entidad cántabra a la hora de cumplir con los requisitos TLAC para continuar como Banco Sistémico Global. Si a todo eso le sumamos lo que ha ganado con la venta de los activos inmobiliarios del Popular (10.000 millones de euros) y lo que le aportará a sus cuentas en el corto plazo (43.000 millones), además de los miles de millones de la actividad comercial, tenemos una cantidad cercana a los 100.000 millones anuales por los que, además, pagará un porcentaje impositivo pírrico, cuando no negativo.
Hay otros gastos superfluos como las dietas y los viajes de los eurodiputados, el rescate de las autopistas, los pagos y las desviaciones presupuestarias a Florentino Pérez, el rescate bancario, el rescate al Banco de Santander o los nuevos casos de corrupción, que, sumados a lo anterior garantizarían unas subidas dignas de las pensiones, es decir, más de un 5%, durante más de 48 años, además de garantizar nuestro sistema público de pensiones para las generaciones futuras que son víctimas de las políticas neoliberales.
El Gobierno sí que tiene dinero para mantener las pensiones, lo que ocurre es que no quiere ponerlo a disposición del pueblo español porque atentaría contra sus propias políticas basadas en satisfacer las necesidades de las élites que se están enriqueciendo cada día más gracias a la complicidad del Partido Popular y de su «muleta» naranja.
