Madrugada de sábado. V.F., una mujer brasileña de 47 años, acude junto a su marido a una discoteca de A Coruña. Quieren comprobar por sí mismos si es cierto que en ese local no dejan pasar a extranjeros. Horas antes G., la hija de la pareja, había intentado entrar en la sala de fiestas sin conseguirlo, ya que los encargados de seguridad le habían denegado el acceso no solo a ella sino a unos amigos que la acompañaban. Todos los jóvenes del grupo, menos uno de nacionalidad española al que sí se le permitió la entrada, tuvieron que quedarse fuera del recinto. Cuando V.F. y su marido intentaron acceder al local para ver si era cierto que los responsables de la sala habían aplicado el derecho de admisión por raza a su hija, los encargados de seguridad les cerraron el paso.
–¿Por qué no podemos pasar? –preguntó V.F.
–Porque a mí no me da la gana –respondió el empleado del local.
La familia se consideró víctima de una persecución racista y decidió poner una queja en la Oficina de Consumo. Sin embargo, finalmente no llevaron el asunto a los tribunales.
Se trata de un caso más de supuesta discriminación en locales de ocio que pone al descubierto una situación cada vez más frecuente y preocupante.
En mayo del pasado año un joven senegalés acudió con sus amigos a una discoteca de Madrid para celebrar su cumpleaños pero al tratar de acceder al local no se les permitió la entrada. Nadie les dio explicación alguna. Los siete jóvenes presentaron una denuncia en el Juzgado de Instrucción de Plaza de Castilla por un posible delito de discriminación, según informó en su día la plataforma Es racismo.
Frente a esta situación claramente racista los propietarios de los locales se defienden argumentando que les asiste por ley el derecho de admisión de los clientes. En marzo de este año una sentencia declaró probado que a J. se le denegó la entrada a una discoteca de Barcelona en otro acto claramente xenófobo. “No queremos marroquíes”, le espetaron a las puertas del local. Sin embargo, el juzgado terminó absolviendo a los denunciados al considerar que no había pruebas concluyentes de que el demostrado acto racista “fuera obra de los hoy acusados”.
El último caso registrado se produjo en una discoteca de La Manga (Murcia) el pasado mes de junio. Aquella noche la dirección del local vetó la entrada a cuatro jóvenes de origen marroquí que celebraban su graduación. “Teníamos la entrada comprada con bastante antelación; de hecho, nos la vendieron cerca de nuestro instituto”, explicó uno de los chicos a los que no dejaron pasar.
El caso de la muchacha brasileña de A Coruña, y otros tantos, fueron denunciados en el informe de SOS Racismo correspondiente al pasado año. Esta oenegé se ha empeñado en demostrar que en España el derecho de admisión a un local solo es un pretexto que esconde actitudes racistas contra los extranjeros. Y va camino de conseguirlo. El citado informe recoge datos sobre 28 discotecas y bares de cinco ciudades españolas y arroja un dato preocupante: el 37 por ciento de los locales sometidos al test discrimina a la clientela por su raza. En esos establecimientos “a los negros, magrebíes, latinos y gitanos no se les permite la entrada o se les cobra un precio superior en taquilla para que no vuelvan”, asegura la oenegé.
Aquel estudio llevado a cabo en el año 2014 sirvió para demostrar que la sociedad española ni es tan tolerante con el extranjero como se dice ni está tan a salvo de padecer el cáncer de la xenofobia que se extiende por toda Europa. El informe, que fue financiado con fondos del Ministerio de Empleo y el Fondo Europeo para la Integración, se llevó a cabo en locales nocturnos de A Coruña, San Sebastián, Zaragoza, Barcelona y Madrid. En cada una de estas ciudades cuatro parejas de rasgos raciales distintos y “vestidos siguiendo los mismos estándares” intentaron entrar en una serie de locales elegidos de antemano. Curiosamente, los motivos que daban esos locales que se acogían al derecho de admisión para no aceptar a los clientes de otras razas eran muy similares en todos los casos, como no disponer de una supuesta invitación previa o no figurar en una lista confeccionada con anterioridad.
En las discotecas de A Coruña y San Sebastián pusieron la excusa de que se estaba celebrando una fiesta privada a la que no podían pasar los chicos de rasgos no europeos, aunque sí la pareja blanca, que podía acceder sin problemas. Por su parte, en locales de Zaragoza se exigió pagar el importe de una entrada solo a las “parejas de perfil extranjero” y en dos locales de Barcelona se les pidió una “invitación previa”. La oenegé SOS Racismo considera probado que “la discriminación por motivos raciales o étnicos es una realidad que en muchas ocasiones se encuentra oculta bajo el uso abusivo del derecho de admisión” y exige a las administraciones locales y autonómicas que tomen cartas en el asunto para frenar la discriminación.
