En el Ejército español parece que se protege el acoso sexual, género y profesional. Según descubre el Gobierno, tomando los datos del Tribunal Militar Central, entre 2004 y 2015 hubo en las Fuerzas Armadas “174 denuncias relacionadas con acoso” de las que sólo 22 “concluyeron con sentencia condenatoria”, es decir, apenas el 13%. Así de claro lo deja el gobierno por escrito en respuesta a la pregunta parlamentaria que planteó en febrero la diputada y portavoz parlamentaria de Izquierda Unida en temas de igualdad, Eva García Sempere, junto a la también parlamentaria en el mismo grupo confederal de Unidos Podemos, Tania Sánchez.
Ambas diputadas se interesaron hace más de tres meses por el contenido del estudio específico sobre la situación de las medidas de prevención, formación y apoyo a las víctimas de acoso sexual, laboral y profesional en las Fuerzas Armadas realizado por el Observatorio de la Vida Militar (OVM) en el que, según la opinión de las parlamentarias, “se reflejaban algunos datos preocupantes al respecto de la situación del acoso y la agresión sexual en el Ejército”. Este motivo las llevó a preguntar al Gobierno por la “valoración” que le merecía este informe y si tenía pensado tomar “alguna medida” para hacer frente a “este bajo índice de sentencias”, entre otras cuestiones.
Frente a ello, el Ejecutivo expone en su respuesta que “consultado” este estudio del OVM lo que aparece textualmente en él (págs. 36 y 37) es que “…El Tribunal Militar Central pudo identificar, entre los años 2004 a 2015, y referidos a las Fuerzas Armadas, 174 denuncias relacionadas con acoso, de las cuales 110 fueron archivadas, 7 remitidas a la autoridad disciplinaria, 11 resultaron inhibidas a otros órganos y finalmente 46 fueron consideradas de naturaleza penal (…)”. De esos 46 procedimientos penales abiertos, 11 de ellos fueron objeto de sobreseimiento, 13 terminaron en sentencia absolutoria y 22 concluyeron con sentencia condenatoria: 12 por acoso sexual, 1 por acoso por razón de sexo o género y 9 por acoso profesional.
Frente a la pregunta de si considera el Gobierno “que el mecanismo de denuncia por vía de la cadena de mando militar está desactivando la denuncia de casos”, el Ejecutivo explica que “la víctima tiene diferentes canales para presentar la denuncia, siendo una opción de la misma la vía elegida (el conducto reglamentario es sólo una de las seis vías y es una opción voluntaria)”. A continuación detalla que estas seis vías son: “directamente ante el juez togado militar, directamente ante la Fiscalía jurídico militar, directamente ante la jurisdicción ordinaria, directamente ante las Unidades de Protección frente al Acoso (UPA), directamente a la autoridad con competencia sancionadora (JEME) sin necesidad de observar el conducto reglamentario y ante su jefe de unidad”.
Las diputadas García Sempere y Sánchez se interesan también sobre “cuántas Unidades de Protección frente al Acoso se han puesto en marcha”, a lo que el Ejecutivo indica que se han creado 8 unidades (UPA) distribuidas de la siguiente forma: en el Órgano Central, dependiente de la División de Apoyo al Personal de la Dirección General de Personal para el personal destinado en aquél; en el Estado Mayor de la Defensa, dependiente de la Jefatura de Recursos Humanos del mismo; en el Ejército de Tierra, Armada y Ejército del Aire, incardinadas en los Mandos o Jefatura de Personal de los ejércitos; en cada uno de los organismos autónomos dependientes del Ministerio de Defensa: Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) e Instituto de la Vivienda y Equipamiento de la Defensa (INVIED).
El Gobierno no entra en detalles sobre “qué cuantía presupuestaria se ha invertido” para poner en marcha las medidas contra el acoso en las Fuerzas Armadas, ni sobre “cuántas personas están trabajando en el conjunto de las Unidades de Protección puestas en marcha”. Sobre el primer asunto se limita a señalar que las medidas contra el acoso “son atendidas con las disponibilidades presupuestarias existentes en cada ejercicio dentro del Presupuesto de Gastos del Ministerio de Defensa”. En relación al personal, el Ejecutivo afirma de forma genérica que “además del jefe de unidad, personal militar de las diferentes escalas y personal del Cuerpo Jurídico Militar y Cuerpo Militar de Sanidad (médico y psicólogo), las UPA contarán con el personal de apoyo administrativo necesario para el desarrollo de sus funciones mediante las respectivas relaciones de puestos militares y relaciones de puestos de trabajo”.
Una vez más se demuestra que el Ejército español vive al margen de la legalidad que afecta a toda la ciudadanía. Como sucede con los dos miembros de “la Manada” que estuvieron a cuerpo de rey en la prisión militar de Alcalá Meco y siguen percibiendo un 75% de su salario, sin haber sido suspendidos temporalmente hasta sentencia en firme de empleo y sueldo. En esta ocasión las denuncias de IU y Podemos demuestran que el acoso (en sus diversas variantes) parece que no es un delito que los jueces militares tomen muy en serio.
