Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guardia Civil encargado de la operación policial durante el 1-O, ha asegurado en su declaración como testigo por el juicio del ‘procés’ que se lleva a cabo en el Tribunal Supremo que “no hubo ninguna carga policial” aquel día y que la Benemérita siempre mantuvo una “actuación exquisita y proporcionada”. Además, declaró que “nunca hubo una intervención contra los votantes; ni contra abuelos, ni contra niños, ni contra personas con discapacidad”.
Toda la declaración del mando militar ha ido encaminada a tratar de demostrar que los Mossos d’Esquadra, con el mayor Josep Lluís Trapero al mando, no hicieron nada por impedir la celebración del referéndum de autodeterminación. “El diseño del dispositivo policial de los Mossos para el 1-O fue una estafa. Estaba destinado a facilitar el desarrollo de la consulta en lugar de impedirlo”, sentenció con rotundidad. Incluso hubo policías autonómicos que animaron a los manifestantes a “sentarse en el suelo” para efectuar “resistencia” a la policía judicial. “Hubo situaciones de violencia muy graves. Me acuerdo de un guardia civil en el suelo recibiendo una patada en la cabeza”, insiste Pérez de los Cobos.
El coronel fue el hombre elegido por el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, por la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y en última instancia por Mariano Rajoy para solucionar un problema político que se había ido de las manos debido a la pasividad del presidente y a su pertinaz negativa a negociar con Carles Puigdemont. Cuando el choque de trenes era ya inevitable, el Ejecutivo del PP no vio más solución que autorizar el despliegue de 6.000 efectivos policiales. Hasta ahí llegó la supervisión y el control gubernamental. En ese momento los agentes de la ley se encargaron de la crisis. Y así terminó la cosa: porrazos, golpes, cargas, heridos. La prueba de que un agente de la autoridad nunca puede resolver un problema político es que Pérez de los Cobos ha declarado ante los magistrados que “no sabe cómo se podría haber evitado” el 1-O.
Pero la clave de la declaración del coronel de la Guardia Civil está en su relato sobre la supuesta violencia y coacciones que ejercieron los manifestantes y sobre la actuación de los Mossos d’Esquadra. “La agresividad se llevó a cabo contra las fuerzas de seguridad del Estado, que eran las que velaban por el cumplimiento de las órdenes judiciales”, manifestó. “Había individuos que alertaban de la llegada de la Guardia Civil. Cuando se les identificaba resulta que eran mossos”, agregó, al tiempo que reveló que “en determinados colegios colocaron a niños y a personas mayores como escudo y parapeto para sus acciones”.
Esta hostilidad se extendió hasta las casernas de la Guardia Civil y las comisarías de policía, prosigue Pérez de los Cobos. “En algunos centros vimos a Mossos sujetar urnas mientras los ciudadanos votaban. La actividad generalizada por los Mossos fue de pasividad, menos en 10 u 11 casos, donde intentaron obstruir directamente la acción de la policía”.
Según el coronel, de los 99 locales cerrados por los Mossos, el 80% estaban en municipios pequeños, donde solo había una mesa y donde no solo ya se había votado, sino donde había más votos que censo. Durante ese día y las jornadas previas hubo numerosas llamadas a través de las redes sociales para concentrase y defender el referéndum. Cuando Puigdemont hizo un llamamiento a proteger las urnas, la virulencia de algunas personas aumentó en grado y forma.
Hubo menos actuaciones policiales por la tarde que durante la mañana, “pero esto ya estaba planeado”, según coronel, que aportó un dato importante: “En ningún momento hubo ninguna orden por parte de nadie para que dejásemos de actuar”. Es decir, ni Rajoy, ni Sáenz de Santamaría, ni Zoido intervinieron en ningún momento de la jornada, por lo que se deduce que dieron luz verde a la Guardia Civil para que tomara las decisiones oportunas durante la crisis.
“Vimos personas encapuchadas que se encargaban de intentar evitar la función de la policía con la mayor contundencia posible. Dentro de las ‘murallas humanas’ había jerarquía entre ellos. Había quienes mandaban y quienes ejecutaban”, incide.
Sin duda, quien sale peor parado de la declaración de Pérez de los Cobos es el jefe de los Mossos d’Esquadra. “Recuerdo una frase de Trapero; cada uno será responsable de sus actos. Mi sorpresa fue la de ver a Trapero en la Junta de Seguridad, cuando no le correspondía estar allí. Puigdemont transmitió que el objeto de la reunión era acordar la actuación de la policía judicial para garantizar la convivencia ciudadana tal y como la magistrada apuntaba en su auto. La junta de seguridad fue kafkiana. Siendo como es paritaria, la convocó el presidente de la Generalitat unilateralmente”, relató.
Según el mando de la Benemérita, el auto de la magistrada ordenaba impedir la celebración de la consulta. En primer lugar impedir la utilización de los locales para cualquier actividad encaminada a la celebración y, el día 1-O, impedir la apertura para que se produjera la votación o, en caso de apertura, ordenar su cierre. Sin embargo, en ningún momento hubo coordinación entre Mossos y fuerzas estatales. “La relación con el señor Trapero fue siempre difícil. El día 27 presentó un escrito solicitando que se revocara mi designación alegando que se estaban invadiendo las competencias de los Mossos”, alega Pérez de los Cobos.
