Las huestes fervorosas del sanchismo pueden leer casi a diario en esta columna los errores de todo tipo que vienen cometiendo desde la derecha. Da igual que sean periodistas, todólogos, políticos o empresarios, siempre se señalan sus errores, sus cuitas personales o sus carencias mínimas. Por ello es de toda justicia que cuando el presidente del Gobierno comete un error imperdonable, que en este caso se puede dividir en dos, se exponga con la misma claridad. No es de recibo que se exija una ética y una actitud democrática a la derecha, por muy cavernícola que sea, y no se haga lo mismo con el lado zurdo de la política. Los principios son aplicables a unos y a otros, más si cabe cuando el error cometido por el presidente Pedro Sánchez acaba dando la razón a la derecha, especialmente la mediática.
Vienen desde que comenzó la pandemia señalando desde las columnas de la derecha que el gobierno de coalición tiene unas querencias autoritarias que se pueden observar en su desprecio por los resortes constitucionales. Apegados a la doctrina de Carl Schmitt sobre la soberanía y el estado de excepción, esto no lo dice así la gran mayoría de los columnistas que poco o nada sabrá del tema, están llevando la soberanía desde el parlamento hacia el palacio de la Moncloa. Señalan que, más allá de confinamientos y demás consecuencias sanitarias –excepto amargados como Juan Carlos Girauta-, la actitud de Sánchez es intentar evitar cualquier tipo de control sobre sus acciones, subvirtiendo de esta forma las mínimas reglas constitucionales y democráticas.
Véanse las palabras de un día antes de la celebración del pleno en el parlamento de un pensador inteligente –no esos todólogos que pululan por ahí- como Jorge Vilches en su artículo Golpe al parlamentarismo: “La deriva autoritaria continúa. A la colonización del Estado, al jaque al Rey y al deseo de anulación de la independencia del Poder Judicial, se une el golpe al parlamentarismo. A Sánchez le molestan las instituciones democráticas, los contrapesos, el control, y los está laminando. […] El proyecto de declarar el estado de alarma durante seis meses supone habilitar al Gobierno como legislador a través de los decretos-leyes, sin que haya control judicial ni parlamentario. De esta manera, las decisiones de Sánchez e Iglesias solo se someterán al control del Tribunal Constitucional, cuyos tiempos no son de este mundo”. Les puede parecer exagerado porque, seguramente, la mayoría de ustedes pueden pensar que eso no está en la cabeza del presidente, pero… véase otro párrafo.
“La maniobra del Gobierno, la prolongación injustificada del estado de alarma durante seis meses, transformaría los conceptos de representación, legitimidad y decisión política que arman el parlamentarismo. La representación del pueblo español dejaría de estar realmente en las Cortes durante un tiempo en el que el Gobierno se dedicaría a dictar a través de decretos-leyes” acaba señalando Vilches. Ante estas palabras cabría defender que, más allá del lapso temporal –exagerado aunque el portavoz del PP se quedase corto con sólo un mes-, en el mismo decreto del estado de alarma se podría legislar que ciertas actividades institucionales persistirían y que la excepción sólo aplicaría a medidas sanitarias. Algo que no aparece en el decreto y que puede dar pie a la derecha inteligente y no tanto a tener razón con su alarma racional. Pero esto, siendo importante, no lo es tanto como lo que ha dicho el presidente en el parlamento y de lo que se ha regodeado sin percatarse en el error.
Para convencer a Pablo Casado, ya que el apoyo del principal partido de la oposición parece sumamente necesario en este período de excepcionalidad, Sánchez le ha presentado la propuesta de que, al pasar tres meses, podría quitarse el estado de alarma mediante una reunión del Consejo interterritorial del sistema nacional de salud de España. Un organismo ad hoc para cuestiones sanitarias pero que en ningún modo puede, ni debe ejercer de cuerpo soberano. Es más su función no es decisoria sino consultiva y son otras instituciones las que, haciendo caso o no, acaban por actuar. Con esta acción Sánchez estaba quitando la soberanía al parlamento para dársela a un órgano consultivo. Estaba esquilmando el control democrático, el debate entre representantes del pueblo y la capacidad de decisión a los órganos constitucionales que existen para ello. Como apuntaba el artículo de Vilches acaba con la representación, el control y la decisión legítimos. Asume el control él directamente como presidente del Gobierno, cargo que no es directo sino derivado de la decisión del parlamento cabe recordar.
¿En qué momento se le ocurrió a Sánchez dar la razón a la derecha actuando contra los mínimos principios democráticos? A ningún presidente de gobierno, de comunidad o alcalde le gusta tener que pasar por el control democrático. Asumen que les han elegido a ellos, de forma individualizada –algo que no es cierto pues se votan listas de partido-, y por lo tanto su legitimidad está por encima de partidos (al suyo lo suelen tener asfixiado en lo interno) y de instituciones. Esto ocurre en cualquier tipo de partido. No les gusta la réplica o que les quiten la razón. Sin embargo eso no empece para que estén obligados a aceptar las reglas del juego democrático sobre las que se sustenta el sistema. Pero de ahí a que el propio presidente acabe por lanzar una propuesta que conculca los principios democráticos hay un trecho.
Se supone, por la cantidad de personas que trabajan a destajo en Moncloa, que existen numerosos asesores, gentes con mente lúcida –no sólo amiguetes de partido- y capaces de analizar con anterioridad lo que el presidente va a decir en el parlamento. Más cuando es una propuesta que se lleva apuntada para sacarla en el debate. Pero no han sido capaces ni de eso, ni de prever algo tan sencillo como que las propuestas deban encajar con el andamiaje constitucional. Iván Redondo, el camarlengo monclovita, está demostrando que de sentimientos puede saber pero de los fundamentos mínimos de la política no. Piensa que está en EEUU o en una serie de televisión y se muestra incapaz de pensar algo que sea medianamente acorde y que evite estigmatizar al presidente. Al menos más de lo que es costumbre en la caverna mediática. Lleva en los últimos tiempos numerosos errores que nadie se atreve a señalarle. Desde el PSOE porque el partido ha dejado de existir y quienes están al mando son pusilánimes que no quieren perder el cargo. Pero no es el único culpable.
Félix Bolaños, secretario general de la presidencia, y persona de la total confianza del presidente tampoco se ha percatado del error manifiesto. Bien es cierto que habiendo sido el creador del reglamento del PSOE, en ese mismo donde la libertad –especialmente la de expresión- queda en entredicho como ya se explicó en estas páginas, esas cosas le deben dar igual. Ya tuvo su momento de gloria sacando al dictador de su panteón y con eso parece que le basta. Ahora a dedicarse a las cosas de la Unión Europea y lo económico que es lo que les gusta. Tampoco Iván García Yustos ha tenido la vista de hacerle ver al presidente que estaba mandando la soberanía del parlamento. Igual recordaba sus tiempos en las Juventudes Socialistas, cuando conoció a Sánchez que estaba en los renovadores de la base de José Luis Balbás, en los que hacía y deshacía a su antojo sin respetar los procedimientos democráticos. El caso es que ninguno ha sido capaz de ver el error de acabar legitimando el discurso de la oposición al gobierno.
Es de primero de asesor político, o de persona con sentido común, que también vale, el no provocar que el asesorado acabe cumpliendo las profecías y maledicencias de los contrarios. O lo que es lo mismo, legitimar a la oposición haciendo justamente lo que te critican que haces y que es contrario a los principios políticos y sociales. El estado de alarma, se pongan como se pongan en Moncloa, sólo puede ser prorrogado o anulado por el Congreso de los Diputados en decisión de ese órgano. Nada de consejos, presidentes comunitarios o el sursum corda: el parlamento como máximo depositario de la soberanía nacional. Evidentemente pueden decir que tras escuchar al Consejo sería el parlamento el que cancelaría el estado de alarma, pero no es así como funcionan las instituciones. Independientemente de lo que digan los consejeros de sanidad de las distintas comunidades, es el parlamento el que decide de forma autónoma y, por ende, soberana. Y que esto, algo que es básico, que es lo mínimo para manejarse en política, no lo haya sabido ver la miríada de asesores que trabajan en Moncloa es grave. Como grave es no haber advertido a ministras y ministros que acudiesen a la fiestuqui de Pedro J. Los principios democráticos se deben respetar, así no gusten o resulten molestos. Y la ética, tratándose de la izquierda, es mucho más exigente. Esos tics autoritarios no son buenos y por eso cabe denunciarlos para que no se vuelvan a producir. No son fantasmagorías de columnistas intentando tergiversar la realidad, como se ha denunciado aquí en infinidad de ocasiones. No son errores intelectuales de personajes que acceden a la prensa carentes de lecturas. Estos son hechos graves de fundamentación política y democrática que se supone no se deberían cometer. ¿Pasará algo? Nada porque el camarlengo monclovita sigue en su serie televisiva donde todo es perfecto y mágico, el problema es que todo esto acaba repercutiendo en las personas y en el sistema democrático. Luego se asustarán cuando surjan los monstruos…
