En estos días el Santander ha realizado una serie de declaraciones en las que hablaban de la «dudosa ética» de Andrea Orcel. ¿El banco presidido por Ana Patricia Botín hablando de ética? ¿Acaso no son conscientes de los actos que han cometido o que cometen y que muestran cómo la ética no se encuentra en su libro de estilo?
A través de un comunicado, el Santander afirmó lo siguiente: «Según ha conocido el banco por la demanda, el Sr. Orcel comenzó el 12 de enero de 2019 a grabar conversaciones privadas sin consentimiento ni conocimiento de sus interlocutores, una práctica de dudosa calidad ética y moral para alguien que pretendía desempeñar el puesto de consejero delegado de Banco Santander, lo que viene a confirmar que la decisión adoptada por el consejo fue la adecuada».
Antes de hablar de «dudosa ética» de Orcel —hombre del que nosotros no tenemos conocimiento de su grado de moralidad, a pesar de que en sus círculos profesionales le valoran, por lo menos, con el mínimo de ética que se espera de un bancario. Por lo que se le acusa al señor Orcel no debe considerarse la ética como elemento de valoración por la forma de actuar del Santander y todo lo que se haga es poco— el Santander debería haber analizado sus acciones del presente y del pasado.
Sólo haciendo un repaso a la historia reciente del banco cántabro, como se puede comprobar en los hechos publicados en este medio en el día de ayer por nuestro compañero José Antonio Gómez, vemos cómo el Santander no está legitimado para utilizar siquiera la palabra ética.
No es muy ético el Caso Banco Popular, en el que, según diferentes demandas interpuestas en los juzgados y la documentación publicada en estas páginas en los artículos de Esteban P. Cano, el Santander se está enriqueciendo, presuntamente, de manera ilícita tras hacerse con la compra por un euro de la sexta entidad financiera del país. Sin entrar en profundidades, sólo hay que recordar cómo dos semanas antes de la intervención ya existía un plan —el Proyecto Neptuno— en el que se aprobó la compra del Popular en un proceso de resolución, o cómo diez días antes ya estaban negociando con BlackStone y Lone Star la venta del patrimonio inmobiliario del banco. ¿Esto es ético? Lo hubiera sido si el Santander hubiese devuelto motu proprio el dinero que perdieron más de 305.000 familias tras comprar la entidad por un euro o si no hubiese exigido que la resolución se hiciese a través de un bail in que cargaba todo el peso en los pequeños accionistas.
Tampoco es muy ético el control que tiene de la Justicia para poder sostener su impunidad ante los tribunales. El Santander ha tejido una red de influencias, propiciada por los lobbies jurídicos que controla, que hace imposible que en España la Justicia actúe contra ellos. La contratación de abogados del Estado, algunos de ellos en el Consejo de Administración, la influencia en las más altas instancias judiciales, como ocurre, presuntamente, por ejemplo, con la esposa del director general de Comunicación y vicepresidente de Santander España que en la actualidad, en pleno Caso Banco Popular, ocupa el cargo de Directora del Gabinete del presidente del Consejo General del Poder Judicial.
¿Fue ética la operación por la cual el Santander compensó a un importante empresario de Granada por sus pérdidas en la compra de Sovereign Bank con un ingente paquete de acciones que no pudieron «colocar» en la ampliación de capital de 2.008? Esta operación se hizo en perjuicio del resto de accionistas del banco cántabro y en beneficio de un empresario.
La ética no existe cuando se producen escándalos de puertas giratorias protagonizadas por jueces y fiscales que han tenido una participación directa en causas muy importantes en contra del Santander, como es el caso del ex juez Javier Gómez Bermúdez, por ejemplo, quien, tras ser el ponente de la «Doctrina Botín», abandonó la carrera judicial para incorporarse a un bufete en el que lleva casos del Santander. Tampoco es desdeñable el caso de Baltasar Garzón quien, tras volver de Estados Unidos con unos cursos financiados por la entidad cántabra, archivó la querella de Rafael Pérez Escolar por el fraude multimillonario a Hacienda en la compra de Banesto. Sin embargo, la lista de escándalos judiciales protagonizados por el Banco Santander o por la familia Botín parece no tener límite. Y, ¿cómo olvidar la actuación del juez Fernando Andreu al archivar el caso de los 2.000 millones ocultos en Suiza y que, posteriormente, realizó una instrucción del Caso Popular que fue catalogada por algunos juristas como de «inexistente»?
Ante esta situación, es normal que Andrea Orcel grabara conversaciones. En realidad, es un acto de defensa propia, como él mismo ha afirmado. Por otro lado, los argumentos con los que el Santander pretende desprestigiar al banquero italiano, tienen muy poco peso. Tal y como adelantó Diario16, la demanda de Orcel deja claro que los motivos de la resolución del contrato fueron por una cuestión de competencias, no económicas.
Además, ¿cómo pueden hablar de «dudosa ética» de Orcel cuando grabó un vídeo al banquero italiano en el que este acepta la decisión? Según ha publicado El Mundo, ese vídeo se hizo con el consentimiento de Orcel. Sin embargo, el italiano afirma que la pretensión de esa grabación era presentar su no fichaje como de mutuo acuerdo para no tener que indemnizarlo.
Además, tampoco fueron muy éticas las ofertas alternativas que, según ha publicado El Confidencial, la presidenta del Santander le hizo a Orcel y que éste no aceptó. «Tengo empresas en España donde te puedo poner de CEO mañana o de presidente. Son empresas cotizadas inmobiliarias, o sea, eso no puede estar dentro del, o sea, tengo muchas opciones para poder compensarte en cosas que además puedes hacer», le dijo Ana Patricia Botín a Andrea Orcel, según consta en la demanda. Es como si el país fuese suyo. Las amenazas a UBS para que cubriese parte del coste de los derechos de Orcel son inmorales: «o lo pagas o dejas de trabajar con Santander». Por otro lado, al italiano se le llegó a ofrecer la gestión de un fondo 2.000 millones para que se quedara con las comisiones con el fin de que no demandara al banco.
Este comportamiento no es raro en el Santander. No en vano ha utilizado a personas como Miguel Zorita en Duro Felguera, a Emilio Saracho en el Banco Popular para manejar o manipular empresas. ¿Qué decir de la actitud que adoptó Rodrigo Echenique con Felipe Benjumea al prometer apoyar una ampliación de capital y luego no llevar a efecto su promesa? ¿Y Javier García Carranza con Isolux? ¿Esto es ético?
¿Puede ser ético u honroso el destino de la ampliación de capital aprobada el pasado día 23 de julio o el proyecto que se está preparando en México junto al gobierno?
Por tanto, el Santander no es el indicado para hablar de ética. Podrá aducir argumentos del tipo que quiera, sin embargo, el Santander debería olvidarse de acudir a una cuestión ética porque el comportamiento de la entidad es absolutamente ajeno a la ética más esencial.
