Según una información publicada por eldiario.es diferentes asociaciones profesionales tanto de jueces como de fiscales mantienen contratos de patrocino con el Banco de Santander, un hecho que, en medio de la polémica por el comportamiento errático del Tribunal Supremo respecto a la sentencia del pago del impuesto de actos documentados de las hipotecas, cobra una relevancia mayor.
En este caso es la entidad presidida por Ana Patricia Botín, pero los patrocinios de otras grandes empresas de eventos, congresos o cursos va en contra de la ética profesional puesto que se pone aún más en duda la independencia de la Justicia, en un momento en que la ciudadanía ya da por supuesto que, en caso de duda, siempre se pondrán del lado de los poderosos. Si, además, esas élites pagan patrocinios a las asociaciones profesionales de la Justicia o eventos a los que se invita —y en algunos casos se paga caché— a jueces y fiscales, la sombra de la sospecha es demasiado oscura.
Según la información de eldiario.es, cuatro asociaciones de jueces y una de fiscales están patrocinadas por el Santander, aunque éstas afirman que el dinero que reciben de la entidad presidida por Ana Patricia Botín es muy poco o que se dedican para actividades formativas. Sin embargo, la Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales creen que el hecho de que existan este tipo de patrocinios puede provocar una imagen distorsionada de los profesionales de la Justicia. Por eso están solicitando que se asuma un compromiso ético a todas las asociaciones profesionales para que se rechace cualquier tipo de subvención o patrocinio de entidades privadas.
La presencia de empresas del Ibex35 como patrocinadores de estas asociaciones no hace más que levantar más la sospecha de que la Justicia española, no sólo no es independiente y libre, sino que está sometida a los intereses de las dictaduras privadas del capital.
Casos como el escándalo de la sentencia de las hipotecas ha provocado que la ciudadanía se plante ya de una vez ante un volumen de sentencias que favorecen, en este sentido a la banca. Causas como la del Banco Popular, en la que han tenido que ser los tribunales de Estados Unidos los que determinen aspectos que deberían haber sido dictaminados en España, generan alarma social y consiguen que la gente normal se lo piense a la hora de litigar contra estas grandes empresas. En España hay juzgados que, por ejemplo, archivan todos los procedimientos que afectan al Banco Santander; hemos visto cómo se han creado doctrinas legales para salvar a Emilio Botín; nuestros tribunales han archivado casos donde se deberían haber juzgado presuntos delitos contra la Hacienda Pública que afectaban a la familia Botín y al Santander…, y un largo etcétera. Si los jueces y fiscales pertenecen a asociaciones patrocinadas por el banco cántabro la ciudadanía enseguida relaciona los hechos y saca la conclusión de que ese dinero —mucho o poco, eso da igual— no es más que una inversión de cara a los litigios de los abusos de la banca.
El dinero lo compra todo y en una etapa histórica en la que el mundo está gobernado por las élites económicas y financieras una democracia no se puede permitir que el tercer poder sea sospechoso de quebrar su independencia y libertad por treinta monedas de plata.
