Lo venimos anunciando en estas mismas páginas desde hace meses, es un clamor extendido por toda la geografía española la necesidad de un nuevo modelo de financiación autonómica. Todos los dirigentes regionales, sean del PSOE o del PP, claman al Gobierno de M. Rajoy para que, de una vez por todas, dé el paso y convoque la prometida reunión de los presidentes y presidentas de Comunidades Autónomas para trabajar sobre el tema. Da igual que se llame Cristina Cifuentes, Susana Díaz, Javier Lambán, Ximo Puig, Alberto Núñez Feijóo o Emiliano García-Page, como es este el caso, todos y todas piden que se resuelva ese problema que está ahogando a unas administraciones fundamentales para desarrollar los servicios sociales. Los que realmente importan a las personas.
Soraya Sáenz de Santamaría, mucho lleva prometiendo como “ministra” de la Administración Pública, pero todo son mentiras y dilaciones. Incapaz de gestionar la crisis catalana, peleada con todo el mundo en sus intentos de sucesión del “inerte” Rajoy, o buscando cobijo en el Ayuntamiento de Madrid, para lo cual está gastando muchas balas y esfuerzos, los cuales le hacen olvidarse de sus verdaderas funciones como gobernante. A ello se suma Cristóbal Montoro que está intentando utilizar el cierre de la caja para asfixiar a las Comunidades y así intentar lograr un cambio en favor de los Presupuestos Generales del Estado. Esos mismos que quedarán empantanados por la corrupción que les asola mediáticamente y su incapacidad declarada para ajustar las cuentas centrales, tal y como demandan desde la Troika. Porque la CCAA cumplen, mientras que la Administración central no.
La situación ha llegado ya al límite, tanto para que un siempre ponderado y prudente Emiliano García-Page haya estallado. Así ha manifestado que pedirá que se agote la actual legislatura y se convoquen elecciones generales si el Estado sigue retrasando el ingreso de los llamados anticipos a cuenta a las Comunidades Autónomas, bajo la excusa de la actual situación de bloqueo en que se encuentran los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Algo de lo que no son culpables, ni los gobernantes regionales, ni la ciudadanía. Solamente el PP y su gobierno incapaz.
El presidente castellano-manchego ha lamentado esta “doble amenaza” del ministro Montoro, que supone, a día de hoy, el retraso en la aprobación de las cuentas generales de 2018, a la que se ha asociado la retención “del dinero que nos pertenece” como Comunidad Autónoma para hacer frente a la financiación de servicios básicos esenciales. “Es determinante sacar adelante los presupuestos y que dejen de utilizar la hipoteca sobre los anticipos”, ha subrayado mostrando su enfado García-Page. En este sentido, ha criticado la “ambivalencia” del discurso de algunos dirigentes del Partido Popular que calificaron en el pasado de “signo de normalidad y estabilidad” la aprobación de los Presupuestos Generales y que, sin embargo, ahora defienden que “se puede estar sin presupuestos uno, dos o tres años”.
“Se tendrán que afanar” en sacar adelante “un presupuesto”, con su techo de gasto correspondiente o, de lo contrario, ha advertido García-Page, el Estado abocará a ayuntamientos y comunidades autónomas a una situación económica que, en el caso concreto de Castilla-La Mancha, dificultará la reconstrucción de la sanidad, la educación o los servicios sociales. En esta misma línea, ha recordado la actitud de los conservadores de Castilla-La Mancha cuando, al no aprobarse los presupuestos de 2017, pidieron su dimisión y la convocatoria de elecciones anticipadas. “Intenté con ellos un acuerdo por todos los medios para sacar adelante los presupuestos”, ha explicado García-Page y, sin embargo, “me encontré con una actitud obstruccionista y deliberadamente destructiva”. Parecía, según ha detallado el presidente regional, “que intentaban destruir desde la oposición” lo que no habían derribado estando cuatro años en el Ejecutivo castellano-manchego.
La financiación autonómica y la reforma constitucional.
El presidente autonómico también ha abordado el debate sobre el sistema autonómico de financiación, caducado desde 2014, y la consecución de un “necesario” sistema de armonización fiscal. García-Page ha abogado por terminar con “la riña de gatos” que existe entre las Comunidades Autónomas de régimen común, para lo que habrá que “combinar gastos e ingresos en serio” y, al mismo tiempo, que se tengan en cuenta las particularidades de regiones como la Comunidad de Madrid, tanto por el llamado dumping fiscal como por estatus más ventajoso del que disfruta por su posición como capital.
El presidente de Castilla-La Mancha se ha mostrado convencido de que habrá menor presión fiscal al finalizar la actual legislatura, pero ha hecho un llamamiento a priorizar tanto la armonización fiscal entre comunidades autónomas como a realizar, al menos, una “cierta aproximación” en materia de financiación autonómica.
García-Page también se ha referido a la Constitución de 1978, que este año cumple su 40 aniversario, así como al debate generado en torno a una eventual modificación de la Carta Magna. El presidente de Castilla-La Mancha ha asegurado que, en estos momentos, “no hay espacio para una Constitución muy alternativa” pero sí “para algunos cambios, matices y novedades”. En cualquier caso, el presidente regional ha rechazado que el momento político actual de España sea el propicio para “abordar serenamente” un debate constitucional. “Debe haber sosiego” y en ningún caso “chantajes”, ha remarcado García-Page, y eso no ocurrirá hasta que se restablezcan las pautas de “cohesión” entre comunidades autónomas.
