¿España es una democracia? Teóricamente sí. Los ciudadanos votan cada cuatro años para elegir a su primer ministro y disponen de un espacio de derechos y libertades reconocidos por la Constitución… Sin embargo, la democracia es algo más y en España la voz del pueblo se contamina con los intereses partidistas e ideológicos de los gobernantes sin que haya una figura que controle el cumplimiento de lo que los ciudadanos han determinado con su voto.
España es uno de los pocos países del hemisferio occidental —teóricamente la zona del mundo donde el desarrollo político es superior desde un punto de vista democrático— que tiene vacante la Jefatura del Estado. Es cierto que hay una figura que constitucionalmente ocupa dicho cargo pero que, en realidad, no tiene más función que el de relaciones públicas o director de desarrollo de negocio que, parece ser, cobraba, además, sus correspondientes comisiones por la intermediación con gobiernos para que las empresas españolas captaran grandes contratos, tal y como lo haría un agente comercial.
La realidad es que España sigue cumpliendo la voluntad del dictador Francisco Franco en lo referente a la Jefatura del Estado. La Monarquía fue impuesta de manera torticera a los españoles porque jamás se ha preguntado al pueblo por el modelo de democracia que quieren. En el referéndum de la Constitución, que ahora va a cumplir 40 años, se obligó a votar el texto completo en el que se imponía a un Rey sin que los ciudadanos pudieran determinar si estaban de acuerdo o no con ello. Fue un trágala en toda regla: «si queréis una Carta Magna que reconoce al pueblo derechos y libertades hay que tragar con los Borbones». Si en 1.978 los ciudadanos se hubiesen rebelado y votaran en contra de la Monarquía estaban impidiendo la aprobación de la Constitución. Por tanto, por más que los defensores de la Monarquía afirmen que Felipe VI o Juan Carlos I fueron elegidos por el pueblo, la realidad es que no es así, sino que el propio aparato del Estado determinó que los españoles debían tragar con la voluntad de Franco si deseaban que se les reconocieran los derechos y libertades de los que disponían los ciudadanos de los países democráticos.
Esto no es democracia y, en consecuencia, hay una deficiencia grave en nuestro sistema político que, además, está teniendo consecuencias para la ciudadanía. ¿Para qué sirve la Monarquía a los ciudadanos? Para nada más que para generar titulares vacíos que oculten la realidad podrida de una parte de nuestra clase política. ¿Qué le importa a una familia desahuciada si Letizia Ortiz se lleva mal con Sofía de Grecia? Nada. ¿La operación de rodilla de Juan Carlos de Borbón importa a un trabajador con un salario por debajo del umbral de la pobreza? No. La Monarquía es una institución inútil para el pueblo y ha llegado el momento en que el pueblo salga a la calle y diga lo que tiene que decir y reclame que, de una vez por todas, se le permita decidir si quiere seguir manteniendo esta pseudodemocracia o tener una democracia plena.
En una democracia un Jefe de Estado sin contenido político es inútil. La pretendida parcialidad no es otra cosa que un modo de aquiescencia con todo lo que está ocurriendo y que está hundiendo a España: corrupción, utilización de los pilares democráticos del Estado de Derecho con fines partidistas, precarización del mercado laboral, destrucción del Estado del Bienestar, sumisión a las élites financieras internacionales, humillación a las víctimas del franquismo, conculcación de los derechos humanos con sus consiguientes condenas por parte de Naciones Unidas, conflictos territoriales, firma de acuerdos comerciales con países condenados por vulnerar los más mínimos derechos fundamentales, impunidad de ciertas familias respecto a la Justicia…, y más corrupción que, presuntamente, se da en la propia Familia Real.
Respecto al otro aspecto que adultera a la democracia española, la Ley de Amnistía, la Ley de Amnistía fue otro engaño al pueblo español. En aquellos años se utilizó mucho la expresión de «la superación de las dos Españas» en referencia a la necesidad de cerrar las heridas abiertas desde el golpe de Estado y el posterior genocidio impuesto por el dictador Francisco Franco Bahamonde. Se legisló una serie de medidas de perdón que el pueblo entendió que iban dirigidas a las personas que fueron represaliadas por luchar por la democracia y los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, la Ley de Amnistía tenía una trampa que se ocultó a los españoles: este texto era una verdadera ley de punto final que exoneraba de sus delitos a los represores y torturadores franquistas. Esta ley, que fue aprobada por un gobierno elegido por la metodología franquista, es la que está impidiendo que se haga justicia con las víctimas de la dictadura genocida. Los tribunales españoles se escudan en la misma para decir que los delitos cometidos por aquellos que son responsables de la represión franquista están amnistiados, hecho por el que España ha sido condenada en varias ocasiones por la ONU por la oposición a la entrega a la Justicia de personas que han sido reclamadas o denunciadas por las víctimas del franquismo. En este país, para superar a las dos Españas, se pretendió ocultar a la que fue masacrada por el fascismo que gobernó durante casi 40 años. Ese no es el modo de cerrar las heridas porque hay más de 200.000 personas enterradas en las cunetas. Todo son excusas de mal pagador a la hora de hacer justicia con los asesinados o con los represaliados del franquismo, todo son trabas a la hora de aplicar la Ley de Memoria Histórica. ¿Cómo es posible que en una democracia haya partidos que aún no han condenado al franquismo o que, como la formación de Albert Rivera, abandonaron un parlamento para evitar condenar al régimen fascista? ¿Cómo es posible que tanto PP como Ciudadanos se opongan a cambiar un callejero que aún continúa homenajeando a asesinos?
La democracia española llegó tras un proceso de transición que fue ejemplar si se hubiese tomado como un punto de partida y no como un elemento inamovible. La democracia en España no es plena porque hubo, al menos, dos aspectos que se impusieron a los ciudadanos sin que tuvieran ni voz ni voto. Por tanto, nuestro actual sistema nació con un engaño, nuestra democracia seguirá siendo incompleta, estará adulterada, mientras la Jefatura de Estado no haya sido elegida por los españoles y la Ley de Amnistía siga vigente.
