El presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, sabía cuál iba a ser el sentido de la sentencia de las hipotecas, porque formaba parte de la sección que la dictó, pero no quiso firmarla e intentó justificar el escándalo de las hipotecas organizado por él mismo, cuando suspendió todos los recursos pendientes ante la sección 2ª especializada en tributos, alegando que el presidente de esa sección, Nicolás Maurandi, no le informó del sentido del fallo de la sentencia que había puesto en jaque a la banca española.
Sin embargo, esa excusa era absolutamente falsa porque Díez-Picazo sabía perfectamente cuál iba a ser el sentido de la sentencia de las hipotecas o, por lo menos, tenía la obligación de saberlo, porque, cuando se trata de resolver recursos de casación —como era el asunto de las hipotecas— es necesario que concurran a la vista o deliberación y fallo los 8 integrantes de la sección además del presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo (art. 15 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa).
Si el presidente de la Sala 3ª del Tribunal Supremo no acudió a la vista o deliberación y fallo de la sentencia de las hipotecas es porque incumplió sus obligaciones legales, siendo de su exclusiva responsabilidad las consecuencias de esa omisión, que puede suponer, incluso, la comisión de una falta muy grave de ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales sancionada con la suspensión de funciones y la separación del cargo, sin que pueda ni deba escudarse en la falta de información o supuesta deslealtad del presidente de la sección.
Además, al haber tomado la decisión de suspender todos los señalamientos sobre recursos de casación idénticos tramitados en la sección 2ª, avocándolos al Pleno, el embrollo está servido porque entre otras cuestiones la avocación al Pleno de asuntos judiciales con carácter general – y no caso por caso- es absolutamente ilegal.
Por esa razón Podemos ha presentado una querella contra el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo por un posible delito de prevaricación judicial por su decisión de elevar al Pleno de la Sala todos los recursos pendientes sobre el impuesto sobre las hipotecas.
Según ha explicado en los pasillos del Congreso la secretaria de Acción Institucional de Podemos, Gloria Elizo, «hay sospechas muy fuertes sobre la legalidad» de la decisión adoptada por Díez-Picazo y por ello en la querella se solicita también al Supremo la suspensión del mencionado Pleno, previsto para el próximo 5 de noviembre.
