Como hemos repetido en multitud de ocasiones, Diario16 está publicando y entregando a la Justicia la documentación que demuestra que el principal responsable de la operación que terminó con la intervención del Banco Popular con un único objetivo: que todos los afectados lleguen a un acuerdo extrajudicial por el que el Santander les pague un justiprecio por sus acciones y sus bonos porque, tal y como hemos repetido en innumerables ocasiones, los afectados no son grandes especuladores ni grandes fortunas, sino que un 70% son pensionistas que tenían invertidos sus ahorros en el banco en el que confiaban porque siempre fue solvente y serio en el cumplimiento de sus compromisos. El resto son trabajadores, pequeños empresarios, empleados de la propia entidad, es decir, personas que no pertenecen a las élites, personas como usted y como yo que lograron reunir esos ahorros con su trabajo.
Si al Santander le prometieron escenarios que se topan con las justas demandas de los afectados, entonces tendrá que ser la propia entidad cántabra la que reclame a la JUR, al FROB, al ministerio de Economía —Luis de Guindos incluido—, a la Comisión Europea, a la CNMV, al Banco de España o a quien sea, pero, eso sí, haciendo frente a la obligación de pagar a las familias que fueron masacradas el día 7 de junio y a las que se les hurtó su patrimonio en base a unos procedimientos de resolución que se implementaron la semana anterior a la intervención y que, según el Tribunal de Cuentas de la UE, están plagados de errores que van en contra de la propia legislación europea.
La oposición del Santander a todas las demandas y recursos o la intención de implementar una estrategia jurídica basada en desviar toda la responsabilidad hacia las instituciones europeas y de no haber presentado una posibilidad de acuerdo con las familias afectadas, tal y como hemos publicado en Diario16, podría deberse a la imposibilidad real de hacer frente a ese justiprecio por parte del Santander, algo que sería muy grave puesto que demostraría que existe una gran crisis de liquidez por parte de uno de los principales bancos el mundo. Tal vez esta sea la razón por la que, junto al FROB y la JUR, están poniendo dificultades para que a los afectados se les dé acceso a la documentación que tendrían que haber entregado ya al juez Andreu.
Sin embargo, fue el propio Banco de Santander el que reconoció y asumió su responsabilidad en el Caso Banco Popular al hacer la oferta de bonos de fidelización porque no se ofrecen acuerdos con acreedores si no existe una responsabilidad directa en los hechos. A todo esto, hay que sumar las propias condiciones de los bonos en los que si el afectado los aceptaba se le obligaba a renunciar a reclamar judicialmente. Si no hay responsabilidad el Santander no estaba obligado a buscar acuerdos con una parte de los afectados y, sin embargo, lo hizo convirtiendo esa oferta en un reconocimiento de culpa. Lo mismo ocurre con la reclamación de Allianz de los contratos que tenía firmados con el Popular y que el Santander no quiere hacerse cargo porque, según la respuesta del banco cántabro, la JUR le eximió de la obligación de cumplir con esos compromisos. Por cierto, del tema de Allianz no se ha vuelto a hablar. ¿Habrá llegado el Santander a algún tipo de acuerdo con la multinacional alemana por la presión que le haya podido ejercer el Bundeskabinett?
Según cálculos realizados por expertos en banca y mercados financieros consultados por Diario16, el precio mínimo sobre el que debería partir ese acuerdo justo con los afectados sería de no menos 2,11 euros por acción, tomando en cuenta para ese cálculo los fondos propios que tenía el Popular (10.777 millones), el valor en bolsa el día de la intervención (0.31 euros que daría un total de 1.289 millones) y los 2.000 millones de los que disponía en bonos. Estos expertos nos confirman que esa cantidad sería ampliable hasta un máximo de 7 euros si se tienen en cuenta otros factores como, por ejemplo, la cartera de negocio, el valor de la marca, el patrimonio inmobiliario, la generación ordinaria de beneficios, etc. Tomemos la valoración mínima de estos expertos y con el número de acciones que tenía el Banco Popular tendríamos que el coste para el Santander de ese acuerdo extrajudicial estaría en el entorno de 8.605 millones de euros, una cantidad que, teniendo en cuenta que el Santander ya se ha beneficiado en más de 18.000 millones en 2.017 y que a lo largo de 2.018 llegará a los 43.000 millones, es muy asumible para el banco presidido por Ana Patricia Botín. Sin embargo, ¿puede hacer frente a ella sin que afecte de manera significativa a sus cuentas o al cumplimiento de los TLAC de cara a 2.019? Diario16 publicó que el Santander tenía un déficit de capital de más de 50.000 millones de euros para alcanzar la media del conjunto bancario europeo y americano porque su CET1 es de las más bajas de la banca europea, a pesar de que ha aumentado con la incorporación del Popular.
La salida más justa y más ética para el Santander es recoger la recomendación del Defensor del Pueblo y llegar a un acuerdo extrajudicial justo con las 305.000 familias afectadas por el Caso Popular. Incluso, le saldría más rentable porque ahorraría costes en minutas de abogados porque cada día que pasa, cada nuevo documento que se publica, demuestra aún más su presunta implicación en la operación, algo que los tribunales tendrán en cuenta.
