Los resultados de las elecciones catalanas tienen una consecuencia inmediata y es la obligación por parte del Estado de devolver la legalidad a Cataluña, dejar de aplicar el artículo 155 impuesto por el Gobierno con el apoyo de los partidos constitucionalistas, y restituir la legalidad constitucional a Cataluña. El pueblo catalán ha hablado a través de instrumentos democráticos y ha decido, precisamente, que el 155 deje de ser aplicado para retornar a lo indicado por el 143. Por tanto, y por respeto a la decisión popular, el Estado español está obligado a restituir de manera inmediata la legalidad constitucional y devolver a los catalanes sus instituciones. Además, el pueblo catalán, con la decisión que ha tomado por los canales democráticos, obliga a la Justicia a devolver la libertad a los políticos encarcelados y perseguidos.
Los resultados también demuestran que, en el caso de que al pueblo catalán se le hubiera dado la posibilidad de decidir democráticamente sobre la independencia, el independentismo no hubiese ganado, tal y como ocurrió en Escocia o en Quebec. Este hecho lo que muestra es que la fundamentación de las actitudes por la imposición de la legalidad puede provocar movimientos disruptivos de la libertad de los pueblos a decidir.
Por otra parte, la victoria de Ciudadanos se fundamenta en dos pilares fundamentales. En primer lugar, la destrucción de la derecha inmovilista del Partido Popular. En segundo lugar, la captación de un voto prestado de los sectores catalanes (españolistas y catalanistas) más conservadores desde el punto de vista económico que han visto en la candidatura encabezada por Inés Arrimadas una salida a su miedo a las consecuencias que está teniendo el procés en el ámbito empresarial y laboral.
Además, esta victoria de Ciudadanos le da una responsabilidad que va más allá del ámbito catalán puesto que le obliga políticamente a adoptar medidas en la órbita nacional. El partido naranja tiene la obligación política y democrática de iniciar un movimiento en el Congreso de los Diputados para lograr un consenso entre los partidos de la oposición y plantear una moción de censura a Mariano Rajoy con el único fin de que, una vez logrado el objetivo de destituir al actual presidente, se convoquen elecciones generales. Es una responsabilidad muy grande puesto que ese es el único medio posible para conseguir que se inicie el camino hacia la constitución de una legislatura constituyente que determine una reforma total de nuestra Carta Magna.
