Intolerable e inexplicable actitud por parte de la Unión Europea y del gobierno de Pedro Sánchez con respecto a la situación de Venezuela. Si en los momentos más próximos a la ejecución del golpe de Estado perpetrado por Juan Guaidó fue Europa quien mantuvo la calma y buscó una postura común antes de tomar cualquier decisión, según parece, los principales países de la UE se han sumado al ultimátum dado por el presidente español a Nicolás Maduro: si en ocho días no convoca elecciones libres con todas las garantías, reconocerá al golpista Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
De la misma manera que está ocurriendo en los movimientos políticos, con un crecimiento de la ultra derecha similar a lo ocurrido en Europa durante la década de los años treinta del siglo XX, parece que en el tema venezolano se han adoptado las injerencias antidemocráticas implementadas por Estados Unidos y la Unión Soviética durante la Guerra Fría, cuando las dos potencias ponían y quitaban gobiernos dependiendo de sus intereses, sobre todo económicos.
Venezuela estalló con la autoproclamación de Juan Guaidó como presidente de la República, un golpe de Estado en toda regla puesto que su acto no tenía ningún tipo de legitimidad democrática. El rápido reconocimiento del golpista por parte de Trump o Bolsonaro y las presiones por parte de Pablo Casado y Albert Rivera (ambos con relaciones muy directas con los bolichicos corruptos que se hicieron millonarios bajo el paraguas del ex ministro Rafael Ramírez expoliando los recursos del pueblo venezolano) puede ser interpretado como que quienes acudieron raudos a reconocer a Guaidó fueron los promotores del golpe.
La Unión Europea y España mantuvieron la calma en espera de una posición común. Sin embargo, el ultimátum dado a Nicolás Maduro por Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Angela Merkel y Theresa May por el que si no convoca elecciones libres en un plazo de ocho días, estos países reconocerán al autoproclamado Guaidó como presidente de Venezuela, es una injerencia antidemocrática porque lo que se pretende es imponer una decisión que corresponde en exclusiva a Nicolás Maduro en su condición de presidente electo. Es evidente que Venezuela necesita que se celebren unos comicios libres, con todas las garantías democráticas, sin imposiciones por parte ninguno de los dos bandos. Sin embargo, pretender que se haga por un ultimátum externo es una imposición de procesos políticos que sólo se recuerdan de los tiempos de Henry Kissinger o de Andréi Gromyko.
¿Qué interés hay en que Guaidó llegue a la presidencia? En principio, cualquiera que siga la trayectoria de Nicolás Maduro sabe que los ultimátum que se le lanzan le hacen colocarse en una posición defensiva y no atiende a razones, aumentando la represión o tomando decisiones que destruyen la poca legitimidad democrática que tiene.
La realidad es que Venezuela tiene demasiados recursos naturales como para que las grandes potencias económicas no hayan realizado ya un cálculo de los beneficios que obtendrían con un cambio de gobierno y quien ocupe el Palacio de Miraflores pertenezca a alguna de las facciones de la oposición que están siendo financiadas por estos poderes económicos. Tampoco hay que desdeñar la aportación de esos bolichicos con empresas energéticas y que ya gestionaron el suministro eléctrico de Caracas durante el chavismo. Muchos de quienes se hicieron millonarios bajo el paraguas de Rafael Ramírez ahora se han puesto del lado de los opositores y organizan reuniones, algunas de ellas con la colaboración de importantes abogados o ciudadanas de países del Magreb, en las que recaudan fondos para financiar a la oposición.
No se trata sólo del petróleo que podría generar pingües beneficios a empresas como Petrobras, Repsol, Shell o Haley Burton, sino que los fabricantes de tecnología precisan del «oro azul», del coltán, del que Venezuela tiene recursos por valor de más de 100.000 millones de dólares.
Sorprende sobremanera el cambio de posición de Pedro Sánchez con el ultimátum dado a Nicolás Maduro. ¿Ha habido presiones por parte de Repsol o de otras empresas energéticas? La Faja del Orinoco es uno de los mayores yacimientos de petróleo del mundo. Lo mismo podríamos decir del ministro Josep Borrell, quien fue consejero de Abengoa, empresa de ingeniería que podría tener interés en expandir su negocio en el país venezolano para el desarrollo de soluciones energéticas o de infraestructuras.
Ni la Unión Europea ni España pueden ser cómplices de un golpe de Estado. Nicolás Maduro no es la solución para Venezuela, más bien, cada minuto que pasa en la presidencia es un escollo para el pueblo.
En referencia a la política española, es realmente sorprendente cómo quienes están pidiendo que se pudran en la cárcel los políticos catalanes que declararon la independencia desde un Parlamento, ahora reconocen a Juan Guaidó, un político que se ha autoproclamado presidente de Venezuela sin tener legitimidad para ello, además de incumplir con la Constitución del país. Es la coherencia populista de esta derecha española. Rivera y Casado llaman golpistas a Junqueras o Puigdemont pero pretenden que se reconozca a quien ha dado un verdadero golpe de Estado. Pedro Sánchez no puede unirse a esta incoherencia y debe ponerse a la vanguardia para generar una mesa de diálogo en el que todos hablen desde la misma posición, sin imposiciones.
