Las instituciones europeas se están convirtiendo en el muro contra el que chocan los afectados a la hora de recabar información acerca de la resolución del Banco Popular. En Diario16 ya hemos contado cómo se ha llegado, incluso, a incumplir reglamentos y directivas europeas para impedir el acceso a la información que, por la propia normativa de la UE debería estar ya disponible. Sin embargo, se han puesto argumentos como que la publicación de dichos documentos pondría en riesgo los intereses comerciales del Banco Santander o la estabilidad del sistema financiero de la Eurozona.
Uno de los aspectos fundamentales para entender la caída de un banco sistémico como lo era el Popular la encontramos en las salidas de depósitos provocadas por, entre otras cosas, las declaraciones de Elke König en Bloomberg o la filtración que publicó Reuters el día 31 de mayo de 2017 y que provocó una importante fuga de liquidez, además de una caída importante del precio de la acción.
En un escrito remitido a la Junta Única de Resolución por un afectado y al que ha tenido acceso este medio, se recuerda que «el 31 de mayo, sobre el coeficiente exigible de LCR para el año 2017 que era del 80%, el Banco Popular disponía a esa fecha del 79,4 %. Y fueron, especialmente significativas las salidas acontecidas entre los días 5 y 6 de junio en donde se materializaron fugas por un importe aproximado a los 13.000 millones de euros. Por tanto, en fechas posteriores al inicio del proyecto Hipócrates, por el que se inicia la resolución del Banco Popular».
Tal y como venimos afirmando en estas páginas, el día 3 de junio fue el inicio la resolución del banco y, casualmente, el primer día laborable tras la comunicación a las entidades españolas que podrían optar a comprar a la sexta entidad financiera tras su resolución, se producen las salidas de depósitos de los organismos públicos. Esta coincidencia de fechas podría dar a entender que pudo hubo una causa efecto entre el inicio de la resolución por parte de la JUR y el FROB y la fuga de liquidez. Este hecho es lo que comenzará a investigar la Audiencia Nacional tras la decisión adoptada por el juez Calama Teixeira de trasladar al decanato la causa después de que se anulara el auto de desestimación del juez Andreu de una querella sobre la información privilegiada.
Europa niega la existencia de esta información privilegiada pero no da argumentos suficientes ni datos para contradecir lo que tiene indicios de haber existido. En este sentido, el documento del afectado va más allá al afirmar lo siguiente: «Para finalizar, las declaraciones a Bloomberg se realizaron y no fueron suficientes para realizar la caída del Banco Popular; las posteriores a Reuters, tampoco lo fueron. El inicio y la puesta en marcha del proyecto Hipócrates por la JUR y el FROB, que era confidencial, sí fue la causa suficiente para que se realizaran las retiradas masivas de depósitos, tanto de empresas privadas como de públicas. Eso es lo que confirman, tanto los Ayuntamientos de Barcelona, como otros organismos públicos».
