Denunciar la corrupción en España es un acto casi suicida, sobre todo si el denunciante se encuentra dentro de la administración. Son muchos los ejemplos, como el de la Sargento Primero de la Guardia Civil, María Serrano, que lleva años acosada por su propio cuerpo por denunciar los actos corruptos de un subordinado. En las Fuerzas Armadas contamos con el caso del Teniente Luis Segura que, no sólo fue expulsado del Ejército, sino que el aparato corrupto del Estado ha convertido su vida en un infierno. Lo mismo ocurre en la Justicia. El juez Fernando Presencia denunció la corrupción existente en el tercer poder y está sufriendo la venganza de todo el entramado que dirige el Poder Judicial, llegando a producirse situaciones tan esperpénticas como que se dicta sentencia contra Presencia por ir muy rápido en su el cumplimiento del deber. Nombres hay muchos: Ana Garrido, Azahara Peralta, Roberto Macías, Fernando Clemente o Maite Morao. Sin embargo, todos tienen algo en común: su vida se ha convertido en un infierno por haber dado ese paso adelante, por denunciar la corrupción.
España es el país más corrupto de Europa y la reacción del Estado ante quienes pretenden con su denuncia terminar con esta lacra son tratados como criminales por los verdaderos delincuentes. El problema de España con la corrupción es que está institucionalizada, es sistémica, y quienes tienen el valor de denunciarlo se enfrentan a la ejecución más cruel del poder, se les inhabilita para poder desarrollar su vida. No sólo terminan con sus carreras, sino que impiden que puedan volver a iniciar una nueva vida. No se perdona a quienes tienen el valor de denunciar tipos de corrupción que están instalados dentro del sistema, sino que se les fustiga y sufren una represión constante que se convierte en un muro infranqueable, dejándolos en un limbo del que es muy complicado salir.
Europa quiere poner freno a esta infamia y ha creado un sistema de protección para los denunciantes para evitar las represalias que sufren sobre todo en España. La Unión pretende que los alertadores de corrupción se sientan seguros ante la venganza de los denunciados que se traduce en la persecución inhumana utilizando, además, a las propias instituciones públicas.
Además, los Estados miembros tendrán que crear una autoridad pública que provea de asistencia legal y financiera a los denunciantes. Este punto es importante, puesto que no existe una unificación de criterios para esta protección. Sólo diez países disponen de normativas de amparo legal para los alertadores de corrupción, países entre los que, por supuesto, España no está.
Para entender la ausencia del Estado español de esta lista hay que contrastar el comportamiento que tiene el aparato corrupto de la Administración y cómo envuelve en una apariencia de legalidad lo que, en realidad, no es otra cosa que la aplicación de la Ley del Talión contra quienes han tenido el valor de denunciar la corrupción.
