Si se hiciese caso a los medios de comunicación y la clase política en España deberíamos estar al borde de una guerra civil o algún tipo de sublevación. No es el caso porque, por suerte, la mayoría de españoles ni están pendientes de la política, ni liados en redes sociales, ni nada por el estilo. Aquí va una explicación para las personas normales, es decir, la mayoría de españoles de lo que sucede en España. No es que las demás sean anormales –bueno, igual aquel señor del fondo, al lado del Isidoro de la cabeza rara, sí-, sino que son parte del entramado de banderías en que han convertido unos pocos la vida española. Tienen cerebro derretido por algún tipo de proceso ideológico o por el autoritario de turno –de esos que en todos sitios hay-.
La situación que se vive poco o nada tiene que ver con posicionamientos políticos en sí. No hay debate sobre sanidad pública, ni sobre desregulación del mercado, ni nada por el estilo. Son dilemas completamente partidistas que tienen un desarrollo temporal que cabría seguir. Antes, porque no se puede olvidar, cabría señalar a los coautores de todo esto: los medios de comunicación. Unas instituciones sociales y económicas que han olvidado la información y están entregados a la bandería partidista. De hacerles caso ustedes pensarían que el estado de alarma fue inconstitucional y resulta que no, que como sucede ahora hubo errores procedimentales. Vayamos con el relato temporal.
Repartamos entre dos
La Constitución no explicitó en su articulado que la totalidad de los miembros del CGPJ fuesen elegidos por las Cortes Generales, el límite para los mandatos sería de cinco años. Tan sólo 8 vocales debían ser elegidos por mayoría cualificada por Congreso (4) y Senado (4). Sería el PSOE de Felipe González el que cambiaría, mediante Ley Orgánica, que fuesen las Cortes las que eligiesen a todos los miembros (cabe recordar que no todos son jueces) del CGPJ. Con ese mecanismo se ha venido funcionando hasta la última renovación de 2013. En todos esos años, cabe recordar, el PP ha prometido, en infinidad de ocasiones, en cambiar la elección de los jueces para que los jueces se elijan a sí mismos (algo que no sería inconstitucional).
La sentencia del Tribunal Constitucional que legitimó aquel cambio de los años 1980s insistía en que no había problema, siempre y cuando se reflejase la pluralidad de las Cortes. Algo que ni PP, ni PSOE han respetado y parte del problema actual. Se han repartido los cargos entre ellos dos (alguna vez han tenido alguna condescendencia con CiU o PNV) sin respetar el principio de pluralidad pues, casi siempre, reunían las tres quintas partes de Congreso y/o Senado. Ahora no llegan a sumar esa cantidad en el Congreso y parece que eso de la pluralidad sienta mal a algunos.
El PP no quiere respetar la Constitución
Mariano Rajoy logró cuadrar con Alfredo Pérez Rubalcaba la última renovación y se las prometía muy felices pues la siguiente la debería haber hecho en el Gobierno. En estas una sentencia por corrupción asqueó a alguno de los apoyos parlamentarios (que le pidieron que se marchase o convocase elecciones) y la moción de censura triunfó situando a Pedro Sánchez en el Gobierno. En 2018, cuando tocaba renovar el CGPJ el PP de Pablo Casado se negó hablando de ilegitimidad del gobierno. Sin acuerdo se llegó a las siguientes elecciones en las que venció Sánchez, por dos ocasiones, y se acabó formando un gobierno de coalición. También se negaron a renovar el CGPJ, como hizo después Alberto Núñez Feijóo tras purgarse a Casado.
Como no hay entendimiento y en el PP no quieren magistrados fuera del entorno PP-PSOE, el Gobierno de Sánchez se ve en la tesitura de que los jueces del PP vienen impidiendo la renovación del tercio del Tribunal Constitucional. Desde el órgano supremo de los jueces se impide cumplir con la ley, con el apoyo de medios de comunicación y el PP. De ahí que el gobierno piense en una fórmula que le permita desatascar el problema y colocar a afines en los tribunales. Porque todo esto no es más que un colocar a los afines.
Esa fórmula es modificar la ley y poder cambiar por mayoría simple la parte que no está sujeta al artículo 122 de la Constitución (que exige tres quintos). Y como tanto PP como PSOE vienen saltándose los procedimientos democráticos, colocando en enmiendas de distintas leyes modificaciones, pues han creído que en las enmiendas de la proposición de ley que cambia la malversación y la sedición podían colocar enmiendas para cambiar leyes orgánicas.
Amparo no es un nombre de golpe de Estado
El PP entiende, porque el TC ya lo había dicho en recurso del PSOE anterior, que se están vulnerando los derechos de la minoría parlamentaria en el procedimiento y pide amparo al tribunal para que se restituyan esos derechos. Jamás se entra en el fondo de la ley porque no procede a priori. El PSOE, por su parte, presenta realiza una recusación contra dos de los jueces (los que están sin renovar) esperando que la mayoría de su parte evite el amparo solicitado. Según la ley los dos jueces están en pleno uso de sus facultades pues no dejan de pertenecer al tribunal hasta que son nombrados los sustitutos y se rechaza la recusación. Días después el TC estima el recurso y solicita a las Cortes que esas enmiendas no se voten, ni traten.
En todo esto el PP ha hecho valer su mayoría entre los jueces, sí. Y lo que pretende el Gobierno de PSOE-UP es poner una mayoría acorde a sus intereses. En ninguno de los casos hay algo virtuoso en busca del bien de la Justicia. Es todo un juego de poderes y contrapoderes políticos. Si ya la judicatura tiene una imagen bastante dañada por las dudas de su entrega a los poderes económicos, ahora se le añade la entrega a los partidos políticos. En ningún momento ha habido un golpe de Estado, ni una usurpación de la soberanía popular, ni nada por el estilo. Todo esto de fachas y comunistas no es más que excrecencia partidista. De hecho, si el gobierno recurre a una proposición de ley y habilita enero como mes legislativo, en febrero tendría aprobadas las enmiendas rechazadas. Pasaría por la prueba de que les digan de todo en la tribuna, pero tendrían lo que quieren y que, seguramente, el PP no modificaría cuando le beneficie.
Ni quiebra democrática, ni dictadura sanchista. Eso es todo mentira. Una engañifa alentada por partidos y sus medios afines. Populismo barato de políticos incapaces. Si quisiesen una Justicia digna se sentarían todos para reformarla de verdad. A pesar de no ser muy adorado por estos lares, nada mejor que terminar con esta reflexión de Arturo Pérez Reverte: “Actualmente el problema en España no es la Constitución, sino la actual clase política. Este país cuenta con todos los instrumentos democráticos necesarios para funcionar perfectamente […]. El problema es que hay una clase política que muestra un egoísmo extremo, que quiere derribar este sistema de pesos y medidas políticas y sociales para hacer sus pequeñas parcelas, sus pequeñas empresas, sus pequeños negocios locales. El problema en España no es una democracia de baja calidad, sino la baja calidad intelectual y moral de la clase política”.
