Según acta del Ayuntamiento de Roquetas de Mar, documento firmado digitalmente por, entre otros, el propio alcalde, Gabriel Amat, el Consistorio elevaba una petición a la Audiencia Provincial de Almería para ascender a los titulares de los juzgados del partido judicial de Roquetas.
En cualquier otro ámbito, y con los argumentos presentados en la petición, no habría ningún problema en que se produjera ese ascenso de categoría de los jueces. Sin embargo, en Roquetas de Mar el alcalde es Gabriel Amat, quien está pluri-imputado por diferentes delitos relacionados con la corrupción que, casualmente, están siendo instruidos por los juzgados de la localidad del Poniente almeriense.
¿Es lícita esta petición? Sí, además de que la petición está bien argumentada con aspectos que analizaremos más adelante. ¿Es ética? Evidentemente, no, sobre todo porque incrementaría la sensación de presunto favoritismo y de, incluso, protección judicial que pende sobre toda la Administración de Justicia en todos los casos que afectan a Gabriel Amat. Ya han pasado ocho jueces de instrucción en la Trama Amat, lo que está ralentizando el proceso hasta llevarlo a fechas cercanas a la prescripción de los delitos. Se están poniendo trabas a las acusaciones particulares para que salgan de los procedimientos, tal y como le está ocurriendo, por ejemplo, a AMAyT, con la imposición de fianzas desorbitadas a las que la asociación, en teoría, no podría hacer frente para continuar personados.
De aprobarse el ascenso de los jueces a la categoría de Magistrado, la Justicia lo tendrá muy difícil para que la sociedad almeriense pueda creerse la imparcialidad que se le presupone al tercer poder de la democracia. La sensación que quedaría, en caso de archivo de causa o de absolución de Amat, estaría relacionada con el argumento de «cómo van a condenar al alcalde de Roquetas si ha sido él quien ha propuesto su ascenso profesional dentro de la carrera judicial».
Según distintas fuentes consultadas por Diario16, todo indica a que este último movimiento de Amat es un órdago que lanza a la propia Administración para desacreditar a una Justicia que ya, poco a poco, se va quedando sin crédito en todos los asuntos relacionados con el alcalde de Roquetas y presidente de la Diputación de Almería. Un verdadero escándalo.
Ahora la pelota está en el tejado de la presidenta de la Audiencia Provincial de Almería cuyo hijo, tal y como ya publicamos en estas páginas, estuvo trabajando, hasta hace más o menos 2 años, en el despacho del afamado abogado almeriense Juan Marfil, defensor de Gabriel Amat. El hijo de la presidenta de la Audiencia Provincial, pasó a trabajar con otro grupo de asesores jurídicos ubicados en la provincia de Granada, grupo jurídico que tiene entre sus clientes conocidos la empresa Hermanos Lirola, imputados en la Operación Poniente.
María Lourdes Molina, presidenta de la Audiencia Provincial, recaló en Almería en diciembre de 2.009 con unos objetivos muy definidos. Apostaba por la especialización de los órdenes jurisdiccionales para un mejor funcionamiento del sistema y organización de la Audiencia, así como el refuerzo de magistrados para dar a la Justicia una nueva imagen que se acercara a los justiciables y a los ciudadanos que reclaman su servicio. En este orden, y para conseguir sus objetivos, Molina se dedicó, entre otras cuestiones profesionales, a montar saraos en pubs y discotecas conocidas de Almería, donde se daban citan, aparte de sus amigos/as, de la que ha sido conocida como “la pandi chuly”, numerosos abogados/as, procuradores/as, jueces, fiscales y algún que otro político, además de empresarios conocidos de la provincia almeriense.
Gabriel Amat, un hombre frío y calculador, podría estar manejando tiempos de cara a que los escándalos no le estallen antes de las elecciones municipales del año que viene o, según confirman a Diario16 fuentes cercanas a las causas que se instruyen contra el alcalde de Roquetas, estar preparando su salida de la política activa para que, de iniciarse su procesamiento en cualquiera de las múltiples causas en las que está imputado, no afectara al Partido Popular aunque, como dicen en Almería, don Gabriel seguirá presidiendo el PP, el ayuntamiento de Roquetas y la Diputación desde bambalinas.
