Todo tiene que ser producto de una conspiración contra Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida, porque no es comprensible el trato que recibe por parte del Gobierno de M. Rajoy. Le ignoran cuando pregunta sobre las finanzas de los borbones, y eso que supuestamente las pagamos todos. Le ignoran cuando les acusa de sobrepasar los límites democráticos. O directamente consideran que es un “comunista peligroso” al que no hay que dar ni agua. Por hache, o por be, Garzón en defensa de la democracia de las clases populares, es maltratado por el gobierno al que no se le cae la palabra democracia de la boca. Pero eso no arredra al militante comunista que es y él sigue preguntando y pidiendo explicaciones.
La última se refiere a lo acontecido en la final de Copa celebrada en el Metropolitano. Ayer mismo presentó una iniciativa en el Congreso de los Diputados en la que pregunta al gobierno si “¿va a dimitir el ministro del Interior por este ataque sin precedentes a la libertad de expresión? Si no lo hace, ¿piensa destituirlo el Gobierno?”. Lo hace en alusión a la actuación de los efectivos policiales del pasado sábado cuando “cumpliendo órdenes políticas” provenientes del ministerio que dirige Juan Ignacio Zoido, requisaron las camisetas y bufandas amarillas, algunas de ellas con la palabra Llibertat impresa, que portaba un número significativo de espectadores. Así Garzón valora que el Ejecutivo incrementa así su “deriva irresponsable y autoritaria”.
Garzón interroga también al Ejecutivo del PP a través de su iniciativa parlamentaria si “¿de verdad considera que el color amarillo o la palabra ‘Llibertat’ incitan a la violencia?”, tras conocer las justificaciones por esta actuación ofrecidas por el Ministerio del Interior a distintos medios de comunicación, donde indicaron que la mencionada confiscación se realizó “en aras de evitar cualquier riesgo de violencia”. El máximo responsable federal de IU advierte de que en los últimos meses el Gobierno del PP ha entrado en una deriva de “pérdida de perspectiva y sensibilidad democrática, con ataques inéditos y cada vez más duros contra la libertad de expresión”, algo que valora como “de una gravedad extraordinaria”.
Alberto Garzón defiende que “la ciudadanía puede vestir como quiera, llevar los colores que desee en su ropa y, por supuesto, bajo ningún concepto se pueden perseguir prendas que lleven impresa la palabra Libertad en cualquiera de las lenguas cooficiales del Estado. Parece mentira que tengamos que recordarlo”. Además, para rizar el rizo, desde el propio gobierno siempre azuzan, cuando encuentran al más inteligente de guardia, que su ideología liberal protege a la persona de los autoritarismos y gregarismos de “otros” partidos. Menos cuando las personas se visten o dicen lo que no quieren ellos y ellas.
Por todo ello, incluye también esta cuestión muy concreta en la iniciativa registrada esta mañana: “¿considera el Gobierno que los y las aficionadas que fueron despojadas de sus prendas amarillas el pasado 21 de abril en Madrid merecen una disculpa?”. Para el coordinador federal de Izquierda Unida, “cuando los Estados comienzan a comportarse de un modo absurdo en cuestiones de este tipo es cuando más hemos de preocuparnos”. De ahí que estime necesario “frenar urgentemente esta escalada”.
El gobierno de España más da miedo por incapacidad.
Entre esas cuestiones que el gobierno ignora y que va a provocar que a Garzón le acabe dando un tabardillo, está la relativa a las fake news (noticias falsas) y su estrategia para combatirlas. El pasado 19 de febrero, que ya es tiempo suficiente para contestar, el diputado de Izquierda Unida presentó al gobierno una batería de preguntas (estrategia para intentar que le contesten algo), en las cuales incitaba a explicar de forma detallada cómo piensa hacer frente a la “proliferación de noticias falsas o manipuladas en medios de comunicación y redes sociales, un fenómeno recientemente conocido por su expresión en inglés fake news”, dada su “preocupación” demostrada en los últimos meses por esta cuestión.
Los responsables de Moncloa le recomiendan que lea el Plan 2018 de Publicidad y Comunicación Institucional, algo que no tiene nada que ver con lo preguntado. Desde el gobierno eluden así de forma flagrante su obligación de responder adecuadamente por escrito las cuestiones que le plantea el máximo responsable de IU. En concreto, la respuesta se quita de encima la detallada iniciativa parlamentaria y señala simplemente que “en relación con la pregunta planteada por Su Señoría, se informa que la información relativa a publicidad institucional se encuentra disponible a través del siguiente enlace”. Nuevamente no le responden, o le responden otra cuestión.
Garzón advertía al Gobierno en su iniciativa que “tener acceso a una información veraz y rigurosa es una precondición para el buen debate político. La ausencia de este tipo de información deteriora dramáticamente la calidad de la democracia y amenaza no sólo la seguridad del país, como afirma el Gobierno, sino también el bienestar de las familias trabajadoras”. Exponía también que “en muchos casos en los medios de comunicación se producen conflictos de interés entre el de informar verazmente por parte de la redacción y los intereses de las empresas privadas que financian a esos medios de comunicación a través de la publicidad”. A su juicio, “dada la asimétrica relación que existe en esos casos, es probable que mucha información esencial para el buen debate político quede ausente, manipulada o directamente inventada”.
Por ello, Garzón interrogaba directamente al Ejecutivo sobre si “¿ha elaborado algún informe sobre el conflicto de interés existente en los medios de comunicación en relación a las grandes empresas que financian esos mismos medios? ¿Tiene alguna estimación de la cantidad de dinero que se mueve en el negocio de la publicidad privada en los medios de comunicación? ¿Qué cantidad proviene de empresas privadas que operan en sectores como la Sanidad, la Educación o la Energía?”. También planteaba que: “en caso contrario, ¿piensa el Gobierno elaborar ese informe y comunicarlo a la sociedad en aras de la transparencia?”.
El coordinador federal de Izquierda Unida reclamó al Ejecutivo de M. Rajoy que respondiera si “¿entiende que sería necesario abordar la regulación de estos conflictos de interés que se dan en los medios de comunicación privados pero que afectan radicalmente al debate democrático en nuestro país?”. Y si ustedes quieren ver la respuesta, esperen como está esperando Alberto Garzón. No la encontrarán.
Y lo que sucede con las preguntas a los partidos que integran Unidos Podemos, como ya hemos denunciado en diversas ocasiones aquí, no es un problema de pelea política parlamentaria, sino que afecta gravemente a lo que significa la democracia formal, al menos. Negar a la oposición información sobre las materias que ellos y ellas deseen, salvo que sean secretos que podrían afectar a la seguridad de la ciudadanía, es negar la capacidad de ejercer la oposición en un sentido pleno y democrático. Es negar al pueblo allí representado una respuesta. Es quebrar los principios democráticos esos que tanto exhiben cuando atacan a los independentistas o a otros rivales políticos.
