Otra cosa no, pero hay que reconocer al grupo de Unidos Podemos en el Senado la atención que dedican a los temas de Derechos Humanos y la defensa de los mismos. Da igual que sea Sara Vilà o Maribel Mora, o como en este caso Vanessa Angustia, quienes pregunten e inquieran al gobierno del PP por la vulneración que se produce aquí, en nuestro país, o allende nuestras fronteras.
Esta vez, en un tema con una fuerte carga emocional para nuestro país, la senadora Vanessa Angustia preguntó al gobierno de M. Rajoy por lo que estaba sucediendo con los activistas saharauis detenidos desde hace siete años mientras reclamaban sus derechos y que se cumpliesen los acuerdos internacionales. Los veinticinco activistas saharauis de Gdeim Izik, la protesta que dio pie a las primaveras árabes, como así relata Abdelaziz Meftah, fundador del campamento de refugiados saharauis creado el 10 de octubre de 2010 con el objetivo de pedir demandas sociales.
Meftah no solo fundó este campamento situado a 15 kilómetros de El Aaiún en medio del desierto en territorios saharauis, sino que organizó y coordinó a los 28.000 saharauis que, durante un mes, formaron parte del mismo. Esta superficie, ocupada por Marruecos desde 1976, hizo que el Sáhara Occidental fuese el último territorio de África aún pendiente de descolonización. Por eso, el control y los ataques por parte de los militares marroquíes han sido continuos desde entonces.
Se desmanteló de forma brutal el campamento por parte del ejército marroquí. Murieron cinco personas y se detuvo a 25 más. En contrapartida, los medios marroquíes afirmaron que también fallecieron 11 miembros de las Fuerzas de Seguridad Magrebí de los que no existen ni cuerpos ni certificados de defunción. Pura desinformación del gobierno de Rabat, como suele ocurrir con todo lo referente al Sáhara Occidental.
Los 25 de Gdeim Izik fueron acusados y encarcelados mediante un juicio militar. Sentencia que fue anulada por aplicársele a civiles leyes militares y por la presión de la ONU. Celebrado esta vez en un tribunal civil, el juicio ha carecido de nuevo de garantías de sujeción al derecho internacional ya que los hechos se produjeron fuera de Marruecos. Porque, pese al gobierno de Rabat, el Sáhara Occidental no forma parte de su territorio.
A ello hay que añadir que, excepción hecha de la territorialidad, el juicio se ha celebrado sin ningún tipo de garantías judiciales. El único sustento probatorio ha sido un video aéreo en el que resulta imposible reconocer a los hoy condenados, y en el que tampoco se presentaron pruebas dactiloscópicas, ni ADN, ni detalles de dónde se encontró a los procesados. Pese a que los abogados defensores reiteraron que no podía considerarse una prueba válida, el vídeo fue utilizado por el juez y el fiscal como prueba incriminatoria pese a no haber sido sometido a peritaje alguno.
A ello hay que sumar que, como es conocido, las cárceles marroquíes no son precisamente reductos de defensa de los derechos humanos, al contrario, en ellas se producen torturas y maltrato a los presos. Como recuerda la senadora Angustia, las gentes de Gdeim Izik estaban luchando por derechos sociales, pero “sabían que se iba a producir un conflicto armando, como así sucedió”. Los detuvieron y no les dijeron por qué se les detenía. El gobierno de España “jamás ha interpelado al gobierno de Marruecos por esta vulneración de derechos humanos” como nos recuerda la senadora de Unidos Podemos. Sólo con estas pruebas el juicio debería haber sido suspendido o invalidado.
Human Rights Watch y Amnistía Internacional, entre otras asociaciones, ya alertaron de la vulneración de derechos del gobierno marroquí. Y, es en este momento, cuando la senadora Angustia decidió preguntar al gobierno si se quejaría a Rabat; si les parece bien que el juez asturiano Jesús Martín fuese deportado antes de asistir al juicio; si tienen una opinión sobre las constantes expulsiones de ciudadanos de la UE que se vienen produciendo en Marruecos; si les parece coherente mantener acuerdos comerciales con un gobierno que vulnera derechos humanos; o si piensan solicitar el indulto al gobierno marroquí e intervenir en el conflicto del Sáhara Occidental.
El gobierno no se sale de lo que diga la ONU
“La promoción y protección de los Derechos Humanos forman parte de las prioridades de España en su acción exterior de acuerdo con la Ley 2/2014, de acción y servicio exterior del Estado. Por ello, en las excelentes relaciones entre España y Marruecos el canal de diálogo en esta materia está siempre abierto” ha respondido el Ministerio de Asuntos Exteriores. Para el gobierno, la modificación de la Constitución marroquí, es suficiente y son “avances” respecto a los Derechos Humanos.
“España apoya la centralidad de Naciones Unidas en la cuestión del Sáhara Occidental” y no se sale de ese camino. Con enviar dinero, cerca de 10 millones de euros, al gobierno le sirve de excusa para no intervenir más en el conflicto. A pesar de que Marruecos se viene riendo de España por este tema desde 1976. “En la cuestión del Sáhara Occidental la posición de España se mantiene constante y es coincidente con la de la Organización de las Naciones Unidas, que es favorable a una solución política, justa, duradera y mutuamente aceptable que prevea la libre determinación del pueblo del Sáhara Occidental en el marco de disposiciones conformes con los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas”.
Respecto al proceso judicial con total carencia de garantías, el gobierno se inhibe porque “se ha celebrado con una amplia presencia de observadores internacionales, entre ellos numerosos españoles”. Ahora bien, no se dice de qué país, ni quiénes eran los españoles, y podría estar apuntándose el ministerio unos observadores que no son suyos sino de ONGs de apoyo al pueblo saharaui.
Respecto a Marruecos, como se vienen observando desde hace décadas, el gobierno español no se inmiscuye más allá de lo que diga la ONU, o lo que les convenga a las dos monarquías. Pero el gobierno no contesta por la expulsión del juez Martín que llegaba para observar el juicio. O no responde por qué a la ONU y a otras organizaciones internacionales no se les ha permitido asistir a este juicio. Como recuerda Angustia “parece que Marruecos tenía algo que ocultar”.
Desde Unidos Podemos recalcan que “España tiene una responsabilidad histórica para con el pueblo saharaui y que fue el precipitado abandono que se realiza en 1975, cuando nuestro país renunció a sus obligaciones como potencia colonial”. Por ello creen que el gobierno debería movilizarse con más fuerza para que el Sáhara Occidental pueda celebrar su referéndum de autodeterminación y no ser una colonia invadida, como es en la actualidad.
“Más de la mitad de las preguntas quedan sin contestar y las que se contestan pasan más por un lenguaje diplomático que no nos dice lo que opina el gobierno sobre lo que está pasando” denuncia Angustia. Como se ve, e indica la senadora, no responden realmente a lo que se les pregunta y dificulta el control parlamentario.
