La brecha de género en el mundo laboral es uno de los aspectos económicos más crueles de nuestro mundo. Las mujeres en España soportan un mayor porcentaje de precariedad que los hombres y, si entramos en los salarios, éstos cobran un 30% que ellas. Aunque la sociedad es cada vez más igualitaria y que los hombres se estén implicando más en lograr la igualdad real —por más que los haya que aún no han salido de las cuevas de Atapuerca— las empresas continúan depreciando el trabajo femenino y poniendo trabas para la equiparación de género. Esto se demuestra en que la brecha de género, en vez de disminuir, se incrementa, tal y como se refleja en el estudio «Brecha salarial y techo de cristal» publicado por los Técnicos de Hacienda en base a datos oficiales de la Agencia Tributaria.
Las mujeres españolas tienen muchas dificultades para ocupar cargos de responsabilidad o dirección en las empresas. Sólo un 20% del total de trabajadores que cobra más de 140.000 euros al año es mujer. Además, suelen ocupar los empleos con contratos más precarios porque la maternidad sigue siendo una barrera y las empresas españolas siguen contratando a las mujeres que renuncian a ella o a la conciliación.
Ante esta situación, el Partido Socialista ha decidido dar un paso adelante y debatir en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley para lograr la igualdad real en el mercado laboral. Entre las medidas propuestas se encuentra la posibilidad de multar a las empresas que impidan la conciliación. Fue la propia vicepresidenta, Carmen Calvo, la que informó de la importancia de esta medida que fue presentada en el Parlamente el pasado mes de marzo.
El proyecto de ley tiene una intención clara: pasar de las buenas palabras que hasta ahora no se han transformado en hechos y que la buena voluntad de las tribunas se convierta en derechos para las mujeres. Por ello, se derogan varios elementos de la denigrante Reforma Laboral de Mariano Rajoy en la que no existía ningún elemento que incentivara a las empresas para la contratación de las mujeres tras ser madres, tipificando como infracción muy grave el hecho de impedir el derecho a la conciliación, la extinción de un contrato durante el periodo de prueba si la mujer está embarazada o es madre y, esto es un punto importante, el despido de una mujer víctima de la violencia machista por el ejercicio de su tutela judicial efectiva. Estas infracciones muy graves podrían ser castigadas con multas de hasta 50.000 euros.
Como infracción grave se determina la ocultación por parte de la empresa de los datos relacionados con la implementación del plan de igualdad, la obstaculización a la Inspección de Trabajo o el incumplimiento de la negociación de estrategias positivas que tuvieran como fin una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los órganos directivos de la empresa. Las infracciones graves podrían ser castigadas con multas de hasta 6.125 euros.
La ley pretende evitar que los empresarios distribuyan de manera irregular la jornada, la modificación unilateral de las condiciones de trabajo y, sobre todo, que las empresas deben tener en cuenta las necesidades de sus trabajadores que ejercitan su derecho a la conciliación.
