El Tribunal Supremo de España ha vuelto a ponerse del lado de la precarización laboral, ignorando de manera flagrante la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el abuso en la contratación temporal en el sector público español.
En sus recientes sentencias de casación núm. 196/2025 (R. Casación 7099/2022) y 197/2025 (R. Casación 4436/2024), ambas de fecha 25 de febrero de 2025, la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha vuelto a dar la espalda a miles de trabajadores temporales, negando cualquier tipo de sanción efectiva y disuasoria contra el fraude en la contratación temporal dentro de la Administración.
La Justicia blinda el fraude de la Administración
Las sentencias del Supremo consolidan una postura regresiva que da carta blanca a la explotación laboral dentro del sector público. En ambos casos, los trabajadores afectados habían sufrido años de abuso en la concatenación de contratos temporales en plazas estructurales. Sin embargo, el Alto Tribunal ha desestimado sus reclamaciones, sin imponer ninguna sanción real a la Administración responsable del abuso.
En la Sentencia núm. 196/2025, el Tribunal Supremo justifica la negación del reconocimiento de estabilidad alegando que convertir en fijos a los empleados públicos temporales choca con el principio de igualdad, mérito y capacidad del artículo 23.2 de la Constitución. Sin embargo, tal y como denuncia la Federación Estatal de Trabajadores de las Administraciones Públicas (FETAP) de la Confederación General del Trabajo (CGT) «lo que realmente perpetúa es la impunidad de la Administración y la precarización de miles de trabajadoras y trabajadores públicos que ven cómo su situación laboral es ignorada».
Por otro lado, en la Sentencia núm. 197/2025, la injusticia se repite: ni conversión en fijo ni indemnización. «En su lugar, el Tribunal Supremo pretende que la única alternativa para regularizar la situación de estos trabajadores sea la participación en procesos selectivos, ignorando que el TJUE ya ha determinado que esto NO es una sanción efectiva», denuncia FETAP.
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