El juez José de la Mata, que investiga el caso iDental, ha dictado un auto por un supuesto delito de desobediencia contra tres responsables de la empresa informática que almacenaba en sus servidores miles de imágenes y copias de las historias clínicas de los afectados por iDental, según informan fuentes de la Audiencia Nacional. El magistrado toma esta decisión después de comprobar que la documentación relacionada con los historiales clínicos “ha sido eliminada unilateralmente, pese a que había ordenado el volcado de la información, convirtiendo la misma en irrecuperable”. Los tres investigados comparecerán en el juzgado el próximo 8 de enero en calidad de investigados por delitos de desobediencia, “sin perjuicio de ulterior y más grave calificación”.
La empresa sobre la que ahora el juez incoa una pieza separada es OVS Hispano SL, filial en España de la francesa OVH SAS. A través de esta sociedad informática, el “grupo iDental conservaba las historias clínicas de sus pacientes en 25 servidores y 2 raks”.
Desde el pasado 1 de agosto el Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional estaba realizando gestiones con los responsables de esta sociedad para salvaguardar los servidores y en su momento realizar el volcado de la información contenida en los mismos. El juzgado se comunicaba con los responsables jurídicos de la filial española, que actuaba como intermediaria con la matriz en Francia.
Después de meses de intercambio de información y de instrucciones impartidas por el juzgado, el pasado 19 de diciembre un representante de la empresa informática comunicó por email al juez que se había eliminado el contenido de todos los servidores cuya información se pretendía volcar. El firmante del email añadía que no había opciones reales para recuperar la información perdida.
Ante esta situación, el juez explica en su escrito que los tres citados como investigados han podido cometer “un grave incumplimiento de las obligaciones legales de colaborar con el sistema judicial, al desobedecer los requerimientos e instrucciones judiciales para conservar la información y los datos alojados en los servidores, pertenecientes al grupo iDental”.
Según el juez, la cuestión aún es más grave si se tiene en cuenta que la actuación judicial y policial con los representantes de OVH SAS y OVH Hispano SL ha sido una actuación prolongada en el tiempo (desde el pasado mes de agosto) y que a lo largo de meses se ha intentado desde el juzgado coordinar la salvaguarda de la información para su incorporación al proceso. “Los representantes, directivos y técnicos de la empresa” –señala De la Mata– “no solo estaban perfectamente al conocimiento de estas actividades sino que participaron directamente en estas actuaciones, en colaboración con los técnicos de la Subdirección General de Nuevas Tecnologías del Ministerio de Justicia y las Unidades investigadoras de Policía Judicial”. Pese a estos requerimientos judiciales, añade el magistrado, “OVH comunica que ha procedido, unilateralmente, a borrar toda la información disponible haciéndola aparentemente irrecuperable”.
El asunto es aún más grave, concluye el magistrado, “pudiendo haberse producido además graves perjuicios a los intereses de miles de personas, habida cuenta de que la información contenida en dichos servidores contendría imágenes médicas radiológicas y de otras naturalezas, así como documentos pertenecientes a las historias clínicas de los pacientes del Grupo iDental”
Por todo ello el juez tipifica inicialmente los hechos como delito de desobediencia, sin perjuicio de ulterior y más grave calificación.
Esta supuesta irregularidad viene a sumarse al ya de por sí escabroso caso iDental, una macrocausa abierta por la supuesta estafa organizada a través de la red de clínicas del grupo médico que dejó sin tratamiento a decenas de miles de pacientes que se habían endeudado con los bancos para pagar los gastos odontológicos. La causa ha adquirido una proporción tan gigantesca que el Ministerio de Justicia, la Fiscalía y representantes de las consejerías competentes de 14 comunidades autónomas tuvieron que convocar una reunión el pasado mes de septiembre para coordinar el proceso en marcha. Hasta la fecha se han abierto 200 piezas judiciales y el número de afectados podría superar los 400.000 (cifra que aporta la Cadena Ser) lo que nos colocaría ante el mayor proceso de la historia de España.
Según el relato de algunos de los afectados, recogido por el diario El País, la red de clínicas aseguraba que podía aplicar una serie de descuentos en tratamientos dentales gracias a las subvenciones que afirmaba recibir de la UE y de la Junta de Andalucía. Según la investigación, una vez que iDental cobraba el dinero del tratamiento y el paciente comenzaba a abonar las cuotas del préstamo, las clínicas solían dilatar o anular las citas para que transcurriera el plazo en el que el cliente tenía derecho a desistir de la atención odontológica contratada y de la financiación asociada a la misma, que en ese caso debería ser devuelta por la empresa.
Los afectados también han denunciado lesiones y baja calidad de los materiales utilizados en la cirugía: implantes que se caen, dentaduras destruidas, tornillos descolocados, entre otros desperfectos. Para todo ello, según un informe de una agencia de detectives desvelado por El País, iDental se valía de un entramado societario de más de un centenar de empresas.
