Quieren que sea el proyecto estrella de la próxima legislatura, no se sabe bien si en manos del PP y los cuñados naranjas, bien en manos del PSOE y Unidas Podemos IU Equo (o como acabe llamándose la confluencias de las izquierdas madrileñas), pero por el momento la administración del PP de Ángel Garrido, como continuador de la obra de Cristina Cifuentes y Esperanza Aguirre, está privatizando “cositas”. Así lo denuncia el Movimiento Asambleario de Trabajadores-as de Sanidad (MATS) en un comunicado que han hecho llegar a la prensa, en el cual, denuncian las malas prácticas en la privatización “poco a poco” del servicio de cocinas del Hospital Universitario La Paz.
Una privatización un tanto curiosa porque los trabajadores seguirán recibiendo su salario de los “público” mientras que el resto del servicio será privado. Vamos una forma de acumulación por desposesión clásica como diría David Harvey. Como dice el MATS “no es difícil saber cuál será el siguiente paso”. “El modelo económico PFI, con el que la concesionaria paga y construye el edificio de cocinas a cambio de su explotación económica, es el mismo que el de los hospitales construidos por el gobierno de Esperanza Aguirre, plagados de sobrecostes. Un modelo que, además de Podemos y PSOE, incluso el Tribunal de Cuentas Europeo rechaza. Se pretende instaurar un sistema, la línea fría, que si bien en establecimientos de calidad puede dar buenos resultados, en el caso del SERMAS es la causa de que la comida del hospital Gregorio Marañón tenga la tercera peor puntuación de entre los 33 hospitales de la red pública” añaden en el comunicado.
Mentira tras mentira de la administración Cifuentes/Garrido, a principios de Marzo se presentó un proyecto de reforma integral del hospital, de financiación 100% pública, que incluía las cocinas. “Sin embargo, días después se anunció un nuevo edificio de cocinas, de financiación privada. Este proyecto de privatización ya fue detenido por la movilización de las trabajadoras de las cocinas en 2014. Pero ahora que al PP le quedan meses en el gobierno de la Comunidad, a las empresas que llevan años cultivando su relación con el actual gobierno les han entrado las prisas. Por eso han vuelto impulsar esta iniciativa, sin reparar en cambiar la fecha del anteproyecto, que es de 2014”.
Denuncia el MATS en el comunicado que “este contrato favorece a las grandes empresas amigas. En un solo contrato se conceden varias prestaciones: construcción del edificio, suministro de todos los víveres al hospital durante 15 años, cafetería de personal, cafetería de visitantes, máquinas de vending y comedor de guardia. Todo esto saltándose la ley: este tipo de contrato permite a la empresa concesionaria la explotación económica de la obra que ha realizado, lo que no incluye el suministro de víveres y no concuerda con que incluya las máquinas de bebidas de los centros de especialidades, incluido el de Alcobendas. La empresa que asuma el contrato debe pagar con sus propios recursos un edificio de cocinas 11 millones de euros, para recuperar su inversión con los beneficios que saque de las cafeterías y el vending después de pagar sueldos y suministros. Esto excluye automáticamente a la inmensa mayoría de las más de 400 empresas de restauración colectiva de España, que no tienen esa capacidad económica. Además, con estas condiciones el contrato es financieramente insostenible. Cuando las cuentas no salen, las acaba pagando la ciudadanía mediante sobrecostes o una peor calidad del servicio”.
Al final del camino supone que sólo dos grandes empresas Serunión y Ferroser (filial de Ferrovial) son las únicas capaces de prestar los servicios tal y como se presentan en las ofertas. Un duopolio consentido por los gobiernos populares y que es cuando menos extraño y sospechoso. Además, Serunión acumula varios escándalos e incluso sanciones por comida en mal estado en colectividades, y en La Paz gestiona el vending con la concesión caducada desde hace siete años, y la cafetería “de la misma forma desde hace cuatro, sin que en ninguno de los dos casos hayamos podido encontrar nuevos contratos válidos”. Tampoco Ferroser tiene un historial de ejercicio “limpio”. Tal y como denuncian desde el MATS: “Ferroser cobra por dar una limpieza muy deficiente del hospital, y mantiene 50 trabajadoras de limpieza de baja sin sustituir, pero sin dejar de cobrar por ellos a la Comunidad de Madrid, que lo sabe y lo consiente”.
En una comparecencia solicitada al gerente del Hospital, el portavoz socialista José Manuel Freire le recriminó que el formato del concurso (PFI), en el que la concesionaria paga la construcción del edificio a cambio de explotarlo, “tiene problemas, entre otras cosas, de transparencia, de coste y de complejidad en su monitorización, y no parece que nada de esto haya sido justificado con informes previos ni con análisis”. La portavoz de Podemos, Carmen San José, indicó que es el modelo empleado en los siete hospitales construidos en la época de Aguirre, con “sobrecostes de entre 7 y 8 veces más que si los hubiera hecho la Administración”, y que el Tribunal de Cuentas Europeo dictaminó que no deberían financiarse infraestructuras públicas a través de la participación privada, “dados los retrasos, los gastos ineficientes, los sobrecostes y la falta de transparencia”.
Tras verificar que existen numerosas irregularidades más en los distintos contratos que ya se han formalizado con anterioridad, el MATS presentará hoy una reclamación en la Consejería de Sanidad solicitando que el contrato de privatización de las cocinas del hospital La Paz sea declarado nulo de pleno derecho. Por ejemplo, un contrato de obra no publicado y que derivó en la inauguración de “una nueva sala de descanso para el personal. No figura en el perfil del contratante el contrato de obras para la creación de esta sala. Además, cuenta con cinco máquinas de vending más de las que había en la sala antes de su reforma, sin que la empresa concesionaria (Serunion) pague por ellos un canon mayor. Hemos solicitado a través del portal de transparencia la documentación del expediente de esta obra. De nuevo, desde el hospital nos han contestado que en lugar del mes de plazo van a requerir dos meses para entregar la documentación “debido a su volumen o complejidad”.
