La concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha pedido hoy a la Consejería de Fomento de la Región de Murcia que refuerce los “medios humanos” para agilizar el procedimiento de justificación de las ayudas de los terremotos de 2011 mediante. Martín explicó que se cierne una “amenaza” sobre la Ley 8/2018 que permite a los afectados presentar una memoria justificativa. Parece que la Abogacía del Estado ve indicios de inconstitucionalidad en esta norma, que fue aprobada por unanimidad de las fuerzas políticas representadas en la Asamblea Regional. Martín recordó que se trata de una “solución jurídica pactada por todos” por lo que exigió que deje de utilizarse como “arma arrojadiza” en perjuicio de los afectados.
La edil de IU-Verdes explicó que están legitimados para interponer el recurso de inconstitucionalidad el Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, cincuenta Diputados y cincuenta Senadores, y, en este caso, también los órganos ejecutivos y legislativos de las Comunidades Autónomas.
Martín recordó que el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, establece en su artículo 75 que la cuenta justificativa simplificada es un documento con validez jurídica para justificar subvenciones inferiores a 60.000 euros (ningún vecino de Lorca percibió más de 24.000 euros en concepto de ayuda pública para reparación). Además, explicó que se trata de un procedimiento habitualmente empleado en otras comunidades autónomas para justificar infinidad de subvenciones. De hecho, la propia Región de Murcia lo utiliza, por ejemplo, en las ayudas a clubes deportivos para la organización de eventos de categoría nacional e internacional “y a nadie se le ha ocurrido ponerlo en cuestión”.
Para evitar que los afectados queden desprotegidos ante un eventual recurso de inconstitucionalidad, Martín exige que antes de que la ley pudiera perder su efecto, se tramiten las solicitudes. “Para eso, todos se tienen que poner las pilas: el Ayuntamiento tiene que agilizar urgentemente las inspecciones técnicas y la Consejería no puede tener a tres funcionarios encargándose del cierre de 3.000 expedientes”, aseguró. “Los afectados no van a entender que se tumbe la ley pero tampoco que por la falta de diligencia que llevan soportando siete años, pierdan la oportunidad de acabar con este calvario”, sentenció. Martín aseguró que en el grupo municipal de Izquierda Unida están “trabajando a destajo” para quitar carga de trabajo a la Oficina del Terremoto del Ayuntamiento pero que “toda nuestra gestión no puede quedarse atrancada porque después falten efectivos en la Consejería de Fomento”.
A juicio con las prescripciones
Gloria Martín también explicó que la Plataforma de Afectados demandará judicialmente a la Administración autonómica mediante un recurso contencioso-administrativo porque entiende que los plazos de prescripción que se están aplicando no son conformes a derecho. “Los afectados están cansados de que se les cierren puertas por todos los lados” dijo Martín, quien recordó que, sobre esta cuestión, han apelado, sin éxito hasta el momento, al Consejo Jurídico de la Región de Murcia, al Consejo del Estado, a la Abogacía del Estado y al Defensor del Pueblo. “Ninguno de estos órganos, que son competentes para defender los derechos ciudadanos, para supervisar la actividad de las administraciones públicas y para velar por la observancia de la Constitución y de las leyes con objetividad e independencia, nos ha hecho ni puñetero caso”, se lamentó. Por ello, aseguró que la plataforma de afectados se ha visto obligada a recurrir a la justicia ordinaria para que se clarifique esta cuestión “porque todos los juristas a los que hemos consultado nos han confirmado que nuestro criterio sobre las prescripciones es el correcto. “Es sangrante que la prescripción sí sirva para que se vayan de rositas políticos corruptos, o para que Pablo Casado no tenga que responder por su supuesto máster fraudulento, y no para hacer justicia con estos vecinos”, se lamentó.
Intereses demora del Estado
Sobre el hecho de que aún no se hayan condonado los intereses del Estado, la concejala de IU-Verdes, “nos han manifestado que el Gobierno no puede hacerlo hasta la aprobación de los próximos Presupuestos Generales”, dijo Martín. En ese sentido, la edil de IU-Verdes recordó que la Ley de Presupuestos admite modificaciones. “Se trata sólo de voluntad política”, afirmó. “Con la Ley se puede hacer todo, y nadie se debe excusar en que como los presupuestos no los redactó su grupo político no existen soluciones”.
Si la modificación de los presupuestos les parece muy engorrosa, que por vía de Decreto-Ley se apruebe la condonación de esos intereses. “Los gobernantes de este país no han hecho ascos para plantear amnistías fiscales a gente poderosa que defrauda a la Hacienda Pública, así que no creemos que esto sea tan complicado”, concluyó.
