La portavoz parlamentaria de Izquierda Unida en el Congreso y el portavoz de esta misma formación en la Comisión de Interior, Eva García Sempere y Ricardo Sixto, respectivamente, han registrado esta tarde la petición de comparecencia en sede parlamentaria del comisario jubilado de la Policía José Manuel Villarejo, actualmente en prisión provisional incondicional.
IU impulsa esta iniciativa en el seno del grupo parlamentario confederal de Unidos Podemos. García Sempere y Sixto la justifican en el texto en la necesidad de que Villarejo “explique y detalle en sede parlamentaria el acceso irregular a información privilegiada que ha tenido, así como las diversas tramas de corrupción a todos los niveles de las que pueda tener conocimiento”.
En la iniciativa se dirige esta comparecencia directamente a la Comisión de Interior, aunque los parlamentarios proponentes están abiertos a que se pueda sustanciar en cualquier otra que así establezcan los órganos de gobierno de la Cámara Baja. Para ambos la “petición encaja perfectamente en el Reglamento del Congreso y si hay formaciones que la echan para atrás será por otro tipo de razones, no por cuestiones técnicas”.
En concreto, recuerdan que el apartado 4 del artículo 44 de las normas de la Cámara establece que en las comisiones se podrá recabar, además de la presencia de miembros del Gobierno, de autoridades y funcionarios públicos, “la comparecencia de otras personas competentes en la materia, a efectos de informar y asesorar a la Comisión”.
No obstante, ya existen antecedentes en los que PSOE y PP han sumado votos e intereses para echar abajo que el polémico comisario jubilado acuda a la sede parlamentaria para responder a las preguntas de todos los grupos. Ha ocurrido esta misma legislatura después de que desde Unidos Podemos se pidiera que citado en la comisión de investigación parlamentaria que investigó el uso partidista del Ministerio del Interior durante la etapa del ‘popular’ Jorge Fernández Díaz.
Más recientemente, antes de las vacaciones estivales, el grupo socialista y los de la derecha de PP y Ciudadanos tumbaron también la creación de una comisión parlamentaria de investigación sobre los negocios y supuestas prácticas irregulares realizadas durante años por Juan Carlos de Borbón, aprovechando su cargo de jefe del Estado. A esta comisión, de haber salido adelante, se habría citado también a Villarejo.
Esta iniciativa parlamentaria partió de las sucesivas informaciones aparecidas en los medios de comunicación a partir de los datos desvelados en las declaraciones realizadas por la comisionista y aristócrata Corinna zu Sayn-Wittgenstein, unida por una estrecha amistad al ahora rey emérito cuando éste era jefe del Estado.
José Manuel Villarejo siguió con atención desde su celda de la prisión de Estremera esas informaciones que reflejaban el contenido de unas conversaciones -grabadas en el domicilio de la polémica empresaria en Eaton Square (Londres), en junio de 2015- en las que, además de ambos, también participaba de forma muy activa el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga, amigo de pupitre de José María Aznar y colocado por el PP al frente de esta compañía cuando aún era pública.
Lo mismo que habrá seguido las últimas conversaciones que salieron la luz la semana pasada, grabadas en un ámbito privado hace nueve años, que tienen como protagonista a la actual ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuando ejercía como fiscal en la Audiencia Nacional.
