Ahora que la regla de gasto va a comenzar a ser negociada por el gobierno del PSOE, los partidos de izquierda intentarán que haya mayor flexibilidad con ella. Esto es, que los hombres de negro de la Unión Europea no puedan más que las necesidades reales y tangibles de la ciudadanía española. En este sentido, las palabras del responsable de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, cobran una viveza mayor que la meramente lingüística. El concejal madrileño ha sufrido en sus propias carnes esa ofensiva que el anterior gobierno del PP lanzó contra los entes locales para restringir el gasto, aunque estos generasen superávit (como sucede en el Ayuntamiento de Madrid). Un Cristóbal Montoro que escondía el desborde en la Administración central bajo su control, pero que exigía ajustes brutales a los ayuntamientos en los servicios primarios de atención.
Tanto PSOE como IU tienen muy presente el municipalismo en su ideario de gestión, por ello Sánchez Mato recuerda al Gobierno de Pedro Sánchez la “imperiosa necesidad de eliminar los devastadores efectos de la regla de gasto y las limitaciones presupuestarias que impiden a las Administraciones Públicas, especialmente a las locales, cumplir con su obligación de atender a la ciudadanía en condiciones”. Se espera con el nuevo gobierno, entienden en la formación de izquierdas, que haya una apertura del gasto en consonancia con la gestión que se realiza.
Un reajuste de la regla de gasto que, sin duda, reconoce el dirigente federal de IU y concejal del Ayuntamiento de Madrid, será negociada desde distintas posiciones, aunque con una deseable capacidad de negociación y acuerdo: “Aunque tenemos posiciones muy diferentes en el diagnóstico y las políticas económicas que se requieren para atender las necesidades de la mayoría social, estamos seguros de que se pueden acordar con el nuevo Ejecutivo del PSOE muchos aspectos de las aspiraciones que persigue el municipalismo”.
Confía Sánchez Mato en que “el amplio conocimiento de la situación que nos consta que posee este Gobierno le permita una actuación enérgica y decidida para eliminar el corsé que limita a los ayuntamientos de nuestro país. Por ello, debe conocer también que Izquierda Unida no cejará en exigir aquellos recursos que permitan una financiación local previsible y estable, además de un marco competencial más amplio que devuelva la autonomía local a las administraciones más cercanas a la gente”. Como recordó hace unos días el portavoz federal, Alberto Garzón, ayudar en lo posible y exigir en aquellos aspectos de izquierdas que el gobierno deje de lado o se vea presionado por el establishment.
El dirigente de IU recuerda que “durante toda la tenebrosa etapa para las corporaciones locales del Gobierno del PP y su aliados de Ciudadanos llegamos a consensos con el PSOE sobre la necesidad de modificar de manera inmediata la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera”. Añade además que “de hecho, la nueva ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sufrió también la asfixia que los continuos ataques de Cristóbal Montoro suponían para las comunidades autónomas. Hay que recordar que Montero llegó a afirmar que no era baladí que las exigencias a Andalucía por parte del Ministerio de Hacienda se produjeran precisamente tras la intervención al Ayuntamiento de Madrid y criticó también la falta de transparencia en la interpretación de la regla de gasto.
Esta regla de gasto impide a las corporaciones locales invertir buena parte sus ahorros en servicios sociales aunque tengan las cuentas saneadas. Hasta ahora Hacienda sólo autoriza a que hagan un uso parcial de los ahorros del año anterior y destinarlos a la denominada “inversión financieramente sostenible”, es decir, la que no genera gastos corrientes o que puede autofinanciarse en los años siguientes. Los ayuntamientos acumulan más de 35.000 millones de euros en depósitos bancarios procedentes de los superávits acumulados en los cinco últimos ejercicios. Desde 2014 tienen la capacidad de destinar parte de estos ahorros a partidas para saneamiento, tratamiento de residuos, alumbrado o vías públicas.
