La Concejala de Izquierda Unida-Verdes, Gloria Martín, ha denunciado que desde 2012 «el Ayuntamiento de Lorca no está cobrando el preceptivo canon a las empresas que explotan canteras en los montes públicos del municipio». Martín ha exigido que se dé a conocer la cuantía que han dejado de percibir las arcas municipales por el aprovechamiento de las canteras ubicadas en el monte de Santa Cruz, la tala de Benito, el estrecho de Almirez y el barranco de Las Loberas, todas en la diputación de Zarcilla de Ramos. El canon de aprovechamiento anual está fijado en una media de 21,18 euros por metro cúbico extraído. El 15% de lo ingresado por este concepto ha de ser reinvertido en el mantenimiento de los montes públicos y el restante 85% debe ser ingresado en las arcas municipales.
El problema surgió tras caducar los títulos justificativos de las explotaciones y no tramitarse nuevas concesiones administrativas por parte de la Comunidad Autónoma, por lo que, «desde hace un lustro, la actividad extractiva es ilegal y gratuita para esas empresas que no han ingresado dinero alguno por extraer materia prima de suelo municipal».
Por ello, Martín ha solicitado «el cese cautelar de la actividad hasta su regularización, al tiempo que ha vuelto a exigir la convocatoria urgente de la comisión municipal de control sobre esta cuestión, que se ha reunido una única vez -con motivo de su constitución- sin que nunca hayan llegado a hacerse públicos el censo de canteras, los datos sobre cantidades extraídas, su impacto sobre el medio ambiente o la riqueza que genera para el municipio».
A todo ello hay que añadir «el deterioro sin control de los montes públicos». Por ello, Martín pidió la realización de una investigación sobre los incumplimientos referidos a restauración medioambiental de las zonas explotadas para que se exijan las responsabilidades oportunas a las empresas. “Se está esquilmando el patrimonio paisajístico y natural del municipio sin que el Ayuntamiento perciba compensación alguna y sin que ni siquiera se acometan planes de reforestación y de recuperación ambiental a los que están obligadas por ley”, dijo.
En ese sentido, Martin también abogó porque se suscriban nuevos convenios con las empresas explotadoras –la mayoría foráneas– que incorporen cláusulas de responsabilidad social por la cual éstas contribuyan al desarrollo económico y social en las zonas donde desarrollan su actividad.
Martín citó como ejemplo el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) que ha firmado un convenio por el que el 1,5 por ciento de los beneficios de la producción bruta anual de una cantera ubicada en suelo municipal se destina a infraestructuras públicas. Lo mismo sucede en los municipios de Porreres y Montuïri (Baleares) y en otros lugares del país. Lorca, sin embargo, ni siquiera cuenta con una báscula municipal que certifique la cantidad de mineral extraído, que IU-Verdes también reivindica para poder calcular “sin ninguna sombra de duda” la compensación que debe percibir el Ayuntamiento.
Autorizaciones ambientales en tela de juicio
Gloria Martín también mostró el rechazo de su formación política a la ampliación de una cantera de materiales calizos en el monte consorciado Venta Osete, en la diputación de La Paca. En la propia declaración de impacto ambiental emitida por la Dirección General de Medio Ambiente se reconoce que la empresa murciana responsable presenta un plan de restauración ambiental insuficiente y ni siquiera ha cumplido la restauración integral de la fase de la cantera en la que ya han finalizado las labores extractivas (sólo pretende repoblar 8 de 28 hectáreas). Una ampliación que, además, afecta al perímetro de protección del yacimiento conocido como Cerro de la Paca, donde se encuentran representados materiales del Jurásico Inferior y Medio con formaciones de calizas y margocalizas que han proporcionado un abundante contenido fósil. En el ámbito geográfico en el que está proyectada la actuación extractiva se han identificado hábitats de interés comunitario y especies incluidas en el Catálogo Regional de Flora Silvestre Protegida, además de ser un área potencial de distribución de la tortuga mora.
Por si fuera poco, también se reconoce una posible “situación irregular” de este monte pues aunque existe resolución de la rescisión del consorcio, “no hay constancia de abono del precio de dicha rescisión por lo que puede que no sea efectiva”.
Aunque la Dirección General de Medio Ambiente hace depender la aprobación definitiva del proyecto a la incorporación de las medidas preventivas, correctoras y compensatorias, para Martín, es un hecho que la Administración autonómica es “experta” en hacer “la vista gorda” ante los flagrantes incumplimientos de lo dictaminado en declaraciones de impacto ambiental en toda la geografía de la Región y también en Lorca. Esto es así, a juicio de Martín, porque el Partido Popular y la preservación del medio natural son dos conceptos “incompatibles”. “Para ellos, cualquier metro cuadrado de tierra es susceptible de ser exprimido hasta el agotamiento porque lo que priman son los intereses económicos en detrimento de los derechos ambientales”, concluyó.
