Izquierda Unida ha registrado hoy en el Congreso su Proposición de Ley Integral contra la Pobreza y la Exclusión Social, una ambiciosa iniciativa plasmada en 33 artículos y varias disposiciones, organizados en siete títulos, que desarrollan actuaciones concretas en materia de empleo, sanidad, educación, prestaciones sociales, vivienda, suministros mínimos vitales, vivienda o contra la exclusión en el ámbito rural. El portavoz parlamentario de Izquierda Unida, Alberto Garzón, junto a la diputada y coordinadora de la iniciativa, Eva García Sempere, y el responsable federal de Políticas Económicas de esta misma formación, Carlos Sánchez Mato, se han encargado de presentar esta mañana en el Congreso de los Diputados la que ya es la propuesta más amplia registrada hasta ahora por cualquier formación en este ámbito de actuación.
Asistieron e intervinieron también portavoces de distintas asociaciones, grupos y colectivos que representan a la sociedad civil y que han contribuido a la redacción final de la proposición en los últimos ocho meses de intenso trabajo por todo el Estado. Por ello, Garzón y García Sempere coincidieron en señalar que “esta no es una propuesta de IU, sino de todos y todas quienes han contribuido a su elaboración”.
“En Izquierda Unida trabajamos las leyes de forma muy intensa y a partir de la mejor base posible. Sólo de esta forma, viajando por todo el Estado y con la imprescindible colaboración recibida, hemos podido enriquecer con una perspectiva muy concreta una ley en principio mucho más abstracta” especificó su coordinador federal. Garzón señaló que “no hay democracia sin libertad y no puede desarrollarse la libertad en la pobreza”, y apostilló que “un país como España no puede mantener una laguna” en una cuestión tan importante como ésta. Ilustró su indiscutible gravedad con dos simples pinceladas: “los 12 millones de personas que hay en nuestro país en riesgo de pobreza, que incluyen a 1 de cada 3 menores y jóvenes”.
Denunció que esto ocurre en un contexto de “crecimiento económico desigual e injusto”, que resulta mucho más doloroso sabiendo que “se podría cambiar, ya que hay recursos y posibilidades técnicas para hacerlo, aunque el problema es de voluntad política. Es así de sencillo”. El máximo responsable de IU reconoció que “estamos esperanzados de que esta ley pueda salir adelante” con un apoyo mayoritario de los grupos, para lo cual explicó también que “ya se la hemos hecho llegar al Gobierno para que la conozca” y facilitar así el debate y la negociación.
Eva García Sempere centró su intervención, principalmente, en explicar cómo se había llevado a cabo este proyecto “durante ocho meses de duro trabajo”. Ella y un equipo multidisciplinar de técnicos de IU recorrieron buena parte de las comunidades autónomas para llegar al fondo de distintas formas de exclusión y “tratar de que se puedan visibilizar todas las caras de la pobreza, que se visibilice lo más invisible”. Todo ello llevó a contactar con menores no acompañados llegados a Melilla, personas que viven en infraviviendas sociales en Castilla-La Mancha, familias en clara exclusión social en zonas urbanas concretas de capitales andaluzas o la posibilidad de ver en toda su dimensión la “despoblación en el mundo rural, pero también cómo se le hace frente con éxito”, porque “no es posible combatir igual la pobreza en todos los sitios, en el ámbito rural o el urbano”.
La proposición de ley regula, por ejemplo, la garantía del derecho al acceso a los suministros básicos de agua potable, gas o electricidad a personas y unidades familiares en situación de pobreza o exclusión social. Fija unos mínimos de consumo vitales y un sistema público de precio social, mandatando al Gobierno para hacer un Plan concreto contra la pobreza energética. “Estos mínimos están regulados en algunas comunidades autónomas, pero no queda demasiado claro y hay casos en que se ha tenido que llevar al Tribunal Constitucional” explica García Sempere, por lo que apuesta por que “se especifique” bien a sus beneficiarios.
La diputada de IU cifró también en cerca de 40.000 las personas sin hogar en todo el Estado. Desde una óptica distinta denunció también la situación que sufren “las personas trabajadoras pobres, que van a diario a trabajar pero que viven en plazas y parques porque no les da para acceder a una vivienda”. Aseguró que ahora se podía observar esta situación con nitidez en personas que, por ejemplo, acuden a ocupar empleos temporales en las Illes Balears y que forman parte de una pobreza “invisibilizada”.
El responsable federal de Políticas Económicas de Izquierda Unida, Carlos Sánchez Mato, desgranó algunos de los puntos de los “siete ejes fundamentales y significativos” de los que consta la ley. Apuntó así a la importancia de “crear empleo desde lo público para poder blindar un salario mínimo en lo privado” o de, como propugna la Unión Europea, “invertir de forma decidida en la infancia para romper con la desigualdad de manera efectiva”.
Sánchez Mato señaló también la obligatoriedad de “eliminar el factor de sostenibilidad de las pensiones” o de hacer frente a “las claras desventajas existentes en educación, en temas como la gratuidad del transporte, los comedores o el acceso a los materiales escolares”. Reconoció que habrá quien “tilde esta proposición de ley de voluntarista”, aunque señaló que “pese a que supone un aumento del gasto público, es perfectamente posible afrontarlo sólo igualando el nivel de ingresos medio de la Unión Europea, del que ahora estamos nueve puntos por debajo”.
