Quien fuera monarca en la etapa final de la dictadura y la democracia, Juan Carlos de Borbón, se ha visto nuevamente envuelto en circunstancias extrañas, presuntamente corruptas, las cuales salpican directamente a su hijo, el actual jefe del Estado español, Felipe de Borbón. Las noticias sobre una donación de 65 millones de euros a su ex-amante Corinna zu Sayn-Wittgenstein (o Larsen que ahora le han “desnobilizado”) y a su hijo, que provendrían de unas comisiones arrancadas a Arabia Saudí, están en las páginas de todos los medios europeos. Incluso en la derecha mediática española se ha levantado la veda y se publican con todo tipo de detalles los movimientos monetarios corruptos del otrora bonachón. Y si la derecha mediática, especialmente la más panfletaria, no para de aportar datos y noticias es porque la situación ha tornado inasumible para un país que se vanagloria de ser democrático.
Una auténtica red mafiosa la constituida desde la jefatura del Estado para enriquecerse y que se ha conocido con datos, porque las sospechas sobre los dineros entregados por los empresarios que conseguían contratos en Arabia Saudí, en Marruecos y otros lares por acción de Borbón siempre se han comentado en el “todo Madrid”, gracias a los líos de faldas. Da igual que su ex-amante, ampliamente beneficiada con ese dinero corrupto que ayudó a conseguir, le quiera denunciar por amenazas, eso no deja de ser parte de la acción mafiosa de los personajes que están en el asunto. Lo verdaderamente importante es que el ex-jefe del Estado debería pasar por el juzgado al haber cometido acciones tipificadas como delitos en España. Da igual que haya sido monarca, que hiciese caso de las potencias europeas para lograr que España dispusiese de una democracia (con todas sus limitaciones), que haya sido siempre muy simpático, porque al final lo que cuenta es que sus actos han estado marcados por la corrupción y el interés propio. Tenía la vida resuelta para él y su familia, más con todo el apoyo de la prensa y la clase dominante, pero su codicia le pudo y pensando que estaba protegido como los monarcas taumatúrgicos del pasado se lanzó a arramplar con todo el dinero que pudo. Manuel Prado y Colón de Carvajal, su amigo del alma, le ayudó todo lo que pudo en mover esos dineros por inversiones y paraísos ocultos.
Ahora resulta que la dirigencia política afirma que es inviolable haciendo un uso retorcido de la constitución. El artículo 56.3 de la Constitución afirma lo siguiente: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2”. Leído así, sin más, parecería que cometiese el acto que fuese nadie podría actuar contra su persona, incluso si cometiese una violación. Pero no es así, sino que los actos a los que se refiere la Constitución son aquellos, de orden político y representativo, que se establecen en el artículo 62. Por eso en el artículo de la inviolabilidad del rey se deriva al artículo 64 y 65.2. Nadie puede acusar al monarca de los actos políticos que cometa pues, al fin y al cabo, son refrendados por el Gobierno o el Congreso. Pero no se dice nada de inviolabilidad en el caso de cometer delitos, por eso la fiscalía tienen en tiempo muerto este caso, del tipo que sean. No puede matar sin condena, como no puede robar sin la misma.
No se entienden las declaraciones de Adriana Lastra hablando de la no cabida “constitucionalmente hablando” de una comisión sobre los tejemanejes del Borbón. Si aquellos actos, en el uso y ejercicio del poder, no fueron refrendados por el Gobierno, claro que tienen cabida porque hubo un abuso de poder como poco. Si aquellos actos fueron privados, que lo fueron, pero utilizando su posición de poder para lograr un beneficio mediante el cobro de comisiones, claro que se puede celebrar una comisión congresual. Al fin y al cabo, tan sólo sería una investigación de la representación de la soberanía popular que no tendría causa penal, que va por otro sitio. “Es simplemente leerse la Constitución y saber que el Rey es inviolable” ha dicho Lastra. El problema es que sólo lo es en términos de acción política derivada del Gobierno. Es verdad que hay que leerse la Constitución, pero hay que hacerlo y entenderlo. O lo que es lo mismo, hay que leerla con cierto conocimiento del articulado referido a la corona. Si hasta la prensa de derechas está alarmada y pone en cuestión la moralidad del emérito ¿a qué viene protegerlo?
Juan Carlos de Borbón, por lo que se conoce hasta el momento, debería ir a la trena (aunque por edad no entraría), debería acudir como acusado a los tribunales, debería demostrarse que ser monarca en España no es más que una cuestión de imagen, que el jefe del Estado es un ciudadano más respecto a sus acciones personales. Y si ha traspasado dinero a su hijo y éste no lo ha declarado a Hacienda, al banquillo también. Son miles de personas las que se las ven y las desean con el ministerio de los dineros, sufriendo embargos de nóminas o de todo el dinero disponible si se es autónomo, por deudas menores debidas, en muchas ocasiones, a las circunstancias económicas del país (esas Administraciones que pagan tarde o empresas que tienen falsos autónomos a los que se les paga tarde). La borbonada no tiene ningún privilegio, al menos no lo debería tener, por encima de sus conciudadanos. El Gobierno de la izquierda, más viendo cómo está reaccionando la derecha mediática, debe tomar la delantera y defender la igualdad ante la ley. Y si cae la monarquía mejor que mejor, pero al menos el primer paso democrático.
