Cuando se interviene a un banco dentro del espacio de la Unión Bancaria la propia Ley permite varias opciones de cómo resolver dicha entidad. En el caso del Banco Popular se eligió la que más favorecía a los intereses del Santander, entre otras cosas, porque accedía a la totalidad del capital por 1 euro, a un sector como el de las pymes que no confiaba en la entidad cántabra y el incremento del posicionamiento en zonas de España y Portugal donde su presencia era menor a las de sus competidoras. Estos beneficios de una operación que costó un euro fueron reconocidos por el propio vicepresidente del Santander, Rodrigo Echenique Gordillo, en el Congreso de los Diputados.
Las más de 305.000 familias arruinadas del Banco Popular coinciden en su perplejidad ante el hecho de haber perdido todo su dinero de la noche a la mañana y se preguntan si no hubo otra alternativa menos cruel y dolorosa. Los documentos y las informaciones publicadas por Diario16 hacen coincidir a los afectados en que hubo muchas alternativas antes de llegar a la resolución y venta por un euro. Esta es la principal razón de los miles de demandas, querellas y denuncias interpuesta. Si hubo alternativas, ¿por qué no se aplicaron? Evidentemente, porque el objetivo no era otro que sacar al Santander del agujero en el que presuntamente se encuentra y que puede interpretarse de sus propias cuentas anuales de 2.017.
Entre las posibles alternativas a la resolución que contempla la ley —cese fulminante de un consejo de administración que había provocado una crisis de liquidez inédita en España por su gravedad, nombramiento de un órgano de dirección provisional, aportación de mayor liquidez por parte de los organismos públicos, solución privada a través de ampliación de capital o de venta— sólo se llegó a la solución de la resolución, venta en subasta (que se hizo fuera de plazo) por un euro y la pérdida del patrimonio de los accionistas y bonistas. ¿La situación era tan urgente? ¿O la urgencia era de otros y, de ahí, el escenario apocalíptico presentado por Saracho en el Consejo del día 6 de junio para poder tener la aprobación de la declaración de inviabilidad? Por ello ocultó todas las ofertas de ampliación de capital o de venta de activos no estratégicos que tenía sobre la mesa, para generar miedo en los consejeros al no ver alternativas que sí había.
El propio banco HSBC cuestionó el modelo de resolución del Banco Popular e hizo el primer análisis sobre el destino real de los 7.000 millones de euros de la ampliación de capital del Santander. El propio Antonio del Valle acusa al Estado español de vender el Popular a dedo en su demanda de arbitraje en los tribunales norteamericanos.
Por tanto, hubo multitud de alternativas antes de resolver el Banco Popular, opciones que Saracho ocultó al Consejo para dar paso a una intervención que se cerró con la subasta y la amortización del valor de las acciones, del patrimonio de más de 305.000 familias, porque esa era el modelo que más favorecía al Santander. No en vano, fue Uría y Menéndez, el bufete de cabecera de la entidad presidida por Ana Patricia Botín, quien impuso su criterio a la hora de decidir el modelo de resolución y, tanto la JUR como el FROB, lo aceptaron.
