Gabriel Amat, presidente de la Diputación de Almería y alcalde de Roquetas de Mar, se halla investigado en multitud de causas judiciales que, casualmente, han sido declaradas complejas en su totalidad. Un 100%. La más antigua de ellas, la Trama Amat, data del año 2.011 y su instrucción se produjo a comienzos del 2.012. El resto iniciaron la instrucción en 2.014 y 2.016. En este periodo nos encontramos con el caso Jarquil Verde que investiga la adjudicación realizada por el equipo de gobierno del Partido Popular de Roquetas de Mar a una empresa en la que el yerno de Gabriel Amat era consejero delegado de la misma. Esta adjudicación cuanto menos insólita tenía como objeto la colocación de GPS a las palmeras del municipio roqueteño. La instrucción de estos casos continúa judicializada gracias a la persistencia de la Asociación Mediterránea Anticorrupción y por la Transparencia (AMAyT), eso sí, con retrasos y demoras que tendrían como consecuencia principal la prescripción de algunos de los presuntos delitos por los que se imputa a Gabriel Amat, a pesar de no querer este hecho ser reconocido por los órganos judiciales involucrados aun teniendo constancia de ello debido a las constantes quejas presentadas por la acusación popular ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia Provincial de Almería y la Fiscalía.
Una de las tácticas utilizadas por la Fiscalía Provincial y/o los jueces instructores de los distintos procedimientos es la de solicitar la imposición de querellas y fianzas desorbitadas para así, en la mayor medida posible, evitar la personación de la acusación popular ejercida en todas las causas por AMAyT.
Uno de los ejemplos de estas demoras en la Trama Amat —que además de su causa principal ya cuenta con 25 piezas separadas, a parte de otras 11 pendientes de abrir desde hace más de un año— es el informe sobre la falsedad y ocultación premeditada en las declaraciones incompatibles de Gabriel Amat presentadas por el Ayuntamiento de Roquetas de Mar y la Diputación de Almería, donde ha venido ocultando que las empresas que son de su propiedad, así como las actividades a las que se dedican, son incompatibles con el ejercicio de la política siempre y cuando éstas se hallen vinculadas con actividades relacionadas con el urbanismo, la promoción inmobiliaria, la construcción, etc. Amat siempre ha declarado que sus mercantiles sólo tenían como objeto las actividades vinculadas con la agricultura y la compra-venta de vehículos. Las investigaciones de la Udyco de la Costa del Sol, la Agencia Tributaria y los informes-certificados del secretario del Ayuntamiento de Roquetas demuestran que esa afirmación no es del todo cierta puesto que en la documentación citada queda reflejado a la perfección que todas las actividades mercantiles de Amat están vinculadas o relacionadas con el urbanismo.
En este sentido, hay que recordar que el presidente del Partido Popular de Almería se auto adjudicó, con dinero público, la compra de turismos por parte del Ayuntamiento de Roquetas a su concesionario. Este hecho demostraría la incompatibilidad de sus actividades empresariales.
Ante esto, la jueza María del Mar Alejo Rico, que fue sustituida por Otilia Fornieles Melero, requirió a la Administración General del Estado que se pronunciase sobre las incompatibilidades de Amat. Tras haber reclamado la Administración en varias ocasiones esos certificados de incompatibilidades y de bienes del presidente del PP de Almería al juez instructor, éste, tras dos años, ha contestado que no es competente para emitir dicho informe. Por tanto, la Justicia «ha necesitado» dos años para determinar su incompetencia. Los distintos jueces que han instruido la Trama Amat continúan sin pronunciarse sobre a quién deben solicitar dicho informe tras más de tres años desde que se acordó la práctica de estas diligencias.
La mano de Amat en el Partido Popular y en los mecanismos o instituciones del Estado dependientes del partido conservador es amplísima. Presuntamente ha utilizado para ello a políticos respaldados por el alcalde de Roquetas para ocupar determinados puestos clave. Hay un hecho que no hay que olvidar. Además de todo su poder institucional y de la presidencia del PP de Almería, Amat es el presidente regional del Comité Electoral del Partido Popular, es decir, que él tiene la última palabra a la hora de determinar quién ocupa los puestos clave en las listas de cara a las elecciones andaluzas, municipales o generales.
Al Partido Popular no le interesa, ni puede permitirse bajo ningún concepto que salte un escándalo a nivel nacional en Almería como los de Valencia, Castellón, Alicante, Murcia y, más recientemente, Jaén, especialmente en Andalucía, porque terminaría de reventar definitivamente todo el partido conservador a nivel nacional. La Trama Amat llegaría hasta las mismas puertas del PP en Sevilla y en la calle Génova de Madrid. Por eso, Almería, judicialmente hablando, se encuentra secuestrada cuando de políticos, como en este caso, se trata.
Las vinculaciones de Amat con la Junta de Andalucía, especialmente con la Consejería de Justicia, siempre han sido inmejorables, al igual que con los diferentes ministros del ramo. Baste recordar un artículo publicado por el Diario de Almería el 23 de noviembre de 2.016:
Tampoco se puede olvidar la visita del entonces ministro Rafael Catalá a Almería, en plena campaña electoral y estando imputado Gabriel Amat, que, casualmente, coincidió con el archivo, pocos días después, de la causa por el Caso La Fabriquilla, tal y como informó Diario16. En este caso el informe del fiscal era demoledor ya que, entre otras cosas, afirmaba que «no se creía de lo declarado por el señor Amat en sede judicial». A pesar de ello, el sobreseimiento provisional fue declarado firme por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Almería. El ponente fue el Magistrado José María Contreras Aparicio.
La Justicia se harta de Amat y advierte de registros policiales en la Diputación de Almería
