La sentencia del Juzgado de Fuengirola sobre la devolución del dinero que un pequeño accionista había perdido tras la intervención del Popular no ha hecho más que alentar a distintos despachos de abogados —con o sin conflicto de interés con el Banco Santander, que de todo hay—, a presentar la solución para recuperar cuanto antes el dinero de los afectados en las reclamaciones individuales contra el Grupo Santander por el dinero invertido en la ampliación de capital del año 2.016 ya que, según estos bufetes que, en algunos casos, se están aprovechando de la situación límite y de la desesperación en que la intervención del Popular ha dejado a las más de 305.000 familias, proponiendo una solución que, en realidad, no hace sino aumentar los plazos judiciales respecto a otras vías que, en principio, son más efectivas y que apuntan contra los verdaderos responsables del Caso Banco Popular: el Santander y el Consejo de Saracho. La versión que dan estos bufetes en presentaciones realizadas en salones de hotel se sustenta en que el Popular no presentó la información correcta al mercado para, de este modo, captar los 2.500 millones de la ampliación.
Los argumentos presentados por el Juzgado de Primera Instancia de Fuengirola son los mismos que utilizó el Tribunal Supremo para la salida a bolsa de Bankia y, tal y como ya hemos demostrado en este medio, no son casos paralelos la entidad rescatada y el Banco Popular.
Sin embargo, tal y como hemos demostrado en Diario16 cuando analizamos el plan de negocio presentado en ese año 2.016 y los movimientos del Ministerio de Economía de Luis de Guindos para frenarlo tras el anuncio de la presidencia de Saracho, la ampliación de capital no es la causa de la situación que llevó al Banco Popular a ser intervenido y malvendido por un euro al Santander. Del mismo modo, tampoco tiene nada que ver con el caso de la salida a Bolsa de Bankia.
Hay que tener en cuenta diferentes aspectos para entender lo afirmado anteriormente y, sobre todo, para comprender el comportamiento impropio de letrados y medios de comunicación que parten con un prestigio que hace incomprensible que busquen las razones de la caída del Popular donde no se hallan arrastrando a los afectados a un laberinto judicial que no se merecen.
En primer lugar, hay que recordar que el Banco Popular era una entidad con casi un siglo de historia y que estaba sometido a la disciplina del mercado por su cotización en Bolsa. Este hecho provoca que, por ley, tenga que estar sometido a auditorías externas en cada ejercicio.
Retrocedamos a la presentación de cuentas del ejercicio de 2.015, realizada por PwC y que no tuvo ningún tipo de salvedad. Por la situación en que ya se encontraba el Popular debido a las provisiones que se vio obligado a realizar por los decretos Guindos-1 y Guindos-2 y a la exposición , a fecha de 31 de marzo de 2.016, los gestores de la entidad solicitaron una segunda auditoría para refrendar la transparencia de las mismas. Dicha auditoría de PwC tampoco tuvo ningún tipo de incidencia.
Este punto es importante porque en muchos casos se está confundiendo a los afectados. Las cuentas que tuvieron que ser revisadas no fueron las de 2.015 sino las de 2.016 y dicha revisión, que Saracho afirmó que no tenía importancia, venía provocada por movimientos del Banco del segundo semestre, es decir, posteriores a la ampliación.
¿Cómo se gestionó la ampliación? La ejecución de ésta fue todo un éxito. Diferentes bancos de inversión internacionales se comprometieron con el Popular a colocarla por tres veces su importe. Sin embargo, el banco se vio obligado a reducir el numero de bancos aseguradores porque, tratándose de una ampliación con derecho de suscripción preferente sólo debían asegurar los 2.500 millones ofrecidos a los accionistas. Un dato importante: entre los bancos aseguradores estaban el BBVA y el Santander.
Hubo sobredemanda. Los accionistas suscribieron la totalidad de la ampliación a pesar de que hubo peticiones por encima de lo ofertado que no pudieron atenderse. Este dato puede comprobarse en los diversos hechos relevantes publicados por el Popular en la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Posteriormente a la ampliación se produce un hecho que es fundamental para entender por qué la ampliación de capital del Popular no fue la causa de la intervención ni de la ruina de más de 305.000 familias: la entidad superó los test de estrés del Banco Central Europeo sin ningún problema en todos los escenarios, el estándar y el estresado. ¿Por qué es importante este hecho? En esos test de estrés, por una cuestión metodológica, no se tomó en cuenta el importe de la ampliación. Por tanto, si se hubiera tenido en consideración, los resultados hubieran sido mucho mejores.
