Los abusos a los que fueron sometidas las temporeras del campo de Huelva han llegado a los tribunales. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha abierto diligencias a raíz de la denuncia interpuesta por diez trabajadoras inmigrantes que denunciaron ante la Guardia Civil presuntos abusos laborales y sexuales en una finca de la provincia de Huelva a la que acudían a trabajar con contrato en origen para la recolección de frutos rojos como la fresa, según publica El Confidencial Andaluz, que cita el auto al que ha tenido acceso La Mar de Onuba. En concreto, Pedraz ha ordenado la apertura de diligencias contra la empresa que contrataba a las mujeres y “contra cuantas personas, físicas y jurídicas, puedan ser responsables penales o civiles por los hechos que se relatan y que se irán determinando a lo largo del procedimiento”.
Las denunciantes, inmigrantes marroquíes, comparecieron el pasado mes de junio ante los medios de comunicación a las puertas de la Inspección de Trabajo de Huelva, junto al diputado nacional de Podemos Diego Cañamero, para explicar por ellas mismas las denuncias que decidieron interponer ante la Guardia Civil en El Rocío (Huelva). Los letrados de la Asociación de Usuarios de la Administración de Justicia apoyan a las víctimas de las extorsiones alegando “presuntos delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad”.
Cuatro de las víctimas han relatado supuestos abusos sexuales, llegando incluso a identificar a una persona, y el resto explotación laboral al no cumplirse las condiciones de trabajo. “Así, por ejemplo, la señora J. habla de que uno de los propietarios de la finca llega en una de las ocasiones a llevársela engañada en su coche, buscando una zona apartada donde acometió el forzarla, consiguiendo penetrarla por la vagina con los dedos”, añade la denuncia. Diego Cañamero aseguró en su momento que todas las víctimas han denunciado “con mucho miedo y las hemos tenido que sacar de la finca, las hemos trasladado a un pueblo para pasar la noche y ahora intentaremos que se las proteja para que las denuncias sigan su curso y lleguen a buen puerto».
Se investiga si hubo supuestos delitos de trata de seres humanos en concurso con delitos de lesa humanidad.
Algunas de las afectadas han narrado que el jefe de la finca en la que trabajan “las trata mal”, que en la casa que se les ha ofrecido para alojarse “viven seis personas y faltan muchas cosas” y que “tienen que pagar por tres horas al día de agua y luz que muchas veces no se respetan, hasta el punto de que a veces han llegado del trabajo y no se han podido duchar”.
Los hechos denunciados se recogen en un extenso punto primero del texto, en el que se describe al detalle y se cuestiona la legalidad del modelo de contratación en origen acordado entre España y Marruecos, se revela la alta desprotección y vulnerabilidad de las temporeras durante su estancia en España y se concreta la presunta comisión de delitos contra el contingente de mujeres marroquíes contratadas en la pasada temporada de recogida de fresas.
Entre las infracciones, figuran flagrantes incumplimientos de las condiciones ofrecidas a las trabajadoras a través de Anapec (la agencia gubernamental de Marruecos que gestiona la selección y contratación de los contingentes de mujeres), que derivan en casos de explotación laboral, graves carencias en el alojamiento y limitación de la capacidad deambulatoria de las trabajadoras.
