La Audiencia Nacional, en concreto la Sección 5 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, ha hecho pública una providencia en la que acuerda «la suspensión del curso de las actuaciones en el estado en el que se encuentran hasta la finalización de los procesos pendientes en el Tribunal General de la Unión Europea en los que se ventila la conformidad a Derecho de la decisión de la Junta Única de Resolución de la que trae causa la resolución del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria aquí impugnada, tal y como se ha solicitado en alguno de los escritos de interposición, puesto que aquella constituye el presupuesto esencial de ésta».
Por tanto, la Justicia española adopta la estrategia que los abogados del Banco de Santander plantearon que no es otra que afirmar que los tribunales españoles no tienen competencia para atender las demandas, querellas o recursos del Caso Popular porque «la decisión la tomó la JUR» y deben ser los tribunales europeos los que dicten sentencia. Por tanto, deja desamparos a los afectados.
Estamos ante un caso en el que se dilucidan muchos presuntos delitos porque hay muchos sospechosos implicados, tanto en el ámbito privado como en el ámbito: estafa, prevaricación, cohecho, enriquecimiento ilícito, falsificación de documentos, manipulación del mercado, malversación de fondos públicos, delitos en los que los afectados son españoles o viven en España, por lo que hay que respetar el fuero de los querellantes, demandantes. En segundo lugar, se trata de una empresa española con domicilio social español, por lo que, por mucho que la decisión la tomara la JUR se ejecutó en España.
Si también la Justicia se pone del lado del Santander entonces es que nos encontramos en un país sin ley donde sólo están obligados a respetar los códigos legales aquellos que no pertenecen a las élites e, incluso, dentro de las élites sólo a una parte más privilegiada, la sistémica.
¿Cómo es posible que con las pruebas documentales que ha presentado este medio ante la Audiencia Nacional no se hayan tomado medidas cautelares? ¿Cómo es posible que ante la cantidad de documentos publicados por Diario16 la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía de Delitos Económicos o, directamente, la Fiscalía General del Estado no hayan abierto una investigación u ordenado a las Fuerzas de Seguridad del Estado investigar sobre todo lo ocurrido en el Caso Popular? ¿Por qué, ante la gravedad de los presuntos delitos que se han cometido en el Caso Popular, no se ha tenido la misma diligencia que con otros delitos de similar gravedad y que ha tenido como consecuencia que haya políticos u activistas encarcelados cautelarmente? ¿Por qué aún no se ha llamado a declarar a ninguno de los ya imputados? ¿Por qué aún no se ha llamado a declarar a ninguno de los sospechosos de haber cometido la lista de delitos arriba citada?
Hay un hecho por el que la Audiencia Nacional debería tomar medidas cautelares de inmediato: la carta en la que se comunica al MUR la inviabilidad del banco porque, tal y como ya hemos indicado en Diario16, ese documento no tiene validez partiendo de la base de que no lleva ningún sello y la firma no es la de Emilio Saracho, sino que otra persona, en concreto Joaquín Hervada, secretario del Consejo de Administración, quien firmó esa comunicación imitando la firma de Emilio Saracho porque en ese Consejo de Administración el entonces presidente del Popular terminó su intervención y abandonó la reunión. Ahí es donde se da la falsedad de documento público. Además, ese documento lo único que posee que acredita que es del Banco Popular es el membrete. Partiendo ya de la base de que el documento no es válido, porque es falso, para iniciar nada menos que la intervención de una entidad bancaria, el resto de los argumentos jurídicos que los brillantes abogados del Santander, es decir, de Uría y Menéndez, quedan inhabilitados. Este hecho, esta falsificación de documento público se produce en España y en una empresa española, por lo que la Audiencia Nacional es competente para paralizar de inmediato toda la operación puesto que todo el proceso posterior nace viciado por un documento falso. Sin embargo, la Audiencia Nacional no ha movido aún un dedo más que para poner problemas a los afectados con la misma argumentación del Santander, de la JUR o del Gobierno de Mariano Rajoy.
Al parecer, en España sólo hay justicia rápida cuando se favorece a esas élites, sean económicas o sean políticas. Por tanto, lo que se demuestra con la providencia publicada hoy por la Audiencia Nacional es que la independencia de la Justicia es falsa. En el Caso Banco Popular hay más de 305.000 familias que fueron arruinadas para rescatar al Banco de Santander. Este es el hecho. Le podríamos dar las vueltas que queramos. Los brillantes abogados de Uría y Menéndez podrán realizar las piruetas que quieran para probar que su histórico cliente nada tuvo que ver cuando, en realidad, en Diario16 ya hemos demostrado que sí.
Resulta muy sospechoso que todas las partes implicadas en la operación de acoso y derribo del Banco Popular que finalizó con la ruina de 305.000 familias y con la sexta entidad española convertida en la tabla de salvación de un banco que tenía unas deficiencias de capital de más de 10.000 millones de euros y claras dificultades de liquidez den la misma versión: «la culpa es de la JUR y menos mal que llegó el Santander». La repiten una y otra vez, incansablemente. El propio Santander, el Gobierno, Luis de Guindos, el FROB, el Banco de España, la CNMV, todos dan la misma versión. A ellos se suman los bufetes y abogados que tienen conflicto de interés con el Santander y que, en realidad, están trabajando para la entidad presidida por Ana Patricia Botín desviando la atención de los afectados hacia Europa en vez de realizar un trabajo de defensa que les permita recuperar lo que se les hurtó con nocturnidad y alevosía la noche del 6 al 7 de junio. «Fue la JUR, fue la JUR» repiten incansablemente en los medios de comunicación que no tienen reparos en crear fake news mientras sigan sirviendo a su patrón. Tanta repetición recuerda al principio de orquestación de Goebbels: «La propaganda debe limitarse a un número pequeño de ideas y repetirlas incansablemente, presentarlas una y otra vez desde diferentes perspectivas, pero siempre convergiendo sobre el mismo concepto. Sin fisuras ni dudas. De aquí viene también la famosa frase: «Si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad»». «Fue la JUR, fue la JUR».
Las víctimas del rescate del Santander están desamparadas. A todo esto se une el hecho de que el FROB ha reconocido, al fin, que dispone del informe de Deloitte pero que no lo entrega ni a los afectados, ni a los representantes del pueblo ni, y esto es lo sorprendente, a la propia Audiencia Nacional por una cuestión de que peligra la confidencialidad. ¿Un documento entregado en una institución como la Audiencia Nacional atenta contra la confidencialidad? ¿A dónde está llegando la desfachatez en este país? Hay 305.000 familias afectados, más de un millón y medio de personas si contamos con sus ámbitos familiares o de cercanía y no se entrega un documento fundamental para que los afectados puedan defender ante los tribunales lo que se les quitó con garantías. ¿No es España un país con un sistema judicial garantista? Al parecer, tampoco es así.
