Tal y como informamos en Diario16, la Audiencia Provincial de Oviedo estimó que no está probada la falsedad contable en el lanzamiento de la ampliación de 2016. «No es posible reputar acreditado que los datos económicos y financieros recogidos en el folleto contengan inexactitudes», indicaba la sentencia en referencia a la falsedad contable. Sin embargo, esta sentencia tiene otra lectura desde el punto de vista procesal, sobre todo si nos referimos a la instrucción que el juez Andreu está haciendo del Caso Banco Popular. En la actualidad hay dos vías importantes de investigación: la relacionada con las querellas presentadas contra la ampliación de capital y las que van contra la gestión de Emilio Saracho y el papel jugado por el Banco Santander. La Audiencia Provincial de Oviedo, en su sentencia, indica a Andreu hacia dónde debería apuntar sus esfuerzos, además de dejarle en mal lugar tras la admisión a trámite de querellas orientadas a culpar de la caída del Popular a una presunta falsedad contable que quienes, por una razón u otra, pretenden centrar la búsqueda de responsabilidades en los gestores que lanzaron la ampliación de capital de 2016.
Tanto el BCE, la JUR, Deloitte, el Banco de España, la CNMV o el propio Santander han dejado claro que la caída del Popular fue causada por una grave crisis de liquidez iniciada en el segundo trimestre de 2017, es decir, durante la gestión de Emilio Saracho. ¿Esto no lo está teniendo en cuenta Andreu? La Audiencia de Oviedo se lo ha dejado claro. ¿A qué está esperando el juez de la Audiencia Nacional para llamar a declarar a Emilio Saracho? Su instrucción está generando que se ponga en duda a la propia Justicia española que ya está bastante tocada por la actuación del Tribunal Supremo con el Procés, algo que está poniendo en peligro a la propia democracia española porque los ciudadanos tienen al tercer poder como el lugar donde protegerse de los abusos del poder. Un ejemplo de las dudas en la Justicia lo tenemos en Andorra, un pequeño país que va a procesar a los ex ministros venezolanos que se enriquecieron con la corrupción de PDVSA, mientras en España se les protege cuando están realizando grandes inversiones, comprando empresas de todos los sectores, con el dinero procedente del expolio al pueblo venezolano o se les llena de prebendas políticas y empresariales, tal y como ocurre en Ávila cada vez que Rafael Ramírez se hospeda en el mejor hotel de la capital abulense. ¿Cuándo va a actuar la Justicia contra estos venezolanos corruptos que, por cierto, están perseguidos por países como Estados Unidos?
Por otro lado, sentencia del máximo órgano judicial asturiano deja también en mal lugar tanto a algunos despachos de abogados como a algunas plataformas lideradas por grandes accionistas que han perdido mucho dinero, como el señor Revuelta.
En referencia a los despachos de abogados, nos encontramos a dos tipos que quedan en evidencia con la sentencia de la Audiencia de Oviedo. En primer lugar, los que tienen conflicto de interés con el Santander y se lo ocultaron a las decenas de miles de afectados que acudieron a ellos. El caso más significativo de este tipo de bufetes es Cremades & Calvo Sotelo quien creó una plataforma con gran aceptación entre los arruinados del Popular por el prestigio del despacho, pero ocultándoles que tenía conflicto de interés con el Santander, algo que reconoció en Almería. Esto podría ser calificado de una presunta irregularidad y, según ha podido saber Diario16, varios afectados están planteándose demandar a Cremades por este motivo. Esta ocultación podría ser lícita pero, desde luego, no es ética porque se jugó con la desesperación de quienes lo perdieron todo en la madrugada del 7 de junio. Por cierto, ¿es casualidad que sea Cremades quien defienda los casos espurios de los bolichicos venezolanos que viven en Madrid y que son socios tanto del ex presidente de PDVSA como de sus familiares corruptos y que, igualmente, están cercanos, incluso, al Banco Santander? No existen casualidades de esta índole y tendremos tiempo de demostrarlo publica y jurídicamente.
En segundo término, nos encontramos con ciertas plataformas encabezadas por grandes accionistas que han perdido varios millones de euros por la resolución del Popular que han pretendido captar a afectados con el argumento de la falsedad contable y la ampliación de capital de 2016. La sentencia de la Audiencia de Oviedo ha destrozado su estrategia, no sólo por dejar muy claro que esa presunta falsedad no está demostrada, sino en que el paralelismo que pretendieron realizar con el Caso Bankia está injustificado. El caso de la plataforma de Félix Revuelta es significativo. Pretendieron llenar los juzgados de demandas civiles para que el Gobierno se sintiera presionado como ocurrió con Bankia. La Audiencia de Oviedo ha destrozado esta estrategia. Además, deja en evidencia las plataformas de accionistas minoritarios lideradas por grandes accionistas. Estas uniones de afectados deben estar encabezadas por iguales porque, en proporción, el señor Revuelta ha perdido menos que un pequeño empresario, un trabajador del banco o un pensionista.
