La bomba que destruyó un edificio residencial en Saná y que mató a 16 civiles e hirió a otros estaba fabricada en Estados Unidos, tal y como ha revelado Amnistía Internacional.
Un experto en armas de la organización de defensa de los derechos humanos que analizó los restos de la bomba encontró marcas claras que coincidían con piezas de fabricación estadounidense utilizadas habitualmente en bombas aéreas guiadas por láser.
El ataque aéreo alcanzó un grupo de casas en Saná, causó graves daños en tres de ellas y mató a siete niños y niñas. Otros ocho niños resultaron heridos.
Lynn Maalouf, directora de investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio, ha afirmado que «no hay explicación que Estados Unidos u otros países como Reino Unido o Francia puedan ofrecer para justificar el flujo constante de armas hacia la coalición encabezada por Arabia Saudí para su uso en el conflicto de Yemen. En los últimos 30 meses, esta coalición ha cometido, una y otra vez, graves violaciones del derecho internacional, con consecuencias devastadoras para la población civil».
Después de examinar los testimonios fotográficos proporcionados por un periodista local que extrajo los fragmentos restantes de la bomba en el lugar del ataque, el experto en armas de Amnistía Internacional pudo identificar con seguridad la placa de datos de un grupo de control informático MAU-169L/B de fabricación estadounidense. En 2015 el gobierno estadounidense autorizó la venta a Arabia Saudí de 2.800 bombas guiadas que estaban equipadas con el grupo de control informático MAU-169L/B, entre ellas las bombas guiadas GBU-48, GBU-54 y GBU-56, según la Agencia de Cooperación en Seguridad para Defensa.
Amnistía Internacional ha exigido la aplicación inmediata de un embargo total para garantizar que no se suministran a ninguna parte del conflicto de Yemen armas, municiones, equipos militares o tecnología que puedan usarse en el conflicto. Se necesita urgentemente una investigación independiente e imparcial sobre las presuntas violaciones del derecho internacional, y que todos los responsables de delitos de derecho internacional comparezcan ante la justicia en juicios justos.
Vidas devastadas para siempre
La coalición encabezada por Arabia Saudí lanzó los devastadores ataques hacia las dos de la madrugada en Faj Attan, una zona residencial de Saná. Ali al-Raymi, de 32 años, perdió a su hermano, Mohamed al-Raymi, su cuñada y sus cinco sobrinos y sobrinas, de entre dos y diez años. La única superviviente fue su sobrina Buthaina, de cinco años.
La coalición encabezada por Arabia Saudí ha admitido haber lanzado el devastador ataque, pero afirma que las víctimas civiles fueron consecuencia de un «error técnico». La coalición afirma que atacó un “objetivo militar legítimo”, que pertenecía a las fuerzas huzíes y pro Salé. Según los residentes locales, uno de los edificios de la zona era frecuentado por un individuo alineado con los huzíes, algo que no ha sido confirmado.
Sin embargo, aunque hubiera objetivos militares en las cercanías, el derecho internacional humanitario prohíbe los ataques desproporcionados, incluidos los que tienen probabilidades de matar o herir a civiles.
El portavoz de la coalición de Arabia Saudí también declaró que el caso se había remitido al Equipo Conjunto de Evaluación de Incidentes de la coalición para ser sometido a investigaciones ulteriores. Hasta el momento, no constancia de que ningún miembro de la coalición haya tomado medidas concretas para investigar, tomar medidas disciplinarias o iniciar procesamientos contra personas sospechosas de ser penalmente responsables de crímenes de guerra, según confirma Amnistía Internacional.
«El total desprecio de la coalición por las vidas civiles, así como su falta de compromiso de llevar a cabo investigaciones efectivas, pone de manifiesto la necesidad de una investigación internacional independiente que examine las presuntas violaciones del derecho internacional», manifestó Lynn Maalouf, añadiendo que «resulta vergonzoso que, en lugar de hacer que la coalición rinda cuentas de sus actos en Yemen, los aliados clave, incluidos Estados Unidos y Reino Unido, hayan seguido suministrándole enormes cantidades de armas».
Desde febrero de 2016, Amnistía Internacional ha instado a todos los Estados a garantizar que no se suministran –ni directa ni indirectamente– a ninguna parte en el conflicto de Yemen armas que puedan ser utilizadas en el conflicto. También ha pedido reiteradamente que se lleve a cabo una investigación internacional independiente sobre todas las presuntas violaciones del derecho internacional cometidas por todas las partes.
Según el informe anual sobre Yemen de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), 1.120 niños y niñas han muerto y 1.541 han sufrido heridas desde que se inició el conflicto en marzo de 2015. Tan sólo en el último año, más de la mitad de estas víctimas infantiles se atribuyeron a ataques aéreos de la coalición.
Las fuerzas huzíes y pro Salé, así como las fuerzas anti huzíes sobre el terreno, también han cometido violaciones del derecho internacional humanitario y abusos contra los derechos humanos. Según la OACNUDH, las fuerzas huzíes y anti Salé son responsables de la mayoría de las víctimas infantiles causadas por los combates sobre el terreno, por los bombardeos y por las minas antipersonas, cuyo uso está prohibido.
