Pagar el alquiler se ha convertido en una carga inasumible para miles de españoles. La burbuja de los alquileres, un problema endémico que el país ha heredado de las políticas inmobiliarias especulativas de Mariano Rajoy, está asfixiando a buena parte de la población que sin trabajo y sin ingresos ve cómo no puede afrontar el pago de la cuota mensual, que se ha disparado en las grandes ciudades. Así, el número de desahucios practicados en España ha aumentado un 1,7 por ciento en el segundo trimestre de 2018, en buena medida por los impagos de los alquileres, según datos que el Consejo General del Poder Judicial recoge en su informe Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales.
Según el Poder Judicial, el aumento de los lanzamientos totales por desahucio es consecuencia directa del incremento del 6,1% que han experimentado los derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) por impagos de alquiler. Durante el periodo analizado, se produjeron 10.491 lanzamientos por este motivo, que en términos porcentuales supone un 61,2% del total de desahucios del trimestre. Por contra, los lanzamientos derivados de ejecuciones por impago de hipotecas fueron 5.672 (33,1% del total), cifra que supone una disminución del 8,5%. Los 989 lanzamientos restantes (que representan el 5,7% del total) derivan de otras causas.
En el primer lugar en el ranking de lanzamientos por impago de alquileres aparece Cataluña, con 2.589 (24,7% del total nacional); seguida por Madrid, con 1.467; Andalucía, con 1.419; y la Comunidad Valenciana, con 1.212. En cuanto a los derivados de ejecuciones hipotecarias, la clasificación la encabeza Cataluña, con 1.181; seguida por Andalucía, con 1.132; Comunidad Valenciana, con 959; y Murcia, con 528.
La situación de los alquileres en España se ha convertido en angustiosa para muchas familias, precisamente en un país donde sus ciudadanos destinan el tercio de sus ingresos –un 8 por ciento más que el pasado año– a pagar la mensualidad del contrato de arrendamiento o la hipoteca por la vivienda que habitan. El precio del alquiler se ha disparado hasta un 47 por ciento en algunas ciudades y encontrar un piso barato asequible (menos de mil euros al mes) resulta cada vez más difícil en ciudades como Madrid. En los últimos cinco años, los precios han aumentado hasta un 18,6 por ciento de media mientras los salarios crecen un raquítico 0,1%. Ya hasta compartir una habitación, como suelen hacer los estudiantes, se ha vuelto tarea imposible, puesto que alquilar una viene a costar entre 400 y 500 euros al mes.
Este desequilibrio entre la subida disparatada del alquiler y el estancamiento de los salarios ha llevado a España a ocupar el vergonzoso ranking de los países europeos donde la vivienda se come más ahorros de sus ciudadanos. La burbuja es tal que en Madrid y Barcelona un propietario puede pedir hasta 1.200 euros de alquiler cuando hace solo tres años exigía 850 (la subida oscila entre 300 y 400 euros más desde el año 2013).
Las causas de este enloquecimiento del mercado de los alquileres está en la entrada de la banca en el sector para especular (mediante la adquisición de pisos vacíos y su venta a fondos buitre), el alza de los precios en los pisos de temporada o llamados turísticos, la falta de ayudas oficiales y una legislación neoliberal, alejada del intervencionismo estatal, que no regula los precios y los deja al azar de la oferta y la demanda.
El número total de desahucios en España ha sido de 17.152, una cifra que, tras cuatro trimestres de reducciones interanuales, refleja un aumento del 1,7% respecto al mismo periodo de 2017. Por el contrario, las ejecuciones hipotecarias, es decir, los procedimientos iniciados por los bancos contra inquilinos que dejan de pagar sus cuotas mensuales disminuyeron un 6,2%.
Cataluña (con 4.170, el 24,3 por ciento del total nacional) ha sido, con diferencia, la comunidad autónoma en la que se practicaron más desahucios en el segundo trimestre de 2018, seguida por Andalucía (con 2.718), Comunidad Valenciana (con 2.245) y Madrid, con 1.878. Se han observado importantes incrementos en Murcia, en Extremadura y Canarias. Al igual que el trimestre pasado, Galicia ha mostrado una reducción interanual superior al 50%, con seguridad debida a la huelga de funcionarios.
