Un político tiene la obligación de aguantar la crítica de los ciudadanos, también de los periodistas, intelectuales y artistas. Incluso la sátira y hasta la expresión sarcástica más corrosiva. Va en el cargo y en el sueldo, que no es poco. Y no lo dicen solo eminentes expertos en Derecho, sino la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, que han dejado claro que la Constitución española no prohíbe en ningún caso el uso de expresiones “hirientes, molestas o desabridas”. En todo caso, lo que hace es excluir las expresiones “absolutamente vejatorias”, es decir aquellas que, dadas las concretas circunstancias del caso, y al margen de su veracidad o inveracidad, sean “ofensivas u oprobiosas y resulten impertinentes para expresar las opiniones o informaciones de que se trate”. No parece que quemar una fotografía del rey sea una calumnia o un insulto. Puede ser una acción más o menos fea, poco estética o fuera de tono, pero que forma parte del derecho a la libertad de expresión. Así lo ha dejado claro el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) cuando ha condenado a España por imponer una pena de cárcel a dos manifestantes que quemaron una foto de los reyes en el año 2007.
Estamos por tanto, desde el punto de vista legal, ante una forma de expresión crítica contra un cargo político, que a fin de cuentas es lo que es un monarca, un empleado público que vive gracias a los presupuestos generales del Estado, es decir, gracias a los impuestos que pagamos todos los españoles. En ese sentido, el TEDH ya ha dejado claro que ese tipo de actos de protesta forman parte de una crítica “política, más que personal, de la institución de la monarquía en general y en particular a la monarquía española como nación (…) Entra dentro de la esfera de la crítica política o la disidencia y, por tanto, corresponde a la expresión de rechazo de la monarquía como institución”. En ningún momento se está incitando al odio y la violencia, como mantenían hasta ahora los tribunales españoles, sino que es una muestra simbólica de “insatisfacción y protesta”.
La última iniciativa de Unidos Podemos ‒apoyada por el PSOE y los nacionalistas vascos y catalanes‒, de acordar la revisión del Código Penal para eliminar el delito de injurias a la Corona, va en el sentido de ajustarse a las sentencias de la Justicia europea, que de cuando en cuando da un serio tirón de orejas al Estado español por sus últimas sentencias restrictivas a la libertad de expresión, consecuencia directa de la ley mordaza aprobada por el anterior Gobierno del Partido Popular. Si la propuesta legislativa sale adelante, tampoco será delito quemar banderas nacionales ni hacer sátira contra confesiones religiosas, otro retroceso en el que habíamos caído con la anterior legislación de Rajoy, ya que el delito contra los sentimientos religiosos es más propio de estados teocráticos que de democracias modernas y avanzadas del siglo XXI. Que una asociación de corte ultraderechista pueda llevar a los tribunales a un actor como Willy Toledo por soltar una blasfemia –“me cago en Dios, en la Virgen del Pilar y en todo lo que se menea”–, se antoja surrealista, y una sentencia condenatoria contra él será revocada sin ningún lugar a duda en Europa, donde la tradición inquisicional nacionalcatolicista ya solo es un mal recuerdo de los tiempos medievales, cuando se quemaba a los herejes en la hoguera pública por ir contra Dios. En los últimos días, el dramaturgo Carlos Santiago, que en un pregón de Carnaval se refirió a “los huevos del santo”, ha sido víctima de otra querella por parte de la Asociación Española de Abogados Cristianos. Y la caza de brujas continuará si un Gobierno no pone coto a ese exacerbado recorte a las libertades.
Cuestión aparte es el delito de enaltecimiento del terrorismo, que aunque también será reajustado para que actores, músicos y artistas en general no puedan ser perseguidos por sus ideas políticas y sus críticas al poder establecido, seguirá ofreciendo toda la protección jurídica posible a las víctimas que se sientan heridas o atacadas, como han anunciado los ponentes de la iniciativa. Pero el justo amparo a las víctimas no debería ser una patente de corso para algunos jueces y fiscales que en los últimos años, y con la excusa de la ley mordaza, han tenido “barra libre” para perseguir a todo intelectual o artista que se haya atrevido a llevar la libertad de expresión hasta sus últimas consecuencias. Tal ha sido el caso del rapero Valtònyc, que huyó a Bélgica para no cumplir 3 años y medio de prisión por las letras de sus canciones, supuestamente injuriosas contra la Corona y constitutivas del delito de enaltecimiento del terrorismo.
La iniciativa legislativa para modificar los artículos más espinosos del Código Penal saldrá adelante, previsiblemente, con 180 votos a favor frente a 160, de modo que contará con toda la legitimidad y garantías que exige un Estado democrático. Pese a que no guste a la derecha.
