En el Consejo de Ministros celebrado el pasado viernes el Gobierno de Pedro Sánchez acordó solicitar al Consejo de Estado una propuesta de reforma limitada de la Constitución para limitar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del gobierno a hechos que sean consecuencia del ejercicio de su función política, excluyendo de la propuesta todos los delitos relacionados con la corrupción.
Puede parecer que la propuesta del Ejecutivo se queda corta con respecto a las reclamaciones de la ciudadanía en este sentido, sin embargo, hay que poner los pies en el suelo y tener en cuenta los apoyos parlamentarios de los que dispone el Gobierno: 84 diputados.
El pasado martes se celebró un pleno en el Congreso de los Diputados en el que se debatió sobre este tema y se pudo que los cuatro principales partidos no coincidían en ninguna de sus propuestas referentes a los aforamientos. Las propuestas más conservadoras fueron las del Partido Popular y el PSOE —con los matices de cada cual porque la justificación era total mente distinta—. Ambas coincidían en que la inviolabilidad del Jefe del Estado era intocable. Ciudadanos planteó un proyecto de eliminación total del aforamiento para los políticos y planteó negociar lo referente a la inviolabilidad de Felipe de Borbón. Unidos Podemos, por su parte, afirmó que nadie puede tener ningún privilegio respecto al pueblo, Jefe del Estado incluido.
La propuesta enviada al Consejo de Estado para realizar una reforma constitucional limitada es la que realmente puede afrontar el Gobierno los apoyos parlamentarios que tiene, sobre todo por la tipología de reforma constitucional que se pretende realizar. Por tanto, nos encontramos con un buen punto de partida y así hay que tomarlo.
Respecto al tema de la inviolabilidad del Jefe del Estado, a pesar de que la ciudadanía reclame su supresión, sobre todo después del escándalo de las comisiones presuntamente cobradas por Juan Carlos de Borbón que no van a poder ser investigadas porque los hechos se produjeron cuando era inviolable, la no inclusión de la misma en los puntos que deberá tratar el Consejo de Estado tiene que ver, precisamente, con los apoyos parlamentarios puesto que la reforma del estatus de la actual Jefatura del Estado requeriría una reforma constitucional agravada que necesita de dos tercios del Congreso y el número de escaños del Partido Popular —que son totalmente contrarios a modificar cualquier cosa relacionada con la Monarquía— la haría imposible.
Por tanto, y teniendo en cuenta la situación política actual, la reforma propuesta por el Gobierno Sánchez es la única posible. Pero debe ser tomada como un punto de partida para no caer en los errores de la Transición cuando las reformas implementadas eran el mínimo que se podría adoptar en aquellos años y que, pasado el tiempo, deberían modernizarse. Eso no se hizo y se está demostrando que nuestra Carta Magna no cubre todas las necesidades reales del pueblo español. Por tanto, el actual Ejecutivo deberá plantear esta situación como el mínimo posible de cara a reformas más profundas cuando la situación parlamentaria cambie.
La propia tipología de reforma constitucional planteada por el Ejecutivo deja abierto la posibilidad de un referéndum si el 10% del Congreso lo solicita. Para un futuro, este Gobierno debe plantearse la convocatoria de otras consultas que permitan a los ciudadanos elegir sobre los pilares de nuestro sistema político, empezando por la Jefatura de Estado, algo que se le hurtó en 1978. Hay que recordar que la Monarquía también fue refrendada en dos referéndums convocados por Franco en los años 1947 y 1966, es decir, que es la institución que el dictador decidió que le sustituyera a su muerte. En el de la Constitución no se permitió que el pueblo hablara, sino que tuvo que elegir entre democracia con rey o el mantenimiento de las leyes emanadas del franquismo. Esta es la principal asignatura pendiente de nuestra democracia.
Por tanto, Sánchez ha hecho lo máximo que puede hacer y será positivo siempre y cuando haya voluntad de plantearse esta reforma como un punto de partida porque el pueblo quiere que los aforamientos y las inviolabilidades desaparezcan.
