Nadie sabe lo que cobra un juez por una clase de Derecho en Cunef, la universidad patrocinada por la banca. Tampoco se sabe cómo se reparten los beneficios si un magistrado redacta un manual o un libro de jurisprudencia para ese centro docente. La prensa nunca lo ha llegado a divulgar y si lo ha sabido lo ha callado. Un magistrado del Tribunal Supremo no tiene la obligación de rendir cuentas mediante una declaración pública de bienes, como sí hacen los políticos en activo. También se ignora si posee acciones de tal o cual banco, préstamos hipotecarios a bajo interés, fincas o beneficios fiscales. La vida de los jueces suele estar envuelta en una total falta de transparencia cuando no debería ser así, ya que son servidores públicos, funcionarios que cobran un sueldo de los presupuestos generales del Estado, es decir, de los impuestos que pagan los españoles. Algunos de ellos, los del Tribunal Supremo, ostentan un poder casi omnímodo y deberían predicar con el ejemplo de la transparencia. Sin embargo, el oscurantismo rodea a la Justicia, y así no extraña que la ciudadanía haya puesto bajo sospecha a todo el estamento judicial −quizá injustamente porque pagan justos por pecadores−, tras la sentencia de las hipotecas.
La última polémica persigue a esos jueces del Alto Tribunal que imparten clases en el Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef), un centro docente sufragado por la patronal bancaria. Una invitación de este prestigioso colegio para impartir un curso de derecho financiero debe ser una oferta económica difícilmente rechazable para cualquier juez, incluso para uno del Supremo. El Consejo General del Poder Judicial y esta universidad privada firmaron en 2017 un convenio para que los magistrados pudieran dar clases remuneradas en este centro docente. Jueces pagados por la banca: lo que le faltaba a nuestro deficiente sistema judicial para consumar su progresiva y preocupante degradación. Según ese convenio, las partes se comprometen a colaborar “en la organización y desarrollo de acciones formativas a las que asistirán integrantes de la carrera judicial, en el intercambio de las publicaciones derivadas de las actividades docentes y en cualquier otra que sea de interés para ambas partes”. Qué jueces y qué magistrados son los elegidos para participar en los cursos, en base a qué criterios de selección (más allá de la relación de amistad que pueda existir entre los aspirantes a profesor y los organizadores) y cuáles son los honorarios que perciben es algo que nunca trasciende a la opinión pública, como tampoco se conoce el reparto de beneficios derivado de la venta de los libros que forman parte de los cursos y que son firmados por juristas de reconocido prestigio. Que todos hacen negocio allí es lo único seguro.
Lo malo de la falta de transparencia es que daña la imagen de imparcialidad de los miembros del poder judicial, un pilar básico del Estado de Derecho. Existe, porque así lo establece el convenio suscrito entre los jueces y Cunef, una comisión que estará integrada por dos representantes de cada una de las partes (se supone que dos jueces y dos integrantes del centro universitario) y que se reunirá obligatoriamente una vez al año para planificar el calendario de cursos. Esta comisión se encarga también de controlar la aplicación del convenio y de resolver las controversias que puedan surgir entre el personal docente y el alumnado. Curiosamente, según dice el citado convenio, serán los juzgados de lo contencioso administrativo los que resuelvan los litigios que se planteen en el día a día de los cursos, pero aquí surge otra duda: ¿qué pasa si una demanda que tenga que ver con esta especie de universidad patrocinada por la banca llega al Tribunal Supremo y el encargado de resolverla, como ponente, es un magistrado que fue profesor de ese centro académico? La contaminación llevaría a una causa de recusación más que segura.
Según publica la agencia de noticias Colpisa, poco después de firmarse el convenio de marzo, Cunef acogió un curso dirigido a 30 jueces y magistrados sobre contratos bancarios y cláusulas habituales, en el que se analizó la idoneidad del tipo de cliente que solicita un préstamo, la normativa de transparencia y la protección de la clientela. En él se estudiaron contratos que afectan al riesgo de tipo de interés, los contratos en divisas y las hipotecas inversas, justo algunas de las cláusulas que están bajo sospecha y que originan centenares de denuncias interpuestas por víctimas de los bancos cada año. Los jueces y magistrados que tomaron parte en aquel seminario transmitieron a los alumnos sus conocimientos, su experiencia profesional en este tipo de asuntos y, por qué no decirlo, sus trucos del oficio. Información privilegiada para el enemigo. Y todo ello en la casa oficial de la banca, cuyos “oyentes” seguramente tomaron apuntes y buena nota de cómo se ganan los pleitos en el Supremo.
