Es la comidilla en los ambientes políticos y jurídicos de Almería desde hace varios meses. En los cenáculos y barras de tapeo no se habla de otra cosa estos días: la Fiscalía de Almería ha reaccionado y actúa. “Por fin” añaden muchos. Otros siguen pensando que no es bueno que una maquinaria judicial esté demasiado engrasada y funcionando a pleno rendimiento. Incluso el veterano periodista Juan Torrijos, con su contrastado buen olfato ha olido en el ambiente, dejándolo negro sobre blanco escrito en su columna hace unos días de La Voz.
Por otra nadie ha abierto la boca de forma oficial para confirmar el despertar de los fiscales almerienses, pero no hace falta.
Basta con estar atentos a los informes y resoluciones que emiten a diario. Especialmente en causas que parecían intocables estatuas de sal, donde demuestran haberse leído los papeles a conciencia, descubriendo trampas ocultas por los bien remunerados leguleyos que trabajan para el crimen organizado.
En este contexto acaba de saltar a la luz la noticia sobre el traslado que la Fiscalía Superior ha dado a una denuncia presentada en Granada por AMAyT, remitida posteriormente a la Fiscalía de Almería para que evalúe y actúe ante el correspondiente juzgado. En la denuncia, de 84 páginas, acompañada por cerca de cuarenta documentales, llama la atención la aportación de documentos de audio, convenientemente transcritos, que demostrarían, entre otras cosas, la complicidad de sindicalistas en los turbios manejos del servicio de limpieza de la ciudad de Almería. El alcalde del PP, uno de los acusados de enchufismo cuando era concejal, ha salido a defenderse proclamando que todo esto es una campaña para erosionar su imagen. El sabe que no es verdad que esta denuncia lleva rodando en la mente de trabajadores del servicio de limpieza desde hace años, un asunto al que ningún partido quiso meterle mano, hasta que la asociación anticorrupción AMAyT ha dado el paso adelante y formalizado denuncia ante la Fiscalia del TSJA.
Paralelamente se van conociendo detalles del caso HALSA, vivo desde hace cuatro años en el juzgado, y donde se investigan la comisión de posibles delitos de todo tipo, entre otros la financiación ilegal del PP a través de partidas de grandes obras, todo ello manejado en una doble contabilidad.
La causa es compleja, va lenta y empieza a ser abultado el material documental que se acumula.
En el tema Halsa apareció una importante cantidad de “recibís” originales con supuestos pagos a funcionarios municipales de Roquetas, políticos del PP (y alguno del PSOE) y al PP como partido para campañas electorales; resultando francamente curioso leer los primeros informes de la Udyco-Costa del Sol donde, de forma reiterada, deja claro que no se puede culpar legalmente al PP ni a nadie, salvo que se efectúese una investigación más depurada. Solo en el ultimo informe elevado a la causa por la Policia judicial empieza a tomar cuerpo el bloque acusatorio que, tras años, coincide sustancialmente con lo expuesto en la denuncia por AMAyT.
Lo que de momento va quedando palmariamente claro en la instrucción es que José Cara González, exdiputado autonómico y exalcalde de la Mojonera por el PP, gran apoyo de Gabriel Amat en la comarca, ha estado celebrando convenios como alcalde con la empresa Gesponiente de la que el Sr. Cara era propietario junto con un concejal de Roquetas.
Ambos habían comprado al dueño de Hispano Almeria, Miguel Angel Morales, las acciones de Gesponiente en una escritura notarial que nunca se elevó a pública, bienes que el Sr Cara nunca hizo constar en sus diversas declaraciones de bienes.
En este asunto de Halsa, también se observa como Fiscalía recupera el pulso y toma la iniciativa. Como nota curiosa pero muy significativa, cabe destacar los múltiples obstáculos jurídicos que jueces, fiscales y defensas han ido poniendo durante años a los denunciantes de AMAyT a los que, de forma sistemática, se les ha impedido constituirse en Acusación Popular. Se les exigía presentación de querella y fianza, tanto por la instructora como por Fiscalía. Fue la Audiencia la que zanjó el asunto estimado un recurso y condicionando todo solo al pago de una fianza que, finalmente, la juez estimó en 1.000 euros. La Sala dijo que no tenían que presentar querella. Casi tres años de mareo de perdiz.
