La Fiscalía ha decidido finalmente investigar la trama de corrupción judicial descubierta con ocasión de las informaciones publicadas por Diario 16, sobre la falsificación de las decisiones tomadas en la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) del día 14 de enero de 2016, entre cuyos acuerdos se encontraba la composición de la terna de los candidatos para un puesto de magistrado de la Sala 2ª del Tribunal Supremo, entre ellos Pablo Llarena, y de la terna de los candidatos para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM), en la que figuraba un sobrino del Cardenal Rouco Varela denunciado por corrupción, Vicente Rouco Rodríguez.
Según ha podido saber este periódico, las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia presentada contra el abogado de extrema derecha Santiago Milans del Bosch, por un supuesto delito de lo que antes se llamaba prevaricación de abogados, cuando fue contratado por el Presidente del TSJCLM con ocasión de la impugnación de la ya famosa acta de la Comisión Permanente (en el recurso identificado a lápiz en el documento al que ha tenido acceso Diario 16) a sabiendas de que también era el defensor de la parte contraria en el mismo procedimiento.
La sorpresa vino de la mano del Procurador Jacobo De Gandarillas Martos al reconocer por escrito que «quien estaba detrás de la confección de los escritos evacuados para la defensa de Vicente Rouco Rodríguez era, en realidad, el abogado especializado en temas administrativos y judiciales, Santiago Milans Del Bosch y no el abogado que aparecía oficialmente en las actuaciones, Juan Molins Otero», lo que según la denuncia podría suponer la comisión de un delito del artículo 467.1 del Código Penal, que castiga al abogado o procurador que, habiendo asesorado o tomado la defensa o representación de alguna persona, sin el consentimiento de ésta defienda o represente en el mismo asunto a quien tenga intereses contrarios.
Hay que tener en cuenta que Vicente Rouco ya había sido denunciado por delitos relacionados con la corrupción ante la Sala 2ª del Tribunal Supremo, lo que obligó a Carlos Lesmes a hacerle entrega precipitadamente de la medalla de San Raimundo de Peñafort antes de que fuera admitida a trámite la querella, consiguiendo con ello el archivo anticipado de las actuaciones penales. Por esa misma razón, la terna para cubrir la presidencia del TSJ de Castilla La Mancha era la más vulnerable de todas las que se decidieron en la Permanente del día 14 de enero del año 2016.
La amistad entre Pablo Llarena, Vicente Rouco y Carlos Lesmes venía de hace tiempo, y se consolidó cuando el primero con ayuda del segundo alcanzó la presidencia de la asociación mayoritaria de jueces, la conservadora y todopoderosa APM (Asociación Profesional de la Magistratura), en enero de 2013. En noviembre de 2015 Pablo Llarena se presentó a la reelección, para un periodo de dos años más en el cargo de presidente de la asociación, mientras su amigo Vicente Rouco trataba de convencer al otro candidato para que tirara la toalla y se integrara en una candidatura “de consenso” liderada por Llarena, pero no lo consiguieron. El paso siguiente fue la candidatura a un puesto de Magistrado en la Sala 2ª del Tribunal Supremo, que esta vez sí que se consiguió.
Era evidente entonces que, si había que protegerse del escándalo que podía provocar el voto particular de la vocal Nuria Díaz Abad, había que hacerlo protegiendo en primer lugar la terna del TSJ de Castilla La Mancha por ser la más vulnerable de todas, según ha desvelado Diario 16.
Por esa razón se sacaron del acta del día 14 los acuerdos sobre la composición de las ternas para la plaza de presidente de los TSJ de Andalucía, Castilla-León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana y Cataluña, que se llevaron a un acta de una inexistente Comisión Permanente supuestamente celebrada dos días antes, lo que era físicamente imposible porque el día 12 de enero las entrevistas duraron toda la tarde/noche y no hubo tiempo para realizar ningún informe, ni debatirlo.
Por otro lado, decidieron amortizar la candidatura del amigo íntimo de Lesmes, Fernando Román, que no tenía ninguna posibilidad en esa convocatoria, y protegieron la candidatura de Pablo Llarena colocando el voto particular en el acuerdo 1.1.2., el referido a la terna para cubrir la plaza de magistrado de lo contencioso administrativo.
Además, para evitar cualquier posibilidad de que el voto particular pudiera ser utilizado en la impugnación de los demás acuerdos, se “desactivó” haciéndolo constar con un simple “voto en contra”, sin más detalle, ocultando en el acta su verdadero contenido, con lo que se vulneró el derecho de la vocal disidente a que se reflejara en el acta la opinión que había expresado, impidiendo también el derecho de los legitimados a pedir la nulidad de todos los acuerdos adoptados ese día por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, sin tan siquiera poder denunciar ante los tribunales de justicia la evidente falsedad que se acababa de consumar.
