La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio ha encontrado y otorgado 1.295 soluciones habitacionales para la gente que más lo necesitaba y ha mediado y evitado 58 casos de desahucio en el primer año en vigor de la Ley de la Función Social de la Vivienda que empezó a funcionar el 1 de marzo de 2017. La Generalitat creó la red Infohabitatge para gestionar todos los mecanismos de la ley y es a través de esta plataforma donde se ofrece a la ciudadanía un servicio personalizado de información a la ciudadanía en materia de vivienda y también en casos de desahucios.
Según ha informado la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, este servicio «está dirigido fundamentalmente a aquellas personas que estén sufriendo un proceso de ejecución hipotecaria, o un desahucio, que no puedan hacer frente al pago de su hipoteca o que necesiten acceder a un alquiler». Para Salvador, este primer año de la puesta en marcha de InfoHabitatge y del desarrollo de la ley ha sido realmente positivo. «Hemos creado los instrumentos necesarios para poder ayudar a las personas y familias que más lo necesitan, a pesar de las trabas que desde el Gobierno central nos están poniendo con el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Ejecutivo de Rajoy», ha indicado.
De hecho, esta misma semana la Generalitat ha pedido al Gobierno de España que convoque de nuevo la comisión bilateral para abordar una nueva negociación sobre la Ley por la Función Social de la Vivienda tras el fallo del Tribunal Constitucional que avala la competencia autonómica en este sentido a la Comunidad Foral de Navarra.
En el más de medio centenar de casos de desahucios registrados durante este primer año se ha pretendido «ayudar a estos ciudadanos para que no perdieran definitivamente su vivienda y, en caso de no poder evitarlo, proporcionarles una solución habitacional», ha explicado la consellera. Así, las soluciones tramitadas en estos casos de desahucio han sido viviendas del parque público de EIGE (5), y de Bankia (12), ayudas municipales a través de los servicios sociales (30), arrendamientos de particulares gestionados por los servicios sociales (5), la mediación con entidades financieras para alquiler social (2) y cuatro más que están en tramitación en estos momentos.
En cuanto a los ciudadanos inscritos en el Registro de Demandantes de Vivienda, la Conselleria ha concedido 828 ayudas al alquiler al amparo del Plan Estatal 2013-2016 y 123 a través de ayudas al alquiler de emergencia social convocadas por la Conselleria para «facilitar el acceso a la vivienda a las personas que más lo necesitan sobre todo, a aquellas que se encuentran en una situación más complicada económicamente», como ha recordado Salvador.
Este año se han registrado 213 adjudicaciones de viviendas del parque público de la Generalitat, de las que 61 están ubicadas en la provincia de Alicante, 19 en la de Castelló y 133 en la de Valencia. Las viviendas adjudicadas a través del convenio entre EIGE y la entidad Bankia han sido 22 y de este total, 9 son de la provincia de Alicante, 2 de la de Castellón y 11 de la de Valencia. El total de viviendas protegidas de titularidad de EIGE asignadas con criterios sociales han sido 56 que se reparten en 35 para la provincia de Alicante, 6 para la de Castellón y 15 para la de Valencia.
Entre las consultas a Infohabitage, destacan además de los 58 casos de mediación en desahucios, 252 relativas a compraventa de vivienda, 1.311 sobre problemas derivados de alquileres, 503 en relación a la solicitud de ayudas públicas y subvenciones, 701 consultas de cómo inscribirse en el Registro de Demandantes de Vivienda y 72 sobre dudas en la aplicación de la normativa de vivienda.
