No se puede ir de progresista por la vida y defender la legalización de la gestación subrogada porque el mismo concepto de los vientres de alquiler es antitético con los principios fundamentales de la izquierda, del feminismo, de la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres, y del respeto a los derechos humanos. El cuerpo de un ser humano no puede monetizarse porque nos encontramos ante un caso flagrante de trata de personas o una tipología encubierta de esclavitud.
No se trata de criminalizar a quienes acuden a este método de concepción, se trata de criminalizar el propio concepto. Pagar por utilizar el cuerpo de una mujer es un nuevo tipo de prostitución. Tan aberrante es ésta como aquélla. El cuerpo de la mujer no tiene precio, sea para lo que sea, sea para conseguir favores sexuales, sea para concebir a un hijo.
En estos días previos al 39º Congreso Federal Ordinario del Partido Socialista Obrero Español se está haciendo lobby por una parte de militantes o de personas cercanas al PSOE para que se apruebe una moción presentada por las Juventudes Socialistas para que se reconozca la legalidad de esta actividad. Sólo unir los conceptos gestación subrogada y socialismo es en sí una aberración porque en el ADN socialista está el respeto a los derechos de la mujer, la lucha por la igualdad y contra cualquier tipo de violencia. Aprobar una moción de apoyo a la legalización de los vientres de alquiler es totalmente contrario al ideario socialista.
Desde ciertos sectores favorables a la legalización se intenta confundir a la sociedad con argumentos adulterados y fuera de la realidad. Por ejemplo, se habla del derecho a ser padres. No, no existe tal derecho. Se tiene derecho a la vida, se tiene derecho a la salud, pero tener progenie no es un derecho, es un deseo personal. Mercantilizar el cuerpo de la mujer por satisfacer un deseo es algo bastardo y, sobre todo, se trata de un nuevo tipo de violencia que se quiere vender envuelto con el caramelo de la bondad. Por otro lado, algunos de los que defienden la moción a presentar en el Congreso del PSOE afirman que lo hacen por «respeto a la libertad de la mujer», cosa que es imposible porque alquilar el cuerpo femenino no es, precisamente, un modo de respetar esa libertad, más bien de atacarla. Con ese mismo argumento estaríamos defendiendo la prostitución o la trata de mujeres.
El propio concepto de gestación subrogada es un modo de limitar la libertad de la mujer a decidir sobre su propio embarazo. Hay un contrato que está obligada a cumplir, independientemente de las secuelas que le pueda producir. Si se defiende el derecho de la mujer a decidir sobre un embarazo no se la puede obligar a cumplir con un contrato que limita dicha libertad. El PSOE siempre ha defendido el derecho al aborto. Ser favorable a la gestación subrogada limita esa reivindicación.
La gestación subrogada supone un control sexual de la mujer, al mismo nivel que los matrimonios concertados o la compra por dote. Eso no es libertad, más bien es esclavizar durante 9 meses por cumplir un contrato que está obligada a respetar. Ese mismo control sexual se aplica en las sociedades occidentales en los países en los que está prohibido el aborto o el uso de anticonceptivos, además de que el propio concepto se asemeja al de la prostitución, tal y como ya hemos indicado anteriormente. Los defensores de esta aberración afirman que se trata de una técnica de reproducción, cosa que es falsa ya que el cuerpo de la mujer no se puede catalogar como un tubo de ensayo en un laboratorio. Hablamos de seres humanos a los que se confiere la categoría de producto por el mero hecho de que haya personas que tengan el deseo de tener progenie.
Aquellos que defienden la existencia y la legalización de los vientres de alquiler siempre ponen por delante el altruismo de las mujeres que se ofrecen para concebir a un hijo que será de otros. Ya es una contradicción en sí misma puesto que recibir una compensación económica elimina el propio concepto de altruismo. Por otro lado, también argumentan que esas mujeres se presentan voluntarias, que nadie las fuerza. Eso se da en pocos casos. Mercantilizar el cuerpo de la mujer lleva a que unas pocas excepciones de voluntariedad se transformen en redes de tráfico de úteros similares a las de órganos, las de drogas o las de personas.
Hay muchos más argumentos para que el PSOE se posicione claramente en contra. Pedro Sánchez, que ya se declaró contrario a la maternidad subrogada, tiene la obligación como secretario general de respetar el ideario socialista y defender la no legalización de los vientres de alquiler o ponerlo a elección de la militancia a través de una consulta, no de lo que se decida en un congreso.
