Estamos en la época en que, teóricamente, debería estar viviéndose un proceso de Segunda Transición. Se habla constantemente en los foros políticos y sociales de la absoluta necesidad de regeneración de nuestro sistema democrático, de nuestra Constitución y de todos los organismos que conforman el esqueleto de nuestro sistema de libertades, desde la Jefatura de Estado, pasando por los tres poderes, hasta llegar a las leyes e instituciones que son fundamentales para que nuestra democracia se adapte a los tiempos actuales y no siga estancada en los años 70 del siglo XX.
En mayor o menor medida todas nuestras instituciones han ido actualizándose, aunque siempre por detrás de las necesidades de la ciudadanía. Sin embargo, la Justicia continúa con los mismos parámetros que en la época de la dictadura, principalmente en lo referido con su independencia que, por desgracia, siempre está en duda por, precisamente, el control de los principales órganos por parte de los partidos políticos que ostentan y han ostentado el poder. Los nombramientos «digitales» en los altos tribunales ponen muy en duda la separación de poderes y, sobre todo, dejan a los ciudadanos en un estado de indefensión insostenible en cualquier sistema de libertades.
Casos como el de Concepción Espejel quien, tal y como publicamos en exclusiva en Diario16 entró en la carrera judicial a través de una oposición de juez de distrito, fue reprobada para juzgar el Caso Gürtel y que, meses después, accedió a la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ocultando este hecho en su presentación de méritos. Lo mismo ocurre con los nombramientos de la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Tribunal Constitucional o del Fiscal General del Estado, por citar los más importantes. Este hecho debilita nuestra democracia y crea problemas a la imagen de nuestro país en el exterior, tal y como estamos viendo en el caso de los presos catalanes en el que el propio juez Llarena muestra en sus autos su implicación con los argumentos de la acusación.
Para frenar este grave problema de nuestra Justicia, el colectivo de abogados Atenas ha presentado una querella contra los nombramientos a dedo en el sistema judicial español. En concreto, los querellados son Carlos Lesmes, presidente del CGPJ, María Ángeles Carmona; el presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro Miranda, y otros miembros del Consejo General del Poder Judicial y magistrados como Nuria Díaz Abad, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Fernando Grande-Marlaska Gómez, Carmen Llombart Pérez, José María Macías Castaño, Juan Martínez Moya, Francisco Gerardo Martínez Tristán, Wenceslao Francisco Olea Godoy, María del Mar Cabrejas Guijarro, Rafael Mozo Muelas, Ricardo Bodas Martín, Eduardo Menéndez Rexach, María Concepción Espejel Jorquera, Ana Isabel Martín Valero, Fernando de Mateo Menéndez y Vicente Guilarte Gutiérrez por un delito continuado de prevaricación.
Esta utilización partidista de la Justicia provoca, además, que uno de los tres poderes fundamentales de la democracia se aleje del pueblo. El caso de La Manada ha sido la gota que ha colmado el vaso y ha generado que el pueblo salga a la calle por una sentencia y un voto particular indigno. Sin embargo, hay muchos más. El Caso Banco Popular es otro ejemplo clarísimo de este alejamiento. No es normal que haya pasado casi un año desde que presuntamente se estafara a más de 305.000 familias españolas y que ni siquiera el juez instructor haya llamado a declarar a ninguno de los posibles responsables o haya adoptado medidas cautelares para evitar que se implementen acciones que impidan que, finalmente, se haga justicia. La desprotección de las mujeres víctimas de violencia de género es otro claro ejemplo del sesgo conservador y machista de nuestra justicia. Todo ello, por no hablar de los políticos catalanes encarcelados preventivamente por presuntos delitos por los que otros muchos están en la calle o fuera del país aun estando condenados.
La Justicia española no puede regenerarse porque aún no se modificó tras la primera transición. Más bien lo que necesita es una revolución y, sobre todo, un cambio en sus modos de actuar que determinen su independencia absoluta del poder político. Mientras siga habiendo nombramientos a dedo eso será imposible porque siempre se verterán aspectos ideológicos que favorecerán a tal o a cual facción política. Por eso es importante la querella presentada por el Colectivo Atenas.
