Al Ejecutivo andaluz del trifachito lo han llegado a denominar como el «Gobierno del Cambio» y, en parte es cierto, las cosas están cambiando en Andalucía…, a peor. En estos meses hemos visto cómo se han producido purgas y persecuciones ideológicas promovidas por el socio preferente de Moreno Bonilla y Juan Marín: el juez Serrano. La ciudadanía andaluza ha sido testigo de cómo se ha permitido que se insulte desde Vox a la figura del padre de Andalucía, Blas Infante sin que la Junta moviera un dedo. Como se puede comprobar, todo un cambio.
El pasado jueves el Consejo de Gobierno aprobó el nombramiento de José Cara, ex alcalde de La Mojonera (Almería), como presidente del Instituto Andaluz de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA). Hasta aquí todo hubiera sido normal, salvo por el hecho de que el señor Cara está imputado por la Justicia por el caso Hispano Almería, es decir, por presuntos delitos relacionados con la corrupción. José Cara fue también diputado en el Parlamento de Andalucía y es uno de los hombres de confianza de Gabriel Amat, el pluriimputado alcalde de Roquetas de Mar.
Este nombramiento sorprende, no sólo porque Juan Manuel Moreno Bonilla lo haya permitido sino porque desde Ciudadanos, ese partido que, según sus discursos, ha llegado a la política para regenerarla, no se haya reaccionado de ninguna forma. El poder cambia todo, pero, principalmente, las buenas intenciones. Juan Marín, con este caso, demuestra la hipocresía de la formación naranja, una actitud de laxitud con la corrupción que no sólo se ha mostrado en Andalucía, sino que los ejemplos de Madrid con el caso Avalmadrid o en Castilla y León demuestran cómo, si es por mantenerse en el poder, Ciudadanos permitirá y defenderá lo que haga falta.
Hay que recordar que el caso Hispano Almería (HALSA) trata, entre otras cosas, de la presunta financiación ilegal del Partido Popular de Almería. La empresa hizo importantes aportaciones para las campañas electorales, tal y como se puede comprobar en los recibos presentados en la causa.
Esta causa contra la corrupción en la que se trata, principalmente, la presunta financiación ilegal del Partido Popular lleva más de cinco años abierto y se calcula que ya tiene más de cuarenta tomos a pesar de que a la acusación particular sólo les han sido facilitados los cuatro primeros. La pregunta es clara : ¿qué hay en los otros treinta y seis? La acusación particular, ejercida por la asociación AMAyT, ha presentado escritos solicitando al Juzgado toda la documentación: «Recordar que en la denuncia que interpuso mi cliente, ante la Jefatura de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y que sirvió de base para la instrucción de las presentes diligencias, se mencionaban y denunciaban otra serie de hechos de los que a esta fecha y según los tomos aportados a esta Acusación Popular nada de ello se menciona. Se denunciaba, entre otros, la más que posible existencia de una financiación ilegal del Partido Popular y/o altos cargos del mismo y que podía afectar, entre otros, a municipios como los de Níjar, Roquetas de Mar, Adra, La Mojonera etc…, igualmente afectaba a otro posible delito de prevaricación o actividades prohibidas a funcionarios, especialmente y entre ellos a algunos del Ayuntamiento de Roquetas de Mar sobre los que, supuestamente, se están investigando conforme figura en el encabezamiento de las distintas resoluciones emitidas por ese juzgado y que han sido notificadas a esta parte. Como decíamos, extraña a esta acusación popular, a la que represento, que tales funcionarios se encuentren en investigación cuando la información facilitada a esta parte solamente hace mención a las supuestas actividades supuestamente delictivas cometidas en el seno del Ayuntamiento de La Mojonera, al ser estos funcionarios del Ayuntamiento de Roquetas de Mar».
Tampoco hay que olvidar que la empresa Hispano Almería fue la encargada de la construcción del Auditorio de Roquetas de Mar y que tuvo un coste final de 14 millones de euros, es decir, un 120% por encima del valor presupuestado.
Por tanto, ¿qué oculta el nombramiento de José Cara? ¿Se está pretendiendo que el ex alcalde de La Mojonera calle? Estas preguntas nos llevan a otros cuestionamientos aún más peligrosos desde el punto de vista de la salud democrática de la Junta de Andalucía. ¿Por qué el «partido de la regeneración», es decir, Ciudadanos, permite que se le dé categoría de alto cargo de la Junta a un hombre que está imputado por la Justicia por la presunta comisión de delitos relacionados con la corrupción?
