Hace meses Diario16 publicó un correo electrónico de Elke König dirigido a Jaime Ponce, presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). Ese email contenía un mensaje cifrado:
Minutos después y, una vez leído la carta encriptada, Ponce remitió otro email urgente a Emilio Saracho en el que le convocaba a una call (reunión telefónica) «con el objetivo de coordinar ágilmente los siguientes pasos. Os ruego que hagáis todo lo que esté en vuestra mano para poner a nuestra disposición la información que se señala en la citada carta».
¿Qué había en dicha comunicación cifrada? ¿Qué pedía König con tanta urgencia? Hay que recordar que, al día siguiente, 3 de junio, se ponía en marcha el Proyecto Hipócrates por el cual se certificaba la resolución de Banco Popular y se enviaban comunicaciones a las cinco principales entidades financieras españolas para que enviaran sus ofertas si estaban interesados en hacerse con el entonces sexto banco de España. Por tanto, en esa carta cifrada enviada a Elke König sólo podía contener la orden de intervenir al Popular.
A medida que este medio ha tenido acceso a diferente documentación e informaciones, las piezas van encajando. El día 2 de mayo de 2017 el BCE ya decidió que el Popular debía ser intervenido.
El 22 de mayo de 2017 el Consejo de Administración del Santander aprobó la compra del Popular siempre y cuando se encontrara en un escenario de resolución. Al día siguiente la JUR realiza de modo urgente la valoración 1 del Popular tras disponer de una normativa sobre la que apoyar dicha valoración y que fue, casualmente, aprobada ese mismo 23 de mayo, fecha que coincide con las declaraciones de Elke König en la cadena Bloomberg que provocaron el pánico en los mercados y en los depositantes, hecho por el que la presidenta de la JUR incumplió el secreto profesional establecido en la Directiva 2014/57/UE. Paralelamente a la Valoración 1, la JUR encargó a Deloitte para que realizara su informe independiente que la propia auditora calificó de provisional por la gran cantidad de irregularidades (carencia de datos y poco tiempo para realizar dicho trabajo).
La maquinaria no paró en esa semana y el día 2 de junio König remitió ese correo electrónico a Jaime Ponce. El lunes 4 de junio comenzaron las salidas masivas de depósitos de empresas y administraciones públicas. El FROB envió a BBVA y Santander una carta que modificaba las condiciones de compra ya que solicitaba ofertas por el 100% de las acciones del Popular, es decir, que el organismo español cambió las condiciones que él mismo incluyó el día 4 cuando, a través de Arcano y Jeffries, remitió las misivas a Bankia, Sabadell, CaixaBank, BBVA y Santander. ¿Desde cuándo en un proceso de resolución se cambian las normas mientras las entidades están estudiando las condiciones por las que presentar sus ofertas? ¿Había miedo a que el BBVA presentara una oferta mejor que la del Santander?
Por su parte, el Santander ya estaba negociando con los fondos BlackStone y Lone Star (en aquellas fechas el hijo de Ana Patricia Botín trabajaba para este fondo) las condiciones de venta del patrimonio inmobiliario del Popular antes de que se produjera la resolución, según consta en la documentación del Proyecto Neptuno. Todo estaba preparado para que el Popular pasara a formar parte del Grupo Santander.
Ante todas estas evidencias, ¿dónde está la Justicia española?
