Las presiones de los políticos del PP a jueces y magistrados durante los años de Gobierno de Mariano Rajoy fueron sistemáticas y constantes y provocaron la reacción en forma de denuncia de un grupo de jueces, que hace un año, hartos de la situación, llegaron a remitir al Relator Especial de Naciones Unidas un informe sobre la gravedad de lo que estaba pasando en España. Según el documento, elaborado por Juezas y Jueces para la Democracia, el estamento judicial está muy preocupado por las “interferencias políticas” que soportan los magistrados en el desempeño de su función jurisdiccional.
Lo más grave, según JJpD, son los “ataques” a la independencia del Poder Judicial, así como a la imparcialidad de jueces y magistrados. Las denuncias de la asociación pusieron de relieve las graves carencias de la Justicia española, que en los últimos años de Gobiernos autoritarios del PP ha visto erosionado el principio de separación de poderes. Pero la preocupación por el deficiente funcionamiento del Poder Judicial no solo se ha instalado entre jueces y magistrados. Según JJpD, la progresiva degradación de la imagen de nuestra judicatura ha provocado que España caiga al antepenúltimo puesto entre los Estados miembros de la UE cuando se pregunta a los ciudadanos qué opinan de la calidad de su Administración de Justicia. Así, hasta un 58% de los españoles la consideran como “mala” (39%) o “muy mala” (19%), lo que supone que sólo dos de los 28 países de la zona euro están peor situados: Bulgaria y Eslovaquia. Según el citado estudio, son las “interferencias y presiones políticas del Gobierno” el primer motivo de preocupación, lo que pone en cuestión la independencia de todo el sistema judicial.
“La presión ejercida sobre jueces y juezas a través de descalificaciones y ataques a sus competencias profesionales por parte de dirigentes políticos, incluidos algunos miembros del Gobierno, así como de campañas lanzadas desde determinados medios de comunicación, lamentablemente se ha convertido en algo común, en particular en casos muy sensibles, por ejemplo, relativos a la libertad de expresión y reunión, corrupción y terrorismo”, asegura la carta enviada a la ONU por los jueces españoles. Estos ataques, según las asociación, buscan influir sobre jueces y juezas “para que cambien sus decisiones o el curso de las investigaciones y eso es un ataque a su independencia”, añaden los denunciantes.
El Gobierno señalado por Juezas y Jueces para la Democracia no era otro que el de Mariano Rajoy, que dejó tras de sí una Justicia aún más politizada, con medios cada vez más escasos para perseguir la corrupción, una ley de enjuiciamiento criminal que acortaba los plazos para investigar los delitos de políticos en ejercicio de sus cargos y la infame sustitución de la figura legal de “imputado” por la más suavizada de “investigado”.
La encuesta se realizó tras algunas polémicas declaraciones del ministro de Justicia, Rafael Catalá, en plena investigación de los sucesos acaecidos en Cataluña durante el procés. En aquella ocasión Catalá se atrevió a pronosticar “con total seguridad” el futuro procesal de los líderes soberanistas investigados y anticipó “sin ningún rubor las fechas y el contenido de las resoluciones judiciales”, hasta el punto de afirmar que la sentencia se dictaría antes del mes de diciembre del año en curso, según la asociación de jueces progresistas.
En aquellos días convulsos quedaron al descubierto supuestos contactos de miembros del Gobierno con magistrados del Tribunal Constitucional previos a la deliberación sobre la admisión a trámite del recurso interpuesto por el propio Ejecutivo contra las resoluciones del Parlament de Cataluña que pusieron en marcha el referéndum del 1-O. Aquellas presiones tuvieron lugar pese a que el Tribunal Constitucional es el intérprete supremo de la Constitución y a que sus magistrados son independientes e inamovibles en el ejercicio de su mandato, de forma idéntica a los miembros del Poder Judicial. No pocos juristas consideraron que tales contactos eran “inadmisibles” en un Estado de Derecho y no tenían otro objetivo que tratar de influir en el sentido de la resolución a dictar por el Constitucional. “Las injerencias, no conviene olvidarlo, socavan la confianza de los ciudadanía en los tribunales de Justicia, así como en el Tribunal Constitucional, y lastran la credibilidad de magistrados y magistradas en el ejercicio de su función”, añadió JJpD. Todo ello sucedió ante la “inacción y el silencio” del Consejo General del Poder Judicial, el órgano que precisamente tiene por misión fundamental defender la independencia de los jueces. El mismo CGPJ dirigido por Carlos Lesmes –el hombre que trabajó para el PP–, que hace solo unos días ha permitido el bochornoso espectáculo del Tribunal Supremo en la controvertida sentencia de las hipotecas.
